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La ruta judicial del decretazo: qué pueden hacer los tribunales con el DNU de Javier Milei

Ya se inscribieron al menos diez amparos en el fuero Contencioso Administrativo. Los tiempos y las facultades de la Justicia. Cómo sigue el trámite.

El impulso del decretazo de desregulación económica del presidente Javier Milei transita un derrotero judicial que promete no ser breve, pero sí intenso. Mientras gremios y organizaciones sociales marchan en contra de la medida, ya se presentaron al menos diez amparos con el objetivo de judicializar el paquetazo de medidas que el Ejecutivo quiere poner en marcha a sola firma con la consigna de “desregular la economía”. El DNU 70/2023 entrará en vigencia a las cero horas de este viernes 29 y el oficialismo y la oposición se debaten en una carrera contra el tiempo. El Congreso y la Justicia son los dos ámbitos que pueden frenar la decisión presidencial. Los tiempos de los tribunales tienen sus reglas.

La primera de las presentaciones recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°2, a cargo de Esteban Furnari. El magistrado resolvió admitir la acción iniciada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad como amparo colectivo y, en consecuencia, ordenar su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos. Esto implica que, en los términos de la Acordada 9/2016 de la Corte Suprema de Justicia, la registración de la acción bajo esa tipología conlleva a que el juzgado interviniente pueda captar todos aquellos procesos cuya pretensión presente una afectación de derechos de incidencia similar.

La acción de apertura fue iniciada por la mencionada entidad que comanda el economista y exfuncionario Claudio Lozano, en conjunto con los gremialistas estatales Cachorro Godoy y Rodolfo Aguiar. Fue presentada hace siete días, en la misma jornada que se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La presentación argumenta que la iniciativa constituye una “desviación de poder y un abuso de derecho público por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

Hasta el cierre de esta nota, se habían inscripto diez medidas cautelares para que la Justicia determine la constitucionalidad o no del DNU que es defendido por el Gobierno en el marco de su discurso de ampliación de las libertades económicas. Desde la noche de su anuncio, el decretazo cosechó protestas y cacerolazos frente al Congreso y en varias ciudades del país, así como el apoyo de las principales entidades y cámaras empresariales.

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Javier Milei presentó el DNU

Javier Milei presentó el DNU "motosierra" con el respaldo de todo el Gabinete

Los primeros pasos ya fueron dados. Tras la publicación del decreto, recayeron los pedidos de amparo y está el trámite de inscripción en curso. “Al ser una cuestión colectiva o de intereses difusos, se puede tramitar en un solo expediente”, explicó un exmagistrado de la provincia de Buenos Aires ante la consulta de Letra P.

Tiempos

Uno de los interrogantes es el plazo que llevará este trámite administrativo. “El juez tiene un plazo perentorio para resolver. Es mayor a las 24 horas que implica un habeas corpus, pero se debe resolver a la mayor brevedad posible”, detalló el exfuncionario judicial.

Una vez tratado el expediente y con un dictamen de primera instancia, “obviamente que la resolución es apelable ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y eventualmente puede llegar a la Corte Suprema de Justicia porque es un tema federal”, indicaron otras fuentes consultadas.

DNU 70-2023.pdf

Sobre el trámite en curso y el futuro del mismo, el exmagistrado aclaró que “es complejo saber qué puede requerir el juez como pruebas. Seguramente, pedirá el texto completo del decreto y lo que puedan aportar las partes aceptadas en el proceso. El trámite es simple, pero es compleja su resolución”.

La feria

Quedan pocos días de actividad judicial ordinaria. Este viernes 29 de diciembre, justamente el día en que entra en vigencia el DNU, es el último día de actividad oficial, ya que el lunes 1 de enero comienza un nuevo año y la feria judicial de verano.

“Hasta ahora, lo único que hizo el juez fue admitir el caso, pero aún no resolvió nada. No resolvió una cautelar pidiendo la suspensión de los efectos del DNU y menos se expidió sobre el fondo del asunto, es decir, si es constitucional o inconstitucional”, señaló otro magistrado en actividad.

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Las fuentes judiciales consultadas explicaron que el juez tiene plazos para resolver que se derivan de la ley nacional de amparo, pero la inminencia de la feria hace que quizás no resuelva nada y todo quede en manos del juez de feria. El magistrado debe resolver primero si el caso amerita habilitar la feria o no. Si dice que sí, la causa se tramita como en el periodo ordinario. Si no habilita abrir el juzgado durante la feria, el tema deberá esperar hasta febrero.

Cualquiera sea la resolución, la parte disconforme siempre puede apelar para que una instancia superior la revise.

Antecedente

En mayo de 2010, la Corte Suprema resolvió que los DNU fueron establecidos para atenuar el presidencialismo y que su uso por parte del Poder Ejecutivo debe ser limitado. “El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”, plantearon los jueces.

Aquella sentencia tuvo la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi y de sus pares Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. Se produjo a raíz de una causa iniciada por Consumidores Argentinos, Asociación para la Defensa, Educación e Información del Consumidor, que promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad del DNU 558/02, firmado por Eduardo Duhalde, que modificó la ley 20.091 de entidades de seguros.

En otro apartado, la Corte consideró que sólo el Poder Ejecutivo puede invocar necesidad y urgencia cuando las “cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancia de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal”.

Las medidas del decretazo que golpean al bolsillo.
Sergio Massa, con Gustavo Bordet y Roberto Mirabella a sus costados.

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