Denuncian falta de acceso a los criterios de corrección de exámenes. El planteo se acopla a las demandas por vacantes sin cubrir, salarios y condiciones laborales.
Daniel Soria, titular del Consejo de la Magistratura de la Justicia bonaerense.
La crisis de la Justicia bonaerense acaba de sumar un nuevo frente de conflicto. La Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires, presidida por Walter Martínez Soto, envió una nota al titular del Consejo de la Magistratura, Daniel Soria, para reclamar mayores niveles de transparencia en los concursos destinados a seleccionar jueces, fiscales y defensores oficiales.
El planteo apunta a un aspecto específico del proceso: la corrección de los exámenes escritos. Los fiscales reclaman que se publiquen parámetros académicos objetivos, respuestas modelo y pautas de evaluación que permitan conocer con precisión cuáles son los criterios utilizados por los jurados al momento de calificar a los postulantes.
La discusión aparece en un momento especialmente sensible para la Justicia provincial. La Suprema Corte funciona con menos de la mitad de sus integrantes, existen más de 200 cargos vacantes sin cubrir y distintos sectores judiciales mantienen reclamos vinculados con salarios, presupuesto y condiciones laborales.
En ese contexto, la nota presentada por la Asociación de Fiscales incorpora una nueva dimensión al debate: la legitimidad y transparencia de los mecanismos mediante los cuales se seleccionarán quienes deberán ocupar esas vacantes.
El reclamo no cuestiona los contenidos ni la complejidad de las evaluaciones. Por el contrario, fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que históricamente los concursos combinaron preguntas teóricas con la resolución de casos prácticos complejos, una metodología considerada adecuada para medir la capacidad técnica de los candidatos.
La preocupación surge después de rendidos los exámenes. Según señalaron desde la Asociación de Fiscales, actualmente los postulantes pueden acceder a sus evaluaciones corregidas, pero no existe una guía académica pública que permita comparar sus respuestas con el modelo considerado correcto por los evaluadores.
En otras palabras, quien participa de un concurso conoce la nota obtenida, pero no necesariamente cuáles fueron los criterios específicos utilizados para asignarla.
"Lo que estamos pidiendo es una herramienta de transparencia para el futuro. Que existan pautas objetivas y públicas que permitan comprender cómo se arriba a cada calificación", explicaron fuentes judiciales consultadas por Letra P.
La entidad considera que la difusión de esos parámetros fortalecería la confianza en los concursos y reduciría cualquier margen para cuestionamientos posteriores.
Detrás del planteo aparece además un principio institucional más amplio: la publicidad de los actos de gobierno. Desde la Asociación sostienen que la publicación de criterios académicos contribuiría a reforzar la transparencia y el control ciudadano sobre uno de los mecanismos más sensibles del sistema judicial.
Desde la Asociación de Fiscales aclaran que el cuestionamiento no está dirigido a la complejidad de los exámenes ni a la modalidad de evaluación, sino a la falta de criterios públicos para conocer cómo fueron corregidos.
Según explicó a Letra P una fuente con amplia experiencia en concursos del Consejo de la Magistratura, los exámenes evolucionaron con el tiempo. Primero incluían preguntas de múltiple opción y casos prácticos; luego incorporaron desarrollos teóricos, y actualmente se concentran casi exclusivamente en la resolución integral de casos complejos.
"Está bien que los casos sean variados y complejos. Lo que no sabemos es cuáles fueron los parámetros de resolución ideal que tuvo el comité académico al momento de corregir", explicó.
La fuente recordó incluso situaciones donde los propios planteos presentaban inconsistencias. Como ejemplo mencionó un examen de años atrás vinculado con una investigación por comercialización de estupefacientes a gran escala y transporte de droga entre Ushuaia y Buenos Aires. Según señaló, el caso contenía errores de redacción que generaban dudas interpretativas.
Pero el principal problema aparece después de rendir. Los postulantes reciben una copia de su examen, aunque generalmente no acceden a observaciones puntuales ni a una guía que explique cuál era la solución considerada correcta por los evaluadores. "No viene una corrección que diga: acá interpretó mal la consigna o acá aplicó incorrectamente determinada figura. Tampoco existe una resolución modelo del caso", sostuvo.
La dificultad se vuelve más evidente en situaciones donde pueden coexistir distintas interpretaciones jurídicas razonables. La fuente ejemplificó con un supuesto de robo en el que uno de los participantes termina matando a la víctima. Dependiendo de cómo estén redactados los hechos y del grado de conocimiento previo que hayan tenido los coautores, la calificación legal puede variar significativamente.
"Uno puede interpretar que corresponde un homicidio criminis causa o un homicidio en ocasión de robo. Son discusiones complejas que involucran doctrina, jurisprudencia y garantías constitucionales. Pero si no conocemos cuál era el enfoque esperado por el comité académico, es muy difícil entender después una calificación", explicó.
Según el planteo de la Asociación de Fiscales, la publicación de una resolución modelo permitiría transparentar el proceso y despejar sospechas. "Si al terminar el examen uno pudiera acceder a la resolución ideal, podría advertir inmediatamente si interpretó mal los hechos, si aplicó incorrectamente una figura penal o si utilizó un criterio distinto. Eso termina la discusión y fortalece la publicidad del proceso", señalaron.
La preocupación se profundizó porque, según indicaron, en distintos concursos quedaron desaprobados funcionarios judiciales de larga trayectoria, profesores universitarios, autores de libros jurídicos y especialistas reconocidos en distintas ramas del Derecho.
"No se trata de cuestionar una nota porque sí. Se trata de conocer cuáles fueron los fundamentos académicos de esa evaluación. La transparencia evita susceptibilidades y fortalece la confianza en los concursos", concluyó la fuente.
La discusión no es menor porque involucra directamente al organismo encargado de definir quiénes integrarán la Justicia bonaerense en los próximos años.
El Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de organizar los concursos, evaluar antecedentes, tomar exámenes y confeccionar las ternas de candidatos que posteriormente son remitidas al Poder Ejecutivo.
A partir de allí, el gobernador selecciona a uno de los postulantes y envía el pliego al Senado para su aprobación. Por eso, cualquier debate sobre los mecanismos de evaluación trasciende una cuestión administrativa y se transforma en una discusión institucional de primer orden.
La particularidad del caso es que el reclamo fue dirigido a Daniel Soria, quien además de presidir el Consejo de la Magistratura ocupa actualmente la vicepresidencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Su figura concentra hoy dos de los espacios más relevantes para el funcionamiento del sistema judicial: la conducción del organismo que selecciona magistrados y la integración del máximo tribunal provincial.
El planteo de los fiscales se produce cuando la cobertura de cargos judiciales se convirtió en uno de los problemas estructurales del sistema. Semanas atrás, el presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, advirtió públicamente que el Poder Judicial bonaerense atraviesa una situación crítica.
Durante la presentación de un proyecto de autarquía financiera, reveló que existen más de 200 vacantes pendientes de cobertura en distintos fueros y departamentos judiciales.
La situación es todavía más delicada en la propia Corte provincial. De los siete ministros que establece la ley, actualmente sólo tres ocupan efectivamente sus cargos. Según recordó Torres, esa situación se mantiene desde hace más de seis años y acumula más de 150 incumplimientos del mandato constitucional que obliga a cubrir las vacantes existentes.
Las consecuencias impactan en todo el sistema: mayor carga laboral, subrogancias permanentes, retrasos en la resolución de expedientes y dificultades para garantizar respuestas rápidas frente al aumento de la litigiosidad.
En el Ministerio Público Fiscal el problema se percibe de manera cotidiana. Existen departamentos judiciales donde la cantidad de fiscales resulta insuficiente para absorber el volumen de investigaciones penales que ingresan diariamente.
El reclamo por la transparencia de los concursos se suma a una larga lista de tensiones que atraviesan actualmente al Poder Judicial bonaerense. Los fiscales vienen reclamando una recomposición salarial. Los magistrados impulsan mecanismos de negociación colectiva. Los trabajadores judiciales denuncian deterioro de infraestructura y pérdida de poder adquisitivo. Las defensorías oficiales advierten sobre falta de personal y recursos para garantizar el acceso a la justicia.
En paralelo, la Suprema Corte quiere impulsar una reforma de fondo mediante un proyecto de autarquía presupuestaria que le permita administrar recursos propios y planificar políticas a largo plazo.
Ahora, la Asociación de Fiscales agrega una nueva preocupación: garantizar que los concursos destinados a cubrir las vacantes pendientes cuenten con reglas claras, objetivas y verificables. La discusión excede la cuestión técnica de una corrección de examen. Lo que está en debate es la credibilidad del mecanismo que definirá quiénes serán los futuros jueces, fiscales y defensores de la provincia de Buenos Aires.
Y en una Justicia atravesada por vacantes, reclamos y cuestionamientos institucionales, la transparencia de esos procesos adquiere una relevancia política cada vez mayor.