La denuncia de Axel Kicillof contra Javier Milei por el freno de casi mil obras públicas duerme en la Justicia
Casi 20 intendentes exigen explicaciones por los fondos de impuestos destinados a financiar rutas y obras. El juez mantiene sin avances una denuncia clave.
El 19 de marzo de 2024, al cumplirse 100 días de la administración Javier Milei, el gobierno de Axel Kicillof expuso la paralización de la obra pública en la Argentina. Casi un año después, en febrero de 2025 pasó de lo mediático a lo judicial y radicó una denuncia formal que tramita en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°1 de San Martín, a cargo de Oscar Alberto Papavero, pero sin medidas concretas.
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La presentación no fue menor: el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, junto a Marisa Fassi, Nelson Sombra, Julio Marini, Germán Lago y otros 15 intendentes de la provincia de Buenos Aires se sumaron como actores, reclamando al Banco Nación, al Ministerio de Economía y a la empresa Corredores Viales S.A. que exhibieran documentación sobre el fideicomiso SISVIAL, creado por el Decreto 976/01 para financiar obras viales.
Según documentación oficial a la que accedió Letra P el Ministerio Público Fiscal ya dictaminó que la Justicia Federal debía intervenir, dada la naturaleza de los fondos y las posibles irregularidades, pero el juez Papavero todavía no definió competencias ni impulsó la investigación, dejando a la denuncia en un limbo procesal.
Axel Kicillof obra pública conferencia de prensa
Axel Kicillof duranta la conferencia de prensa en la que adelantó el envio de un proyecto de ley para declarar la emergencia en obras públicas.
Prensa Gobernación
La ruta del dinero: combustibles y fondos desviados
Los documentos de la causa revelan que el Gobierno Nacional recaudó en 2024 más de $2,52 billones por el impuesto a los combustibles, de los cuales el 28,58% debían ir al fideicomiso SISVIAL. Sin embargo, menos de la mitad llegó a Vialidad Nacional. La subejecución fue clara: de $349 mil millones previstos, sólo se transfirieron $149 mil millones.
El caso del Impuesto PAIS fue aún más escandaloso. Durante 2024 recaudó $6,27 billones, de los cuales $2,08 billones debían destinarse a obras de infraestructura. Pero apenas se ejecutaron $38,77 mil millones (un 2%) y, para peor, por decreto se ordenó transferir $1 billón al Tesoro Nacional en forma de bono, desfinanciando completamente la obra pública.
Esto explica por qué, a lo largo de 2024 y 2025, no se construyó ni un solo kilómetro de autopista ni se ejecutaron planes de mantenimiento. Hoy, un tercio de las rutas nacionales está en estado “malo”, con un deterioro incluso mayor al que se registraba en 2019.
Informe sobre la Infraestructura Vial Argentina (2016–2024) (3) (1)
948 obras paralizadas y un juez inmóvil
La paralización de la obra pública nacional en provincia de Buenos Aires tiene cifras concretas:
76 obras viales.
412 de arquitectura.
422 de agua y saneamiento.
38 hídricas.
En total, 948 proyectos frenados en todo el país. Y si se suman las más de 2.300 obras nacionales suspendidas desde diciembre de 2023, el escenario es crítico.
Pese a la magnitud del daño económico y social, la causa judicial apenas avanzó hasta un dictamen fiscal que declaró la competencia federal. Papavero no ordenó medidas preliminares, no pidió informes al Banco Nación ni al Ministerio de Economía, ni citó a funcionarios.
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El contraste con la Provincia
Mientras tanto, la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, intentó suplir la parálisis nacional con recursos propios. Bianco y 60 intendentes llegaron en junio de 2024 hasta el Ministerio de Economía para reclamar a Caputo la reactivación de las obras. Y en abril de 2025, Kicillof denunció junto a jefes comunales de todo el país que se cumplieron 500 días sin obra pública nacional.
Unos meses después, el 1° de agosto, la cifra trepó a 600 días sin obras, un récord histórico de desinversión que no tiene antecedentes. En paralelo, la Justicia Federal, con Papavero a la cabeza, mantiene el expediente en el freezer.
Una omisión con consecuencias
La inacción judicial no es neutra. Los documentos incorporados al expediente advierten que el desvío de fondos del fideicomiso SISVIAL podría configurar delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Además, la falta de control y de transparencia impide a intendentes y usuarios acceder a la información sobre el destino de recursos que, por ley, tienen afectación específica.
La consecuencia es tangible: el deterioro acelerado de las rutas, el aumento del riesgo vial y la pérdida de competitividad productiva. El costo estimado de recuperación de la infraestructura vial ya supera los USD 23 mil millones, diez veces más caro que haberla mantenido.
El expediente que tramita en el juzgado de Papavero se convirtió en un símbolo de la parálisis institucional: un Estado Nacional que recauda y desvía fondos, una Provincia que denuncia y reclama, y un Poder Judicial que no actúa.
La pregunta que se repite en los despachos municipales y entre los usuarios de las rutas es la misma que late en el expediente: ¿dónde está la plata y por qué la Justicia Federal no lo investiga?
