Señalaron que por pedido de la expresidenta no acusaron a uno de los imputados y explicaron los motivos políticos de esa decisión. Críticas a la jueza Capuchetti.
En el inicio de la etapa de alegatos del juicio por el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la querella que la representa dio una señal política tan contundente como jurídica.
Los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira decidieron no acusar a Nicolás Carrizo —tercer imputado en el caso del ataque a CFK —, en una jugada que buscaron contraponer con la forma en que la Justicia federal condenó a la exmandataria en otras causas.
La decisión, según reveló Ubeira en plena audiencia, fue tomada por instrucción directa de Cristina Kirchner: “No quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió armaron una causa. No somos lo mismo”, enfatizó. El mensaje tuvo un destinatario claro: marcar una diferencia ética y política con los fallos que la condenaron en expedientes de alto voltaje, como el caso Vialidad.
Cristina, que cumple prisión domiciliaria, eligió no asistir a Comodoro Py pese a que se le ofreció la posibilidad. Prefirió seguir la audiencia de manera online. Esa ausencia física, pero presencia política, reforzó la idea de que el alegato de sus abogados estaba pensado tanto para el tribunal como para la opinión pública.
Aldazabal y Ubeira centraron la acusación en los dos principales imputados: Fernando Sabag Montiel, quien el 1 de septiembre de 2022 gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, y Brenda Uliarte, señalada como coautora. Para ambos, la querella solicitó 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido “por un hombre contra una mujer” mediando violencia de género.
En cambio, pidieron la absolución de Carrizo, a quien la fiscalía había señalado como jefe de la banda. La querella sostuvo que no hay pruebas suficientes para vincularlo directamente con el hecho y que las conversaciones privadas en las que se refirió al atentado no son base suficiente para una condena.
La decisión se enmarcó en una estrategia discursiva clara: blindar la acusación contra los dos principales responsables y evitar, al mismo tiempo, que el expediente se convierta en un ejemplo de “lawfare” invertido. “Si no hay que acusarlo, no lo acusen”, transmitió Cristina a sus abogados, con la premisa de no usar el derecho penal como herramienta de persecución política.
El alegato de Aldazabal comenzó con un ataque frontal a la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien acusó de “obstruir todas las líneas de investigación” y de “encubrir a todos los sospechosos posibles”.
Entre los puntos más controvertidos, enumeró:
Ubeira amplió el enfoque hacia lo que denominó la “cultura del odio” que habría motivado a los atacantes. Para él, el atentado no puede analizarse sin considerar el clima político y mediático de los últimos años, en el que —según su planteo— se instaló un relato permanente de hostigamiento contra la exmandataria.
El 1 de septiembre de 2022, Cristina Kirchner regresaba a su departamento en el barrio porteño de Recoleta cuando Sabag Montiel se mezcló entre simpatizantes y, a centímetros de su rostro, gatilló una pistola Bersa calibre .32 que no llegó a disparar por un desperfecto. Uliarte fue detenida poco después, acusada de planificar y participar del hecho. Carrizo, quien trabajaba en la misma venta ambulante que los otros imputados, fue involucrado más tarde por mensajes de chat donde hablaba del atentado.
Desde el comienzo, el caso estuvo atravesado por tensiones políticas. La vicepresidenta, sus abogados y gran parte de su espacio político acusaron a la Justicia de no investigar conexiones más amplias y de limitar la pesquisa a los tres detenidos. La figura de Capuchetti, cuestionada desde el primer momento, se convirtió en un símbolo de esa supuesta falta de profundidad.
En paralelo, la causa fue leída en clave de polarización política: mientras el oficialismo lo presentó como un intento real de magnicidio, sectores de la oposición minimizaron su alcance o sugirieron que se trató de un hecho aislado.
El próximo 20 de agosto será el turno de la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, quien deberá formalizar la acusación contra los imputados. Luego llegarán los alegatos de las defensas y, finalmente, el veredicto del Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.
Más allá de la resolución judicial, el juicio ya se consolidó como un escenario político en sí mismo. Para Cristina Kirchner y su equipo, es una oportunidad para contrastar su narrativa con la de un Poder Judicial al que acusan de parcialidad, y para dejar planteado que incluso en un caso donde ella fue la víctima, su estrategia no se asemejará a la de quienes, según su visión, la condenaron sin pruebas.