Luis Silvio Carzoglio, el juez de Garantías de Avellaneda apartado en 2018 de su cargo tras negarse a ordenar la detención del líder camionero Pablo Moyano y denunciar el “espionaje macrista”, comenzó a ser juzgado en el marco del juicio político impulsado por el procurador vidalista Julio Marcelo Conte Grand. El proceso arrancó este lunes en el edificio Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la esquina de 7 y 49 de la capital provincial, y se extenderá hasta el 3 de marzo.
El magistrado fue preventivamente apartado de su cargo el 4 de diciembre de 2018. Desde entonces, cobra solo una porción de su salario a la espera de la resolución del jury donde llega acusado de interferir sin jurisdicción en la elección de Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda; falsificar documentos públicos y arrogarse competencia en causas ajenas, entre otras acusaciones.
El jurado presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan estará integrado por legisladores y legisladoras provinciales de distintos espacios políticos: Ismael Passaglia (Juntos), Débora Galán y Maite Alvado (Frente de Todos), Erica Revilla (UCR) y Walter Carusso (Espacio Abierto), una fuerza que coquetea con un sector de Juntos por el Cambio.
Conte Grand
El procurador Conte Gran, en el jury a Carzoglio.
Por la abogacía fueron designados Juan Emilio Spinelli (Necochea), Jorge Pablo Martínez (La Plata), Pedro Jorge Arbini Trujillo (San Isidro), Graciela Beatriz Aniome (La Plata) y Pablo Esteban Perrino (La Plata).
Carzoglio llegó al cargo impulsado por el exintendente de Avellaneda Baldomero Álvarez, de quien fue su director en el cementerio de ese bastión del peronismo. El exjefe comunal supo encabezar la “pata peronista” de Cambiemos en su distrito, que integra la populosa Tercera Sección electoral bonaerense.
En los pasillos del Polo Judicial de Avellenada el magistrado tiene detractores. Lo tildan de “juez garantista” y remarcan como demérito sus habituales reuniones barriales y caminatas con vecinos a los que asesora en relación a sus derechos y garantías.
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Tuvo en su despacho para resolver unos de los pedidos de detención más calientes de la política nacional, que fue solicitado por el fiscal Sebastián Scalera, quien acusó a Moyano como integrante de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados dentro del Club Atlético Independiente. El juez se negó a ordenar la detención y a partir de allí avanzaron todas las denuncias en su contra.
En la antesala del juicio político, el acusado viralizó por Whatsapp una carta explicando su cuadro de situación. “Queridos amigos, compañeros, vecinos, compatriotas: el próximo Lunes 27 de Febrero de 2023 dará comienzo el Jury que me involucra (…) todas las imputaciones que se me efectúan serán rebatidas y desvirtuadas a través de la prueba testimonial a producirse”, vaticinó.
