El Concejo Deliberante sumará dos integrantes, pero la ciudadanía deberá decidir si topea la suma de representante. Se vota junto a las elecciones municipales.
El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó llevar a 20 el número de bancas, aunque el debate se centró en si es correcto poner un tope en esa cifra, como propone el intendente Mariano Gaido, o si este techo restringe la representación y la pluralidad. La decisión final se saldará en un referéndum que se hará junto con las elecciones 2027.
El jefe comunal envió el proyecto de ordenanza hace apenas dos semanas. El tratamiento exprés que tuvo en el concejo obedece al presunto adelantamiento de los comicios provinciales, que se realizarán junto con los municipales, en los primeros meses del año. El pasilleo neuquino habla del 14 de febrero y la convocatoria con estas incorporaciones debería hacerse en los próximos días, para cumplir con el plazo legal.
La ordenanza que se sancionó unificó dos iniciativas. Por un lado, la suba de bancas a partir del período 2027-2031. La Carta Orgánica ata el número de concejales al incremento poblacional. La capital tiene 288.896 habitantes, según el último censo. La escala indica que si la ciudad pasa de 200.000 a 300.000 personas, se debe agregar un concejal cada 25.000 habitantes. La proporción de todas formas fija un límite. Dice que cuando se superen los 700.000 habitantes se sumará un concejal cada 150.000 personas con un máximo de 30 ediles.
La discusión que se coló en el mismo despacho, y que trajo más controversia, fue la de fijar en 20 el número de bancas, porque eso implica enmendar la Carta Orgánica. Cuando Gaido anunció el proyecto manifestó que lo hacía para no seguir incrementando los "costos de la política", un argumento que suele utilizar La Libertad Avanza para justificar "los recortes a la casta".
Sin embargo, en la sesión el oficialismo casi no hizo mención a esto para justificar el acompañamiento. María Victoria Fernández, representante del MPN, que fue la encargada de presentar el despacho, sostuvo que lo que buscaban era reemplazar la suba automática por un número fijo de concejales, para darle previsibilidad y eficiencia al diseño institucional del Concejo Deliberante. Afirmó que en última instancia quien tendrá la última palabra será la ciudadanía que debe optar por el Sí o No a la enmienda en las urnas.
La única que tomó esta idea fue Romina Miranda de Confluencia Neuquina. "La demanda pone un tope al gasto de la política sin poner en riesgo la representatividad", aseguró.
Denisse Stillger de Arriba Neuquén, una fuerza aliada al gobernador Rolando Figueroa pero enfrentada a Gaido, remarcó que estaba de acuerdo con "bajar los costos de la política" y para eso había que suprimir estructuras como la de la Defensoría del Pueblo, creada en 1995. Su moción no cosechó ninguna adhesión más que la propia y ella aprobó la ordenanza en su totalidad.
Laura Pérez de Comunidad-Neuquinizate planteó que no estaba de acuerdo con el congelamiento "porque afecta la representatividad", pero que votaba a favor para "abrir la puerta al referéndum" y que se exprese la gente. En la misma línea se pronunció José Luis Artaza de Fuerza Libertaria, que incluso quería que se congelara el número en 18 bancas. Aportó un dato: el Deliberante representa el 2,5% del presupuesto municipal de 2027.
En la discusión tampoco apareció el boom demográfico que genera Vaca Muerta, como una razón para frenar el número de concejales. Los únicos datos oficiales que se conocen hasta el momento son los que ha hecho público Figueroa, quien explicó que la provincia de Neuquén está cerca de recibir 30.000 nuevos habitantes por año, lo que equivale a la población de Chos Malal.
El rechazo a la ordenanza provino de las bancas de la izquierda. Federico Sánchez del FIT-Unidad destacó que esta reforma "atenta contra la participación de los partidos más pequeños" en el Deliberante y que si el objetivo es reducir el gasto, la medida a implementar es que un concejal o el intendente cobre el mismo salario que un trabajador. Julieta Katcoff del bloque PTS-FIT Unidad agregó que alterar la forma de representación no se debería hacer por referéndum, sino que sería necesario convocar a una convención constituyente para añadir otros temas.
Daniel Figueroa de Unión por la Patria-NQN se expresó únicamente en contra del congelamiento. Insistió en que no era un asunto "urgente" y que se necesitaba tiempo para analizar y no "apurar su tratamiento". Distinguió lo que significa cuidar los recursos de la garantía de la representación.
La más dura fue Valeria Todero de la Coalicación Cívica-ARI que se unió a los votos negativos. Señaló que el gobierno municipal está buscando con esta propuesta consolidar una "hegemonía" en la "comodidad de un recinto con pocas voces".
"¿Por qué el Ejecutivo vuelca la responsabilidad del gasto político en el Concejo Deliberante?", se preguntó. Y arremetió: "si quieren achicar el gasto que empicen por casa, con el gasto de pauta publicitaria y no recortándole la voz a los vecinos, la representación y los derechos".
De los 18 concejales hubo dos ausentes: Karino Rojo que está de licencia por qué es candidata a integrar el Consejo de la Magistratura y Nicolás Montero de La Libertad Avanza. Cintia Meriño de Fuerza Libertaria intervino de forma remota. En el tratamiento en general el oficialismo estuvo holgado: cosechó 13 votos. En particular, en el artículo de la enmienda obtuvo 12.
Esta es la segunda vez que un referéndum se mete en la campaña electoral. En 2021 la ciudad eligió concejales y en paralelo tuvo que votar el Sí o NO a la enmienda de la Carta Orgánica, que entre otros aspectos, eliminó las elecciones de medio término en el Concejo Deliberante. De acuerdo al escrutinio definitivo la reforma ganó por el 65,88% (96.767 votos).
La consulta fue cuestionada judicialmente, ya que hubo convencionales constituyentes que llevaron el caso al Tribunal Superior de Justicia por qué afirmaban que semejante modificación no podía realizarse mediante una enmienda. Por unanimidad fue rechazado el planteo de inconstitucionalidad.
