Una argentina de milei

Vivir sin subsidios: una familia tipo gastaría el 50% de sus ingresos en servicios y transporte

Sergio Massa buscó asustar con el sistema de renuncia a la asistencia estatal en boletos de colectivos y trenes. Una foto más amplia del impacto de la motosierra.

Una familia de ingresos medios que viaja todos los días del conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar y paga al día sus boletas de luz, agua y gas destina en promedio $22.000 al mes, según los cuadros tarifarios vigentes en octubre de 2023. Al considerar que los dos adultos en edad activa suman un ingreso de poco más de $277.000 (dos sueldos medios de $138.595 al segundo trimestre según el INDEC), destina un 7,9% al pago de servicios y transporte. Todos esos gastos tienen subsidios del Estado Nacional. Si se aplicara un plan motosierra tan extremo como insinúa el ultraderechista Javier Milei en las cuentas públicas, el monto promedio de gastos aumentaría a alrededor de $140.000 y se llevaría el 50,5% del ingreso del hogar.

El desagregado del cálculo tiene en cuenta los viáticos diarios para movilizarse por la zona metropolitana, que serían unos $130,96 por tramo y por persona, teniendo en cuenta el ida y vuelta utilizando un colectivo con el boleto mínimo $52,96, un trayecto de media distancia en tren de $40 y el boleto de subte de $74. El total mensual sería, para una pareja, de $10.476. Con la supuesta tarifa plena, no se aplicarían los descuentos de la Red Sube.

Para estimar la boleta de agua se consideró una tarifa promedio de $4100 para zonas de ingresos medios (el subsidio alcanza el 20%), con valores actualizados a septiembre.

En el caso de la electricidad, la boleta promedio es de $3300 para usuarios de Nivel 3 (el 83% está cubierto por el Estado), a valores de agosto; y el gas, otros $4200 (con el 19% de subsidios).

Es una cuenta a mano alzada que intenta graficar el golpe de efecto que buscó el ministro de Economía,Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, con la renuncia voluntaria a la asistencia estatal al transporte que anunció este lunes el titular de la cartera, Diego Giuliano. La voluntad real detrás de la medida es espantar al voto adversario a sólo días de una elección que parece perfilarse a una segunda vuelta con el libertario entre los competidores.

Si un usuario decide usar la nueva posibilidad de renunciar a los subsidios aplicados en la tarifa, el pasaje de colectivo pasaría de $52,96 a más de $700 y, en el caso del servicio de trenes, dependiendo de la línea ferroviaria, el boleto que hoy en día va de $11,57 a $52,95 llegaría a los $1100. Es decir que un viaje hipotético desde un partido del Gran Buenos Aires a la Capital Federal pasará de costar $136,96 entre colectivo, tren y subte y aplicando los descuentos de la Red Sube, a valer en total, aproximadamente, $2600.

Sólo tomando el aumento del transporte, el impacto sería de por sí alto. El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, hizo los cálculos sobre una remuneración promedio, a julio de 2023, de $350.000, y una mediana de $270.000. "Si una persona va a trabajar todos los días 22 días hábiles hoy gasta $2500 sobre un salario promedio y no llega al 1% del total. Sobre la mediana tampoco llega al 1% . Sin subsidios, en el caso del colectivo representaría 9% para el primer salario y 11,4% en el caso de la mediana. Si utilizara el tren, pasaría a significar un 14% del primer sueldo y casi 18% del segundo ingreso. Pasaría a gastarse entre el 10% y el 20% de su ingreso", detalló a Letra P.

El Gobierno subió un escalón más en la campaña del susto. Al pasar la tarjeta SUBE por el lector en algunas líneas de colectivo, la pantalla devuelve la leyenda "Sin subsidio, $700". En los dos primeros días de vigencia de la opción, Giuliano afirmó, en una entrevista con Radio 10, que "hasta el momento" no hubo ninguna renuncia al subsidio en el transporte.

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Radiografía de los subsidios

En el caso del transporte, el Gobierno otorga a las empresas del sector una determinada suma de dinero de forma mensual, en compensación por la diferencia que existe entre el costo real del servicio y el precio de los boletos. De acuerdo al Observatorio de tarifas y subsidios IIEP, de la UBA y el Conicet, hasta septiembre se habían destinado $544.311 millones para sostener ese esquema.

La situación se repetiría con distintos porcentajes para el caso de las tarifas de luz, agua y gas, en las que el Estado mantiene gran parte de la asistencia para los sectores de ingresos medios y bajos.

Los subsidios a los servicios públicos funcionan de distinta forma. Para la electricidad, el Tesoro Nacional hace aportes a la empresa mayorista Cammesa, de origen mixto, y Enarsa, para cubrir la diferencia entre el costo de producir la energía y el precio que pagan las distribuidoras.

Desde 2022, el Estado segmenta a los hogares del servicio eléctrico en tres niveles según sus ingresos y desarrolla un plan paulatino de quita de subsidios que se fue postergando. Desde agosto, los usuarios del Nivel 1, más de cinco millones de usuarios de mayor poder adquisitivo, pagan la tarifa plena del servicio, mientras que, para el resto, la Administración Pública Nacional asume el 87% del costo en el caso de los inscriptos en el Nivel 2, de bajos ingresos, y el 83% para los del Nivel 3, de ingresos medios, siempre que el consumo no supere los 400 kilowatts.

En el caso del gas natural, la cobertura estatal sobre el costo de la producción y las importaciones es de un 51%, 15% y 19% para los usuarios N1, N2 y N3, respectivamente. El informe del IIEP resaltó que, en relación a un salario RIPTE (indicador del promedio de trabajadores registrados) estimado en septiembre, indica que el peso de los servicios energéticos de un usuario N 1, N 2 y N 3 representa el 4,5%, el 1,7% y el 1,5% de su salario. Como contracara, el mayor peso de los servicios públicos energéticos sobre los sueldos se observó en junio de 2019, con una carga del 5,6% sobre los ingresos medios. El total del gasto público para luz y gas fue de $2.110.897.000 hasta el noveno mes del año.

El servicio de agua de red, a diferencia de las tarifas de energía, está segmentado según la ubicación geográfica, no por ingresos. La empresa AySA, que dirige Malena Galmarini, dividió a los hogares en ingresos bajos, un 52% del total que en la actualidad tiene subsidiado un 45% de la boleta; los de ingresos medios, que tienen un 20%, y los de altos, que pagan la tarifa plena.

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