En alianza con Cargill y Esteban Nofal, el grupo rosarino obtuvo aval judicial para el rescate de la empresa. Molinos Agro y Dreyfus, que pujan, pueden apelar.
El corredor de cereales Mariano Grassi ganó el proceso de salvataje de Vicentin
Luis Pérez Companc, titular de Molinos Agro perdió y puede apelar judicialmente
El grupo rosarino Grassi quedó homologado por la justicia de Santa Fe como el nuevo dueño de todos los activos de Vicentin, la cerealera defaulteada en 2019. El juez civil y comercial santafesino Fabian Lorenzini falló a favor de su propuesta de salvataje, en alianza estratégica con Cargill y el financista Esteban Nofal.
Ahora, la sociedad integrada por Molinos Agro, del grupo Pérez Companc, y la cerealera global Louis Dreyfus tiene cinco días hábiles para apelar la resolución ante un tribunal superior.
La sindicatura del concurso, redactada por Diego Oscar Telesco, verificó la legitimidad de todos los acreedores que adhirieron a la propuesta de Grassi en el proceso de cramdown que abrió la justicia para intentar evitar la quiebra de Vicentin. De ese modo, determinó que la forma de pago ofrecida por Grassi a los 1700 acreedores es la ganadora.
La puja por quedarse con Vicentin
“La propuesta de Grassi S.A. alcanzó la adhesión de 1141 acreedores sobre 1708 computables, que representan el 84,9% del capital computable, superando los mínimos exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras para declarar la existencia de acuerdo de partes”, señala la sindicatura.
El reglamento del cramdown establece que el juez debe elegir la propuesta verificada que se haya presentado primero. La alianza entre Pérez Companc y Louis Dreyfus llegó más tarde con su oferta, y ahora sólo le queda la instancia de apelación.
Ambas alianzas empresariales se impugnaron mutuamente por los acreedores presentados. Grassi cuestionó algunas adhesiones de Molinos Agro y Louis Dreyfus, a quienes acusó de haberlas captado “mediante competencia desleal”.
La objeción más resonante provino de la sociedad Molinos Agro–Dreyfus, que pidió declarar nulo el apoyo de Grassi realizado por su propia empresa: “no puede autovotarse”, argumentó. En rigor, Grassi es el segundo deudor individual de la quiebra de Vicentin, con una deuda de u$s 60 millones, por lo que resultaría lógico que respalde su propia propuesta.
Molinos Agro y Dreyfus también impugnaron los avales de Avir South, un fondo financiero con sede en Luxemburgo, controlado por Cima Investments, del propio Nofal. Este grupo había adquirido los u$s 447,2 millones de deuda que Vicentin mantenía con bancos internacionales, pagando apenas u$s 50 millones por toda la acreencia.
De esa manera, Nofal se hizo dueño del 35% del pasivo total verificado en el concurso preventivo de la cerealera. La impugnación de sus rivales fue que actuó en tándem con la estrategia de Grassi, lo que lo convertiría en un “acreedor no independiente”. Sin embargo, la sindicatura aprobó las adhesiones presentadas por Nofal.
El plan de Grassi propone la continuidad operativa de todos los activos y la dolarización de las deudas a $60, el tipo de cambio vigente en 2019, cuando estalló la crisis de Vicentin. A partir de esa base, se ofrecen distintas alternativas de recupero:
Pago del 9% del total en 90 días, para quienes busquen cobrar de inmediato.
Devolución de hasta el 200% en dólares en un plazo de diez años, si los productores se comprometen a venderle soja a “La Nueva Vicentin” durante esa década.
Un fideicomiso adicional que podría generar una ganancia extra de hasta 120% sobre el capital inicial.
Por ahora, se espera si se presenta alguna apelación. Quedó descartado el esquema de pago que propusieron Pérez Companc y Dreyfus, que también dolarizaba a $60 pero con otro esquema:
Deudas hasta u$s 130.000: pago del 80% en dólares a los 30 días de la homologación, o el 90% en tres años, con un interés del 4% anual.
Deudas entre u$s 130.000 y u$s 400.000: pago del 50% a los 30 días, o del 55% en tres años, o del 70% en diez años, con 4% de interés anual.
Deudas superiores a u$s 400.000: pago del 40% en diez años, con un 4% de interés anual y alternativas como la compra de acciones.
El proceso judicial de Vicentin comenzó el 11 de febrero de 2020 con la presentación del concurso preventivo, y aún no llegó a su fin.
El escándalo Vicentin estalló en diciembre de 2019, cuando la empresa, manejada por la familia Vicentin-Padoan, dejó de pagar vencimientos y los proveedores de granos desviaron sus camiones, paralizando la planta. En la quiebra quedaron atrapados bancos, productores, cooperativas y proveedores.
La puja por quedarse con Vicentin
La compañía había tomado cuantiosos créditos en dólares, y la devaluación posterior a las PASO de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, resultó determinante para su caída.
El default, por una deuda superior a u$s 1.300 millones, derivó en tres procesos judiciales en paralelo:
El concurso preventivo y cramdown a cargo del juez Lorenzini, en Reconquista.
La investigación por presunto desvío de fondos y facturas apócrifas en el Juzgado Federal de Reconquista, bajo el juez Aldo Alurralde, con imputaciones a exdirectivos.
Y la causa federal por defraudación al Estado vía créditos irregulares del Banco Nación, que tramita en el Juzgado Federal N°10 de Comodoro Py, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
En diciembre próximo comenzarán a declarar 26 imputados, entre ellos exdirectivos del Banco Nación -como Javier González Fraga y Lucas Llach- y de Vicentin -como Daniel Buyatti y Alberto Macua-.
La investigación apunta a que el Banco Nación habría otorgado préstamos a Vicentin pese a que la empresa ya registraba deuda vencida. En lugar de exigir el pago, se le habrían autorizado nuevos créditos y permitido liberar fondos que estaban registrados como garantía de cobro para la entidad estatal.