Desde el RIGI hasta la inocencia fiscal, las leyes de Javier Milei y Toto Caputo garantizan que ningún gobierno pueda cobrarles más impuestos a los ricos.
Con cada ley económica que el Congreso sanciona, Javier Milei, Toto Caputo y Federico Sturzenegger perfeccionan una zona franca para que las grandes empresas y el Círculo Rojo tengan la certeza de que futuros gobiernos no podrán cobrarles más impuestos. Los regímenes especiales y blanqueos vienen con letra chica: quien busque una política tributaria más progresista tendrá las manos atadas.
Lo destacan como una marca de gestión. Son los cambios de raíz que celebran Milei y Sturzenegger y que Caputo y su equipo de asesores del sector privado bajan al terreno con normas concretas. Algunas, tan flojas de papeles que necesitan de leyes adicionales para modificarlas, como la inocencia fiscal.
"Esto va a posibilitar que la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque la compra de dólares estaba prohibida, pueda formalizarlos sin ninguna penalidad", dijo Caputo este miércoles. “Queremos que los ciudadanos se queden tranquilos de que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, no va a cambiar la situación", agregó.
Es un mecanismo que el Gobierno repite desde la sanción de la ley Bases. Cada norma con beneficios impositivos trae una garantía para evitar cambios futuros. Esto ocurre tanto en las leyes destinadas a buscar inversiones como en las que gravan (o desgravan) patrimonios personales y promueven blanqueos. En todos los casos, Caputo le ofrece tranquilidad al Círculo Rojo. En el futuro, promete, nadie podrá tocar nada.
Los programas destinados a atraer inversiones con beneficios impositivos no son algo novedoso, pero desde el inicio de la administración libertaria llamó la atención la generosidad del Gobierno.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) dio más ventajas que las que los empresarios nacionales, que son quienes impulsan la mayoría de los proyectos que aceleraron, reclamaban. “El principal objetivo fue garantizar el acceso al mercado de cambios; el resto fueron regalos innecesarios”, consideró Verónica Grondona, economista asesora de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, sus siglas en inglés).
La rebaja de la alícuota máxima del impuesto a las Ganancias, del 35 al 25%, las exenciones para importar, la prohibición de cobrarles retenciones a las exportaciones y la reducción de impuestos al giro de utilidades y servicios intrafirma son algunas de esas ventajas.
La estabilidad por 30 años supone que ningún gobierno nacional ni provincial que haya convalidado el esquema podrá cobrarles más impuestos en ese lapso, en tanto las empresas podrán litigar en la jurisdicción que prefieran, CIADI incluido.
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) tienen sus propios beneficios garantizados. El fondo laboral, por caso, blinda los aportes para el pago de futuras indemnizaciones en cuentas del Fondo de Cese. Estos serán inembargables y regirán para las contrataciones que se hagan bajo esa modalidad, sin que ningún cambio en la normativa laboral pueda tocarlos.
La ley Bases también bajó alícuotas del impuesto a los Bienes Personales e implementó el Régimen Especial del impuesto patrimonial (REIBP), que permitió pagar por anticipado el monto correspondiente al periodo 2023 - 2027, con una alícuota diferencial del 0,45% y obtener, así, un blindaje hasta 2038. Hasta ese año, ninguna administración podrá cobrarles una tasa superior al 0,25% anual por Bienes Personales, sin importar cómo se multiplique la fortuna. Tampoco podrán recibir gravámenes nacionales adicionales vinculados al patrimonio, como un impuesto a la riqueza.
El régimen de Inocencia Fiscal, que ahora el Gobierno busca flexibilizar, sigue la misma lógica. Por un lado, el Gobierno eliminó regímenes informativos que le servían a la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para reunir datos de los contribuyentes y detectar eventuales disparidades entre ingresos declarados y consumos. Por otro, el régimen pone la carga de la prueba en el recaudador, que deberá demostrar la irregularidad, con menos herramientas que antes.
Los cambios que presentó el Gobierno el miércoles aclaran a favor del contribuyente algunas zonas grises y eliminan los topes patrimoniales para acceder a la posibilidad de depositar o usar dinero sin declarar. El “tapón fiscal” frena investigaciones por inconsistencias de los tres periodos previos y solo podrían continuar aquellas notificadas antes de la adhesión al régimen, aunque el contribuyente puede cancelarlas pagando el impuesto requerido.
Entre los contadores que presentaron el proyecto, a instancias de Caputo, estaba Liban Kusa, del estudio Funes de Rioja. Tuvo participación activa en los borradores del DNU 70/23, que inició la desregulación, en la pata impositiva de la ley Bases y en la reforma laboral. Si bien sonó como titular de la ex-AFIP al inicio del mandato de Milei, nunca dejó el sector privado ni dejó de tener incidencia en el paquete de leyes que promociona entre sus clientes.
Así como ARCA tiene menos herramientas para perseguir contribuyentes, los próximos hacedores de política pública tendrán restricciones a la hora de plantear un esquema impositivo más progresivo. Lo sufre, ahora, el propio Caputo, que tiene menos espacio para bajar el impuesto al Cheque o continuar recortando retenciones porque la caja flaquea.
El RIGI opera solo para el conjunto de proyectos amparados bajo ese esquema, pero el grueso de la inversión estratégica en minería y energía se canaliza con estos beneficios. El resto de la inversión productiva cae y soporta la carga impositiva que los ganadores eluden.
Fundar compiló los últimos datos oficiales vinculados a este ítem. La inversión privada cayó 11,6% interanual en el primer trimestre, la inversión como porcentaje del PBI está diez puntos por debajo del mínimo necesario para un crecimiento sostenido y la importación de bienes de capital cayó 13,9% en junio.
Daniel Schteingart, su director de Desarrollo Productivo, admitió que el esquema normativo de La Libertad Avanza pondrá en aprietos a los futuros hacedores de política económica. “El RIGI no se puede tocar”, dijo. “A lo sumo, podrán verse zonas grises y usar el margen fiscal para subsidiar a proveedores locales para que puedan competir con el importado”, añadió. La política fiscal, entonces, deberá focalizarse en “formalizar a ese más del 30% del PBI que sigue fuera del sistema”, consideró.
Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), matizó el impacto de los regímenes promocionales. “Hay que distinguir entre cambios tributarios para la base imponible actual y cambios para una base imponible incremental”, dijo. “La mayoría de los regímenes de incentivo tributario buscan garantizar una carga tributaria menor para nuevas inversiones, siendo siempre algo pequeño en relación a la base imponible actual”, agregó. “En ese caso, sigue habiendo grados de libertad para buena parte de la política tributaria”.
Para la economista Mercedes D’Alessandro, una de las arquitectas del impuesto a las grandes fortunas durante la pandemia, el esquema del impuesto a la riqueza podría considerarse como una opción extraordinaria, en el marco de una emergencia, para no colisionar con el REIBP.
“El impuesto a las fortunas fue algo extraordinario y hubo pocas cautelares en relación a lo que se cobró; fueron 400 o 500 en relación a los 12.000 aportantes”, dijo. La norma no impide que haya tributaciones provinciales a los patrimonios.
“Eliminar el RIGI sería violar un monton de normas”, agregó. Otro resquicio, dijo, es la ley de Economía del Conocimiento, con rebajas del impuesto a las Ganancias y a las cargas patronales. “La mitad se lo llevan Mercado Libre, Globant, Accenture y un puñado de grandes empresas”, dijo.
Son pequeños recovecos que van quedando en medio de un blindaje al Círculo Rojo que es parte central de la política económica.
