Mientras busca ayuda de Estados Unidos para sostener el flujo de dólares, el ministro libera cupos y elimina aranceles para traer autos eléctricos baratos.
Manuel Antelo, otro que como el hermano de Raúl Jalil, se benefició con los cupos de Toto Caputo.
Captura de redesEn enero, el parque automotor argentino sumará 40.000 autos eléctricos e híbridos provenientes de China, beneficiados por la eliminación del arancel del 35% extrazona del Mercosur. La medida, impulsada por Toto Caputo, implica un costo fiscal estimado en u$s 4000 millones en cinco años y se complementa con una nueva licitación para importar otras 50.000 unidades en 2026.
El beneficio alcanza a empresarios y terminales que ahora se transforman en importadores. Entre ellos figura Manuel Antelo, histórico referente de Renault en los años 90, quien regresó al país entusiasmado por el gobierno de Javier Milei. Anunció que invertirá u$s 200 millones para traer 4350 unidades de Great Wall y Haval. “Vamos a vender autos a precios muy competitivos gracias al gobierno de Milei”, sostuvo.
En paralelo, Antelo traerá al país la cadena global de artículos deportivos Decathlon, cuyos principales proveedores son fábricas de China, Vietnam y Bangladesh.
“Está floja la venta de los eléctricos puros, pero crece la de los híbridos”, señaló a Letra P Hugo Belcastro, titular de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) y representante local de Alfa Romeo, Ferrari, Isuzu y Baic, quinto grupo automotriz chino. Con el cupo, importó 6.080 unidades.
Otra beneficiaria fue BYD, una de las automotrices más grandes del mundo, que sumó 6500 unidades y ahora podrá operar sin arancel gracias a su planta instalada en Brasil, dentro del Mercosur. En el país vecino, su desembarco generó tensiones sindicales por las condiciones laborales durante la construcción de la planta.
El Grupo Jack, de los hermanos Horacio Jack y Javier Jack, abrió cuatro concesionarios de BYD y se consolidó como uno de los principales jugadores de este nuevo mercado. Con vínculos en la política y el fútbol, los empresarios son cercanos a Daniel Angelici y al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia. Uno de ellos integra además la conducción de la ACARA.
En la lista también figura Leandro Iraola, del Grupo Corven, que obtuvo cupos para importar 5300 unidades de Chery, la marca china que en su primera etapa fue representada por Sideco Americana, del Grupo Macri. Corven, nacida como fabricante de amortiguadores, diversificó su negocio hacia la importación de camiones Foton y otros vehículos de origen asiático.
El empresario cordobés Daniel Parodi, fundador de Volt Motors, también cambió de perfil: tras haber lanzado en 2017 un modelo eléctrico nacional, ahora importará autos Enroeve desde China.
Las automotrices radicadas en el país tampoco dejaron pasar la oportunidad: Ford Argentina obtuvo cupos para importar 4500 Territory Hybrid producidos en China; General Motors, para el Spark y la Captiva Plug-in Hybrid; y Renault Argentina, para el Kwid E-Tech, su modelo 100% eléctrico.
La marca china Lynk & Co, subsidiaria del grupo Geely, será importada por Emotions S.A., creada en octubre de 2024 por Gustavo Campana, Javier Jalil -hermano del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil- y Pablo Peón, expiloto y expresidente del TC2000.
Pero Geely protagoniza una controversia: Federico Pieruzzini, titular de Eximar, denunció que Autos Sustentables del Sur no es importador oficial, aunque logró el cupo para traer 500 unidades del modelo EX5.
“No están reconocidos por la casa matriz en China”, advirtió. El conflicto gira en torno al servicio de postventa, clave ante la expansión del mercado eléctrico.
La normativa oficial permite la importación de vehículos a través de emprendimientos particulares sin necesidad de ser representantes oficiales.
Según el decreto que instauró el cupo, la medida busca impulsar la competencia, bajar precios y ampliar el acceso a autos eléctricos, híbridos o de celda de combustible.
Sin embargo, mientras Caputo busca respaldo financiero en Donald Trump, su política interna beneficia a importadores chinos y presiona a las fábricas locales, que denuncian pérdida de empleo y desplazamiento productivo.