En plena pelea con Moolec, la firma controlante, apuntan a una exejecutiva por una transferencia irregular de acciones. Sospechas y nuevas tensiones.
La crisis de Bioceres sumó un nuevo capítulo. En medio de la disputa por el control de la compañía y tras la quiebra de la histórica firma de Santa Fe, el grupo de socios fundadores denunció ante la Justicia una presunta estafa por unos 12 millones de dólares vinculados a la transferencia de millones de acciones y apuntó contra una exdirectiva.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y lleva la firma del abogado Walter Stramazzo, en representación de Bioceres Crop Solutions, el paraguas bajo el que se unieron los socios fundadores de la biotecnologica enfrentados a Moolec Science , la firma controlante dirigida por el empresario uruguayo Juan Sartori.
Según la denuncia, la maniobra se produjo en octubre de 2025 e involucró la transferencia de 5,3 millones de acciones de la compañía vinculada al agro, valuadas entonces en alrededor de 12 millones de dólares. La denuncia apunta contra Gloria Montarón Estrada, una ejecutiva que durante años ocupó lugares de relevancia dentro del entramado empresarial vinculado a Bioceres, siendo directora legal de la firma.
De acuerdo con el escrito, la operatoria se concretó mediante una carta de indemnidad que permitió prescindir del requisito de certificación de firmas para ejecutar la transferencia. Ese documento, además, desligaba de responsabilidades a Continental, entidad bancaria estadounidense que custodiaba los títulos, y trasladaba cualquier eventual contingencia a la propia Bioceres Crop Solutions.
Según la presentación judicial, al momento de la operación ya no era directora ni empleada de Bioceres Crop Solutions, aunque sí mantenía posiciones estratégicas dentro de otras compañías del grupo empresario.
Fuentes vinculadas a la firma describieron a Montarón Estrada como "una persona importante en el ecosistema y de muchísima confianza". Su trayectoria había incluido responsabilidades en el área legal de distintas empresas asociadas al conglomerado y posteriormente la presidencia de Moolec, compañía que terminó siendo una pieza central en la operatoria ahora cuestionada.
Además, la transferencia se habría realizado cuando la ejecutiva ya no formaba parte de la estructura formal de la firma. Según reconstruyen en la compañía, había dejado sus funciones entre junio y julio de 2025, varios meses antes de la operación denunciada, fechada en octubre.
La presentación sostiene además que toda la comunicación vinculada al movimiento de acciones fue realizada por Montarón Estrada utilizando una dirección de correo electrónico asociada a otra empresa del grupo: Moolec. Los interrogantes surgen allí: ¿Qué controles fallaron para que una exdirectiva pueda mover nada menos que doce millones de dólares en acciones en un banco con sede en Wall Street? En Bioceres sostienen que desde Continental colaboran en el proceso de investigación.
El corazón de la denuncia, que se basó en un dato anónimo en el interior de la empresa, está puesto sobre la autenticidad de la documentación utilizada para concretar la transferencia. Según sostienen, la carta de indemnidad contenía una firma atribuida al ex CEO Federico Trucco, que sería apócrifa. En la presentación judicial, el empresario aseguró que nunca firmó ese documento, que no autorizó a terceros a hacerlo en su nombre y que desconocía tanto la existencia de la carta como la operación que terminó ejecutándose.
En la empresa sostienen que la transferencia se realizó sin la intervención ni autorización de Trucco. "Se hizo sin firma de Federico", resumieron fuentes consultadas. El propio Trucco deberá ratificar la denuncia en las próximas horas. Allí otra duda: ¿quedará en la justicia local o el conflicto puede extenderse a otros territorios?
La hipótesis que expone la denuncia es que la documentación fue utilizada para habilitar una operación que, de otro modo, no hubiera podido concretarse. Por eso la compañía habla de una maniobra deliberada destinada a consumar el traslado de las acciones.
Como resultado, y siempre según la denuncia radicada en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, los títulos terminaron siendo transferidos desde Bioceres Crop Solutions hacia una firma vinculada al ecosistema de Moolec, situación que, según la presentación, provocó un perjuicio económico potencial para la compañía y para el conjunto de accionistas y acreedores relacionados con el grupo.
La denuncia aparece en un contexto particularmente delicado para Bioceres. La compañía atraviesa desde hace meses una fuerte disputa entre sectores históricos vinculados a los fundadores y los nuevos accionistas que ganaron influencia tras el deterioro financiero que derivó en la quiebra.
Como contó Lucio Di Giuseppe en Letra P, esa pelea incluyó cuestionamientos cruzados por el control de distintas sociedades del grupo y por decisiones tomadas durante el proceso de reestructuración. Ahora, la denuncia judicial agrega un nuevo elemento de tensión a una trama empresaria que todavía está lejos de encontrar un punto de equilibrio.
En el entorno de los fundadores aseguran que la maniobra denunciada no habría contado con el aval de los actuales accionistas de referencia. "Es muy poco probable que Sartori o personas de su entorno hayan estado al tanto de los hechos o los hayan aprobado", sostienen.
Incluso arriesgan una hipótesis sobre las motivaciones detrás de la operación. En esos sectores creen que la maniobra pudo haber buscado "congraciarse con el nuevo accionista", aunque aclaran que será la investigación judicial la que determine responsabilidades.
Mientras tanto, dentro de la compañía admiten la incomodidad que genera la exposición pública del caso. "No nos es grato encontrarnos en páginas judiciales", reconocieron. Consultados sobre si el episodio puede abrir una crisis de confianza de gobernanza corporativa, la respuesta fue cautelosa: "No lo sabemos, pero la denuncia había que hacerla".
