Los dólares negociados en bolsa, legales y cada vez más dominantes como referencias libres del mercado cambiario, subieron en el primer bimestre entre tres y cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación y en lo que va de marzo acumulan incrementos todavía mayores, cercanos al 10%. Esa evolución preocupa a Sergio Massa, que sorprende con una estrategia financiera tan audaz como controvertida, una que podría quitarle un factor de presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el año electoral o, tal vez, sumergirlo a él mismo en una tormenta política. Como advirtió desPertar, el newsletter de Letra P, este martes: pensá en verde.
Un decreto que se publicará este miércoles obligará a todos los organismos del Estado a entregarle al Ministerio de Economía sus títulos públicos en dólares, tanto los emitidos bajo ley internacional como los correspondientes a ley argentina, posiciones que equivalen en total a unos 35.000 millones de dólares. Sí, el Estado es acreedor de sí mismo, sobre todo a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, pero también de decenas y decenas de dependencias. A cambio, recibirán papeles denominados en pesos.
De los primeros –los bonos ley internacional–, el equivalente a 4.000 millones de dólares saldrá de circulación, lo que servirá para endulzar a la opinión pública hablando de desendeudamiento. Una parte aún no determinada de los segundos –ley argentina– será vendida en el mercado, una estrategia que le permitirá al Ministerio de Economía intervenir en las mencionadas cotizaciones paralelas. Asegurada la oferta, hace falta cerrar la demanda: para eso el ministro citó a desayunar este miércoles en el Palacio de Hacienda a responsables de bancos, sociedades bursátiles y fondos comunes de inversión.
Para entendernos: ¿de qué se tratan esos dólares? Como explicó este medio el último viernes, surgen de la compra-venta de títulos en pesos y en dólares, operación que arroja una cotización. Uno de esos tipos de cambio es el "contado con liquidación" o CCL –que finaliza en el exterior y deja allí depositados los billetes verdes– y el otro es el "dólar bolsa" o "MEP" –Mercado Electrónico de Pagos–, de igual característica, pero que se desarrolla enteramente en el país, donde queda el dinero resultante.
Como al Banco Central le faltan agudamente divisas, el Gobierno pisa desde hace tiempo la importación de insumos necesarios para la actividad industrial, reservando su efectivo para la compra de energía y productos realmente esenciales. Eso hace que cada vez más empresas calculen sus costos de reposición en base al CCL, por lo que este influye crecientemente en el índice de inflación.
Preguntas que queman
Audaz, Massa decidió jugar a los flejes, pero la estrategia es controvertida. Según explica, eso le daría al Gobierno varias ventajas: intervendría en el mercado cambiario paralelo sin resignar reservas; aspiraría pesos, restando combustible para la inflación; al captarlos, accedería a recursos para financiar el déficit fiscal de un año en el que la sequía ya empezó a deprimir la recaudación vía retenciones e IVA.
Sin embargo, habrá ruido y será fuerte. Por un lado, porque privatiza deuda en dólares que hoy está en poder de agencias del Estado, resignando facilidad para eventuales renegociaciones de vencimientos. En efecto, esas renegociaciones son automáticas en lo que respecta a esos organismos nacionales, mientras que ya se sabe lo que cuesta realizarlas con tenedores privados y sus amenazas de litigios.
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Por el otro, corre el riesgo de afectar a las dependencias del Estado dueñas de esos recursos, especialmente la ANSES, que pasaría de tener activos en dólares a quedarse con otros en moneda nacional. Resta conocerse algo central: si las nuevas tenencias en pesos se ajustarán por CER –la inflación– o si serán dollar-linked, esto es liquidables en pesos a la cotización vigente en la fecha de vencimiento. Volverá inevitablemente la discusión sobre "la plata de los jubilados".
En tercer lugar, la baja cotización de esos papeles podría derivar en un mal negocio. Como antecedente, hace dos meses la estrategia era la opuesta: recomprar deuda en dólares en el mercado para retirarla a bajo costo –y también intervenir en el mercado cambiario–. Pasa que los dólares para hacerlo se acabaron y el FMI exigió no volver a incurrir en ese gasto lesivo para las reservas del Central.
Así, la pregunta se impone: ¿justifica la emergencia la adopción de un esquema que podría ser considerado perjudicial para el interés del Estado, esto es de la sociedad?
Un poco de contexto. El dólar sigue amenazando: el blue –un mercado pequeño e ilegal, diferente del descripto, pero que genera tensión– saltó este martes 8 pesos y quedó al filo de superar los 400. ¿Mucho? No si se tiene en cuenta que su cotización se atrasó en relación con la inflación tanto en 2021 como en 2022 y que en el último mes ha recuperado menos del 5%, bien por debajo de la inflación. Eso implica que todavía tiene bastante recorrido, al menos en teoría. La realidad del mercado –que ahora se pretende intervenir férreamente– lo definirá.