El secretario de Trabajo adelantó que buscan que el empresariado pueda negociar salarios con cada trabajador o por cada empresa. Los gremios, en alerta.
Julio Cordero, el secretario a cargo de la reforma laboral que pide Javier Milei.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, presentó lineamientos de la reforma laboral que Javier Milei enviará al Congreso. Entre los cambios, planteó el “incremento salarial dinámico”, que significa habilitar la negociación de sueldos por cada trabajador. También ratificó la prioridad de los acuerdos paritarios "por empresa". La CGT calificó a la propuesta como "un delirio".
“Tenemos un plan de incremento salarial dinámico, que los trabajadores puedan generar un diferencial de su salario por mérito, siempre hacia arriba del salario de convenio”, explicó Cordero. Y agregó: “Tenemos que proteger al sector privado, porque si no se retrae la generación de producción y trabajo”.
Según el funcionario, para instaurar el “salario dinámico” será necesario acordar con los sindicatos “parámetros objetivos en cada rama laboral”.
A tres días de las elecciones legislativas, el funcionario volvió a exhibir el sesgo proempresarial del Gobierno. La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras empresariales del país.
En el trasfondo, el trabajo informal -que representa más del 43% del empleo total en Argentina- aparece como uno de los argumentos para justificar la reforma.
Cordero también defendió la idea de habilitar “discusiones del convenio salarial por empresa, cuando el acuerdo paritario nacional no contemple la situación particular de una compañía en determinado punto del país”. Las declaraciones se dieron durante su exposición ante las comisiones de Trabajo del Congreso, en el marco del debate por el Presupuesto 2026.
“Hasta ahora todas las propuestas parecían repeticiones del decreto 70/23 y de la versión original de la ley Bases. Sin embargo, la descentralización de la negociación colectiva es algo nuevo, porque desde 2004 nadie había planteado volver al régimen anterior”, señaló a Letra P Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Latinoamérica y asesor de los gremios aceiteros y ceramistas.
“Cordero busca priorizar la discusión salarial por empresa y, quizás, establecer un mínimo por debajo del acuerdo paritario de la actividad. Eso proponía la denominada Ley Banelco del gobierno de la Alianza en 2000. Con ese esquema se rompe el sentido del derecho laboral y también un orden económico que garantiza igualdad salarial para evitar que las empresas compitan bajando sueldos”, agregó el abogado laboralista.
Consultado por Letra P sobre el proyecto, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, advirtió que “la modificación del régimen de negociación colectiva para permitir que acuerdos menores -por empresa, provincia o región- bajen el salario establecido a nivel nacional o por actividad, implicaría cambiar la legislación vigente. Sería una vuelta a la Ley Banelco, aunque ahora se prefiera llamarla ‘salarios dinámicos’”.
La Ley Banelco se recuerda no sólo por sus efectos flexibilizadores en plena crisis de 2001, sino también por el escándalo de presuntas coimas durante su aprobación en el Senado, que inmortalizó la frase “para los senadores tengo la Banelco”.
Campos agregó que el Ejecutivo busca “bajar los componentes fijos del salario, como la cifra básica de convenio, la antigüedad o el título, y dar más peso a variables como premios por producción, productividad, bonos por rendimiento y evaluaciones de desempeño. La legislación no prohíbe estas prácticas; muchas empresas ya las utilizan”.
“Es un delirio”, resumió Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, al ser consultado por Letra P. “El convenio salarial dinámico y los acuerdos por empresa atomizan el poder de negociación de los trabajadores; así ganan algunos pocos”, agregó Jorge Sola, secretario general del Sindicato de Seguros y secretario de Prensa de la central obrera.
Sola recordó que la ley laboral vigente sostiene “la negociación salarial por convenio de cada actividad” y que “se pueden agregar premios por productividad, pero a todos los trabajadores del sector por igual, como ocurre en el convenio de bancarios”.
El anuncio de Cordero generó un rechazo unánime de las representaciones sindicales, que calificaron la reforma como “una regresión de derechos y una flexibilización que ya se probó con gobiernos neoliberales, empobreciendo a los trabajadores”.
“Si el Gobierno quiere salarios dinámicos, lo mínimo sería garantizar aumentos que acompañen la inflación y reglamentar el artículo 14 bis, que permite la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales”, planteó Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria.
“Cualquier intento de avanzar hacia la negociación salarial individual es peligroso. La negociación colectiva equilibra las relaciones de poder entre trabajador y empleador. No podemos discutir convenios individuales mientras miles de argentinos siguen sin empleo digno”, señaló Mario Lavia, secretario adjunto de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles.
La CGT emitió un comunicado en el que denunció que “la pretendida Reforma Laboral del Gobierno Nacional ratifica el capítulo laboral del decreto 70/23, ya rechazado por la central y frenado por la Justicia”.
La central obrera marcó así un límite al diálogo con el Ejecutivo. Se retiró de la Mesa del Pacto de Mayo, en la que también participa la Unión Industrial Argentina (UIA), en señal de protesta por las propuestas de la administración libertaria. En ese espacio había participado como representante sindical Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, gremio cuyo convenio colectivo suele presentarse como modelo de “modernización” del trabajo.
En el Consejo de Mayo, el ámbito multisectorial impulsado por Milei para debatir reformas estructurales en la segunda mitad de su mandato, ya se acordaron cambios sensibles: la restricción de licencias para delegados gremiales en pymes, la eliminación de feriados y la reducción de días de asueto por actividad.
También se avanzó en la creación del Fondo de Cese Laboral, que reemplazaría al sistema clásico de indemnizaciones. Sin embargo, las empresas desestimaron ese mecanismo, lo que motivó un reclamo público del ministro desregulador Federico Sturzenegger durante el último Coloquio de IDEA. En paralelo, el proyecto elimina los artículos que multiplicaban las indemnizaciones por despido o establecían multas.
“La política de ingresos de este gobierno llevó a que las remuneraciones sean miserables”, sostuvo Cremonte, quien además recordó el pasado empresarial de Cordero: “Actúa como el gerente de Recursos Humanos de Techint”.