Julián Álvarez pegó primero y Exolgan tiene que paralizar el trabajo. Avanza una demanda de fondos para el arreglo de calles de Quilmes y Lanús.
Julián Álvarez y Mayra Mendoza reclaman fondos al puerto de Dock Sud
Puertos bonaerenses: Mónica Litza y los conflictos de gestión en Dock Sud
El dragado del Puerto de Dock sud retrasado por el lobby de China.
La justicia bonaerense ordenó la paralización de la obra de ensanche del canal de navegación principal y la modernización del muelle del Puerto de Dock Sud, en Avellaneda, que realiza la empresa Exolgan, y habilitó la denuncia del intendente de Lanús, Julián Álvarez, contra las 12 empresas de logística de la terminal por el desgaste de la red vial municipal.
El jefe comunal lanusense, que es también director del Consorcio de Gestión de Dock Sud, en representación de los municipios aledaños al puerto, ganó la primera batalla judicial, y la terminal de Contenedores Exolgan S.A, del holding International Trade Logistics (ITL) debe frenar la obra que fue anunciada junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof y que implica una inversión de u$s 143 millones.
Los trabajos que ordenó “frenar de inmediato” la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora buscan duplicar la capacidad operativa del puerto, que pueda operar con buques de última generación, denominados Neo Panamax.
Álvarez sostiene que el Puerto de Dock Sud genera ingresos millonarios para las empresas, pero origina externalidades negativas que soportan los municipios aledaños, que no reciben un beneficio económico proporcional a la inversión pública que realizan.
El objetivo final de los municipios es que las empresas operadoras del puerto, como Exolgan, YPF, Raízen, Terminal Tagsa y Loginter, entre otras, aporten el dinero que compense los daños de los últimos cinco años, y genere un fondo para inversiones futuras en infraestructura. Es un modelo de gestión que se usa habitualmente en los principales puertos del mundo.
La demanda adjunta pruebas fotográficas y videos de avenidas de Lanús y Quilmes marcadas por los “huellones” que dejan los camiones, además de que también arrasan con los cableados de servicios; y detalla que reparar 100 metros de hormigón está cotizado en $ 225 millones. Hay un factor que favorece el desgaste, las napas freáticas en esa región están altas, y la presión del paso de los camiones destruye más fácil las calles.
La disputa es por la plata para mantener la infraestructura vial que usan todos los vecinos. Y se mezcla la política: Álvarez es camporista, al igual que su par de Quilmes, Mayra Mendoza, ahora con licencia en el municipio, porque asumió como diputada provincial.
El referente político del puerto es Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, que integra el Movimiento Derecho al Futuro que busca la candidatura presidencial de Kicillof. Ferraresi logró ubicar al frente del Consorcio a la massista Mónica Litza, que desde su arribo, no paró de ensanchar la plantilla de nombramientos políticos con el presupuesto del Puerto provincial. Eso también entorpeció el clima interno del puerto, porque los nombramientos de Litza desplazaron a personal técnico y profesional de planta de la terminal.
Litza también generó la paralización de la adjudicación de otra obra fundamental para el puerto, que es el dragado y ampliación del canal sur. El puerto bonaerense es un nodo logístico que moviliza el 95% de la carga contenerizada de la provincia y constituye más del 40% del total nacional.
La licitación del dragado se realizó en septiembre de 2025 y permanece sin definición, pese a que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conformaron Compañía Sudamericana de Dragado, la representante en Argentina de la belga Jan de Nul y Servimagnus, ganó la licitación.
Sin embargo, Lizta permitió el lobby de una empresa China, que se presentó luego del cierre del proceso, y ahora se estaría proyectando abrir un nuevo proceso licitatorio, lo que abre la puerta a la judicialización del procedimiento original y un problema nuevo para el sistema de puertos bonaerenses.
Para sumar problemas, el gobierno nacional, mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), denunció en la justicia federal de Quilmes, a los integrantes del directorio del Consorcio de Gestión, porque les reclama una deuda de casi u$s 6 millones por tareas de dragado y balizamiento en los dos canales de acceso al puerto bonaerense. La ANPyN es el mismo organismo que intervino por al menos un año el puerto de Ushuaia.