Las facilidades para traer alimentos manda a las pequeñas y medianas empresas al fondo de la tabla. La fiesta de las grandes y planteos por competencia desleal.
Pymes impactadas por la apertura de importaciones de Toto Caputo
Unas 75 mil pymes quedaron en zona de riesgo por la decisión del ministro de Economía, Toto Caputo, de otorgar exenciones impositivas y dólares oficiales rápidos para abrir las importaciones de alimentos de la canasta básica y medicamentos; facilidades a las que no acceden las empresas locales.
La medida gubernamental impacta en 14.000 pymes que producen alimentos, 1.800 de bebidas, 500 que fabrican artículos de limpieza y 400 laboratorios que elaboran medicamentos y que, en conjunto, compran materias primas a otras casi 60.000 compañías nacionales que son parte de la cadena de valor del sector.
“El Gobierno inclina la cancha en contra de la producción nacional, genera competencia desleal con las empresas que venden alimentos, y que ahora pueden importar con más facilidad, para dejar de vender lo que se produce en Argentina”, dijo Daniel Rosato durante la presentación del tercer informe del Observatorio Industriales Pymes Argentinos (IPA). A ese ecosistema hay que sumarle empresas de servicios, como transporte, almacenamiento e intermediación financiera.
El cuadro de situación se da en un contexto de recesión, con el 54,6% de la capacidad instalada en uso. Esto es una de cada dos máquinas apagadas y en un nivel similar al de 2020 en plena pandemia. En Argentina hay 2,3 millones de empleos industriales registrados y el 66% de quienes trabajan en ese conjunto, cerca de 1,5 millones, lo hacen en pymes.
Las pymes quedan en posición de desventaja frente a la decisión de Caputo y del secretario de Comercio, Pablo Lavigne, de “castigar” a las grandes alimenticias del mercado local nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a las que la administración libertaria responsabiliza de que la inflación de la canasta básica de consumo no baje como la administración de Javier Milei pretende.
Las beneficiadas con la medida gubernamental son las grandes empresas del retail de alimentos: los hiper y los supermercados, que ya están comprando productos importados que llegarán a las góndolas en 30 días.
Las grandes alimenticias, con fábricas instaladas en el país, como Arcor, Mondelez, Molinos Río de La Plata, Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Unilever y Paladini, entre otras, también tienen la estructura para ponerse a importar y echar a sus trabajadores.
"Esta medida mas que alivianar los precios, facilita los negocios y la rentabilidad de las grandes superficies", dijo Federico Cuomo, miembro de la Unión Industrial de Avellaneda y dueño de una empresa alimenticia. "Los precios se van a acomodar cuando las pymes tengamos más posibilidades sumar producción, para lo que necesitamos acceso al crédito y un sistema impositivo acorde a estructuras más chicas. Por caso, yo con 12 empleados pago los mismos impuestos que una multinacional que tiene el 80% del mercado nacional".
Caputo ya adelantó que va a seguir abriendo las importaciones de productos de otros sectores que no bajen los precios. "Los vamos a poner a competir; pasa que no tenemos dólares para todos”, planteó el ministro.
En diálogo con Letra P, un ejecutivo de las empresas transnacionales que fabrican alimentos en Argentina explicó: “Esto ya pasó hace décadas. La flexibilización de importaciones puede promover distorsiones y situaciones de competencia desventajosa, por lo que hay que atender al entorno pyme para que no sufra impactos graves”.
El informe mensual del Observatorio IPA elaborado por los responsables de las consultoras Marca Pyme y Épica, Pablo Bercovich y Martín Kalos, enumeró los factores que impactan negativamente sobre la competitividad que les reclama el Gobierno a las empresas.
Entre otros, marcaron la presión tributaria que ronda el 30% del PIB y llega al 55% debido al peso de la economía en negro; la logística con altos costos por la falta de transporte fluvial y por tren, y agravada por la paralización de la obra pública; y la falta de crédito, a raíz de que el Gobierno cortó el financiamiento subsidiado de Banco Nación.
El informe de IPA presentó la proyección de la actividad de los sectores productivos en 2024 y anticipó que la economía nacional "va a marchar a dos velocidades distintas".
En crecimiento estarán sectores como el agroalimentario, el minero, el hidrocarburífero y los vinculados a las energías renovables, también impulsadas por las desregulaciones que pretende la administración mileísta. También rebotará la actividad agroganadera con un arrastre al alza de los servicios asociados como transporte, almacenamiento y comercio de esos productos.
Por el contrario, los sectores orientados al mercado interno tendrán un mal 2024, con caída de la construcción, del comercio, la intermediación financiera y la industria manufacturera, que ya encadena ocho meses consecutivos de descrecimiento. Un ejemplo del tamaño de la debacle lo grafica el rubro “Muebles y colchones”, que cayó un 25% interanual, poniéndolo en un 40% por debajo de su nivel de producción de enero de 2016 y 2018.