El MPN avanza con la creación de un fondo recaudatorio por el uso del agua. Objetivo, $15 mil millones mensuales. Guiño a Figueroa.
El Chocón, obra emblema para la Patagonia y motivo de disputa entre la Casa Rosada, Neuquén y Río Negro.
Avanza el debate para crear un fondo de recaudación por el uso del agua para generación de energía eléctrica en Neuquén.
El exsecretario de Energía Darío Martínez. El peronismo es crítico a Rolando Figueroa en la Legislatura de Neuquén.
En la Legislatura de Neuquén avanza un proyecto para crear el fondo de recaudación por el uso del agua para generación de energía eléctrica, con la venia del gobernador Rolando Figueroa, que tiene como objetivo recaudar 15 mil millones de pesos mensuales y abre un debate más sobre el manejo de las usinas del Comahue.
A diferencia de otras provincias de la Patagonia como Río Negro, que recientemente aprobó un cobro del porcentaje de facturación, la idea neuquina es un canon por metro cúbico utilizado en las represas de jurisdicción propia o interprovincial, como son las construidas sobre el río Limay. El proyecto es defendido por el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), hoy aliado al gobernador, mientras el Gobierno prorrogó hasta mediados de mayo las concesiones de las hidroeléctricas. Las represas están en manos privadas desde los 90 y la gestión libertaria quiere que continúen así, sin ninguna participación de las provincias.
El borrador de la ley, que ya analizan los equipos técnicos de todos los bloques, tuvo una presentación formal la última semana en comisión. En uno de los apartados del proyecto, que promueve la creación de un fondo de recaudación por el uso de agua para energía eléctrica, avanza en una serie de acciones destinadas a financiar obras y girar fondos a los municipios.
“El fondo, creado por canon, es en parte para subsidios y obras. La idea es crear una empresa provincial de generación de energía”, asegura a Letra P la legisladora provincial Cielubi Obreque, integrante del MPN y presidenta la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones.
Tal cual se expresa en la propuesta con amplio respaldo emepenista, el destino de lo recaudado será para subsidiar la tarifa eléctrica domiciliaria, obras de saneamiento y defensas ante crecidas, al igual que créditos blandos con tasas subsidiadas. También aportará a las arcas provinciales y municipales neuquinas "para la compra de elementos tecnológicos que contribuyan a la eficiencia energética en edificios y establecimientos públicos".
Con la celeridad de avanzar en la discusión y en el texto del proyecto, en los próximos días asistirán a la Legislatura representantes de las autoridades de las represas y cuencas de los ríos Limay y Neuquén, dos espacios técnicos claves en la región dedicados al estudio de las hidroeléctricas.
El contexto de los primeros 100 días de gestión fue más que complicado para las intendencias neuquinas. Con el recorte al fondo compensador del transporte, las ciudades sufrieron el impacto. Lo mismo sucedió con la motosierra del presidente Javier Milei, que paralizó toda la obra pública con financiamiento nacional.
Un respiro al asfixio financiero puede originarse a través de esta movida que avanza en el ámbito parlamentario y a la que casi no hubo cuestionamientos.
En el artículo de asignación de recursos, se plantean tres ítem para girarle fondos a los municipios. El principal, de 25 por ciento, es para aquellas administraciones -comprendidas dentro de la Ley 2.148- con destino a obras de infraestructura básica en asentamientos (luz, gas, cloacas y agua) y lotes con servicios.
Otro de 10 por ciento a localidades -no comprendidas dentro de la Ley 2.148- con destino a obras de infraestructura básica y lotes con servicios; y uno más de 5 por ciento para los que en sus ejidos se encuentren las represas hidroeléctricas, “destinado a obras varias”.
Básicamente, los bloques aliados le dieron el visto bueno al tratamiento. Lo mismo sucedió con la oposición peronista, representada en el exsecretario de Energía Darío Martínez, quien alertó de "una inminente judicialización" de las empresas a cargo de la concesión, que vencía este martes y el Gobierno prorrogó por 60 días, lo que provocó una interna entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.