En un gesto a los gremios, busca auxiliar a unos 12.000 mil agentes que destinan entre 25% y 50% del sueldo para saldar créditos. Pulseada con acreedores.
El gobierno de Santa Fe decidió avanzar sobre un problema que creció en silencio y explotó con crudeza en los recibos de sueldo: el endeudamiento del personal del Estado. Con un decreto en elaboración, la gestión de Maximiliano Pullaro busca ordenar los descuentos automáticos, limitar la carga de deuda y forzar a las entidades acreedoras a reconfigurar el negocio.
La radiografía oficial es contundente. Un 33% del equipo de trabajo que compone la administración pública -alrededor de 35 mil personas- tiene deducciones activas sobre sus haberes mediante el sistema de “código de descuento”, un mecanismo que habilita débitos automáticos por créditos tomados con entidades financieras. Dentro de ese universo, 12 mil están en una situación crítica: entre el 25% y el 50% de su salario se destina a pagar deudas. En promedio, deben el equivalente a cinco sueldos.
La medida va en línea con los gestos de distensión con los sindicatos que Pullaro exhibió en febrero pasado, durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Buscando tender un puente para recomponer una relación deteriorada con un sector que fue clave para su triunfo en 2023, anunció medidas para el sector pasivo, agradeció el esfuerzo de docentes y aseguró: "Vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos para los empleados públicos”.
La decisión política se aceleró tras las protestas salariales de comienzos de año, cuando la administración provincial detectó una distorsión entre pagos e ingresos reales que encendió alarmas.
Allí se tomó la decisión de avanzar en el "plan de protección de salarios". Según contaron a Letra P en el gobierno, en muchos casos los recibos de sueldo mostraban ingresos netos muy por debajo de los salarios nominales. Personal con ingresos de 1,5 millones de pesos podía terminar cobrando apenas 800 mil.
El fenómeno no es marginal. Según fuentes del Ministerio de Economía, la acumulación de créditos y el peso de los descuentos automáticos estaban generando una suerte de “salario licuado”, generando situaciones que para el gobierno de Pullaro no se correspondían con la realidad de la escala salarial. “Veíamos recibos de sueldo muy por debajo de los que pagamos”, resumieron.
El problema también se extiende a otros sectores. Hay unas 7 mil personas jubiladas en condiciones similares. En el ámbito privado el universo de trabajadores endeudados se estima que alcanza a entre 50 mil y 60 mil personas.
El diagnóstico oficial es que se trata de un fenómeno estructural, agravado por la caída del poder adquisitivo y el crecimiento del crédito informal o semiformal. Los números del Banco Central van en esa sintonía.
El paquete que anunciará la Casa Gris tiene tres ejes. El primero, es el ordenamiento del sistema de códigos de descuento, que hoy permite que múltiples entidades apliquen débitos sin una supervisión integral. El segundo es un reempadronamiento general.
El tercer punto es el más sensible: una reducción drástica del límite de descuento sobre los salarios. Actualmente, ese tope puede llegar al 50%. La intención oficial es bajarlo al 25%. “El 75% del sueldo se cobra”, sintetizan en el gobierno, marcando el objetivo político de garantizar un piso de ingresos disponible para los trabajadores.
La medida se implementará por decreto y obligará a las entidades acreedoras a recalcular sus esquemas. En los hechos, implica una redefinición del negocio para mutuales y financieras que construyeron su expansión sobre el descuento directo en recibos de sueldo.
El riesgo en el gobierno, saben, es que en público se interprete como un salvataje financiero a empleados estatales. “Es un problema real que hay que abordarlo”, defienden en la administración provincial.
El costo fiscal, si se toma la masa total, alcanzaría los 8 mil millones de pesos “en el peor de los escenarios”, algo que en el gobierno no ven como un número desmedido. “Estamos hablando de un semestre y, por mes, estamos invirtiendo 16 mil millones de pesos en asistencia alimentaria”, ejemplifican.
El mapa de acreedores es heterogéneo. Los bancos representan menos del 10% del total de los créditos. El grueso se concentra en mutuales sindicales, asociaciones más pequeñas -como clubes del interior, por ejemplo- y, principalmente, en la Red Mutual, una estructura encabezada por Walter Grenón que opera en casi la mitad de las provincias del país.
En ese contexto, la estrategia oficial combina presión y negociación. “Las entidades deberán ofrecer refinanciación o atenerse a quedar fuera del sistema”, advierten en la cartera comandada por el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.
Es decir que para cumplir con el nuevo tope del 25%, los acreedores tendrán que extender plazos y rediseñar sus créditos.
La tensión es evidente. En el gobierno reconocen que no se trata de una medida simpática para el sector financiero y mutual, pero confían en que terminarán aceptando.
“Salvo que en la próxima protesta estén en la puerta de gobernación explicando por qué no alcanza el sueldo”, ironizan en despachos oficiales. “No es una decisión cómoda a un año de las elecciones, pero hay que hacerlo”, agregan.
El plan no se limita a restringir descuentos. También busca ofrecer una salida ordenada al sobreendeudamiento. En ese sentido, el Banco de Santa Fe prepara una línea de financiamiento específica para recomponer pasivos, con tasas más accesibles y plazos más largos.
Otras entidades regionales -como el Banco Municipal de Rosario o el Banco Coinag- seguirían el mismo camino. Además, también hay charlas con los sindicatos para que puedan hacerse cargo de manera global de las deudas de sus afiliados y que las reestructuren con las entidades gremiales.
Para los trabajadores del sector privado, la provincia también avanza en conversaciones con empresas y cámaras explorando esquemas alternativos.
Una de las opciones en análisis es que las compañías absorban parte de la deuda de su personal como capital de trabajo, transformando un pasivo personal en una herramienta productiva.
En los segmentos más vulnerables, aparece el rol del Banco Solidario, orientado a microemprendedores y economías de menor escala. Allí también se evalúa aplicar líneas específicas para refinanciar deudas pequeñas y evitar la exclusión financiera.
El trasfondo de la iniciativa excede a Santa Fe. A nivel nacional, el endeudamiento de los hogares volvió al centro de la escena con indicadores de morosidad en alza y niveles que no se registraban desde hace dos décadas.
En ese contexto, la decisión de Pullaro de intervenir sobre el sistema de descuentos aparece como un intento de anticiparse a un problema mayor. El desafío, en cualquier caso, será sostener el equilibrio entre alivio social y estabilidad financiera.
