El partido bonaerense de Luján tiene el basural a cielo abierto más grande de la Argentina. Son 12 hectáreas donde, durante 60 años, se acumularon millones de toneladas de residuos urbanos sin ningún tipo de control. El Gobierno consiguió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir una Planta de Tratamiento y el Centro de disposición final, pero las asambleas vecinales de Open Door y Sucre rechazan el lugar elegido para la obra. La búsqueda de una solución viable derivó en un conflicto legal con final incierto.
La trama de la pelea ya tiene ramificación judicial, política y social, con acusaciones cruzadas por corrupción e "intereses mezquinos", terrenos usurpados y millones de dólares en juego. Mientras tanto "La Quema", como se conoce el lugar, sigue funcionando sin control alguno, contaminando y enfermando a los vecinos de la zona. También a más de 200 personas que a diario se exponen para esperar que los camiones vuelquen los residuos, para embolsar -casi en el aire- los materiales que puedan ser recuperados para la venta y reciclado. Los desechos sobrantes, se queman, y el basural se convierte en un espacio donde el humo con restos químicos, las ratas y los gusanos son el paisaje habitual.
El conflicto es puntual en el partido de Luján, pero no es ajeno a lo que sucede en otros distritos de un país donde hay 5.000 basurales a cielo abierto; y donde las autoridades y residentes se preguntan ¿cómo se gestionan los residuos urbanos y a cuáles son los lugares para su disposición final?
En la pelea por el basural de Luján pugnan, por un lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que encabeza ,Juan Cabandié y el viceministro Sergio Federovisky, y la administración municipal lujanense a cargo de Leonardo Boto (Frente de Todos). Por el otro, asambleas vecinales autoconvocadas de las localidades de Open Door y Sucre, que resisten a que se concrete la propuesta del Estado nacional y el municipal. La cara visible de las asambleas es Viviana Novelle, una abogada que tiene una huerta orgánica ubicada a 1.200 metros del nuevo relleno y tomó la causa casi como una lucha de vida.
El proyecto que se había iniciado, pero fue paralizado por la Justicia, es la construcción de una planta de separación y reciclado de residuos urbanos, una guardería para los trabajadores, y un relleno sanitario para disposición final de los excedentes. En el marco del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto impulsado por la cartera ambiental te, la iniciativa de reconversión es financiada por el BID y según el ministerio tiene un presupuesto de 12,5 millones de dólares. Novelle, en cambio, sostiene que son 18 millones porque hubo una "ampliación".
La causa del conflicto es la ubicación del nuevo predio que se eligió para la construcción de la Planta de Tratamiento y disposición final de los residuos. Es un predio de 8 hectáreas en la localidad de Sucre, a 200 metros de la ruta nacional 192, que era propiedad del Ferrocarril San Martín -operada por la estatal Belgrano Cargas- y que fue donado al municipio por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Las asambleas vecinales que se oponen al proyecto argumentan que ese predio de Sucre, donde estará el nuevo relleno sanitario, es “muy pequeño” y está pegado, alambrado de por medio, a un predio de 200 hectáreas donde funcionan emprendimientos tales como la cría de caballos de polo y hay una huerta de verduras orgánicas. Novelle es la dueña de la huerta Tallo Verde. Del otro lado del predio está la vía y muy cerca el Country Las Praderas.
La discusión está estancada. Boto y Federovisky aseguran que quienes se interponen “son 14 familias que no viven en Luján y que se sienten por encima del derecho de 120 mil lujanenses”. La abogada Novelle acusa al jefe comunal y al funcionario nacional de “hacer negocios y no pensar en salud de los pobladores”.
Por una denuncia de Novelle, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pintos, suspendió la construcción de la Planta de Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos que se está construyendo en el predio de Sucre y también le ordenó al municipio de Luján que no lleve más residuos al viejo basural.
El Ministerio de Medio Ambiente ya apeló la medida de Tezanos Pintos, y ahora hay que esperar qué resuelve la sala 2 de la Cámara Federal de San Martín, donde tramita la causa judicial.
El juez valoró “los peligros de daño ambiental” que constan en los informes técnicos aportados por las asambleas vecinales que presentaron el amparo denunciando “falencias socioambientales para la instalación del relleno sanitario en el predio Sucre, incertidumbres respecto al saneamiento integral del basural a cielo abierto existente en Luján”.
