Energía extendió por 24 meses el período de transición para reconfigurar el negocio con reglas menemistas. Los nuevos “almacenistas” y las tasas provinciales.
Toto Caputo y María Tettamanti, los funcionarios de Javier Milei para la trasformación del área de Energía
El presidente Javier Milei blanqueó que no podrá completar este año la reconfiguración y modernización del sector eléctrico que prometió y que ahora las reformas y modificaciones pendientes se extenderán hasta mediados de 2027. La vuelta a las reglas de juego de los años 90 fue uno de los objetivos principales Eduardo Rodríguez Chirillo, primer responsable del área de Energía.
Tras implementar una serie de cambios al comienzo de su gestión en diciembre de 2023, Chirillo estableció una hoja de ruta que preveía concluir la “transformación y descentralización del sector eléctrico” a mediados del año pasado.
Los problemas heredados, las complicaciones operativas iniciales y las disputas internas con el ministro de Economía, Toto Caputo afectaron los planes Chirillo, quien tampoco pudo poner en marcha su esquema de eliminación de subsidios tarifarios basado en una Canasta Básica Energética que cambiaba según los meses y las regiones del país.
Tras dejar su cargo en octubre pasado, las riendas de Energía quedaron en manos del la antigua directora de Camuzzi Gas María Tettamanti, quien a principios de 2025 logró avanzar algunos casilleros con la flexibilización de regulaciones referidas a las compras de combustibles para las centrales de generación y la venta directa de energía a medianos y grandes usuarios.
Entre marzo y abril también se agregaron las normalizaciones de las concesiones de Edenor, Edesur y las transportistas privadas del sistema eléctrico nacional con la aprobación de las “revisiones tarifarias quinquenales”.
Ahora, con la aprobación del decreto 450/25, el Gobierno procedió a adecuar una serie de artículos de las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio) y a fijar un nuevo plazo para la implementación de las medidas que faltan para completar la “reestructuración integral del sector eléctrico”.
La parte resolutiva de la nueva norma fijó un período de transición de 24 meses que expirará seis meses antes de que finalice el mandato de Milei, durante el cual se deberían definir y poner en práctica las modificaciones complementarias que restan para sacar al Estado del medio y “restablecer la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica”.
En los próximos dos años, la Secretaría de Energía deberá desarrollar todas las acciones necesarias para "una transición gradual, ordenada y previsible” mediante el dictado de las normas destinadas a estos objetivos:
Procurar la desconcentración (vertical, horizontal e intersectorial) y un mercado de competencia de hidrocarburos en orden a la libre contratación del combustible por parte de los productores eléctricos.
Entre las modificaciones principales introducidas en la ley de marco regulatorio eléctrico sobresale el reconocimiento como nuevo actores del mercado otorgado a los “almacenistas, comercializadores y los usuarios generadores que pluralizan la oferta y demanda de energía”.
Los almacenistas son los dueños de las baterías y equipamientos que permiten stockear energía durante un tiempo para volcarla luego al sistema en los momentos de mayor demanda o ante la falta de generación.
Actualmente Cammesa tiene en curso una licitación para contratar megabaterías eléctricas destinadas a reforzar el suministro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el caso de la ley de Energía Eléctrica, uno de los cambios que promete generar chispazos con las autoridades provinciales es el que establece que “se considerará que interfiere con los objetivos de la legislación federal en la materia y con la libre circulación de energía eléctrica cualquier tributo de orden local en tanto no retribuya servicios prestados de manera efectiva, concreta e individualizada o que exceda el costo específico del servicio efectivamente prestado”.
La normativa también determina que será tomado como una interferencia pasible de sanciones “cualquier acto o norma de gobiernos provinciales o municipales que impida o restrinja tanto el traslado del costo de adquisición de la energía eléctrica a la tarifa de los usuarios finales de los prestadores locales, como el pago de las deudas de tales prestadores cancelables” con Cammesa.