Plan de lucha gremial por despidos. Reclamo de usuarios por el levantamiento de barreras. Denuncias contra la estatal Corredores Viales e intervención.
Las rutas argentinas de Javier Milei
La estatización temporaria y suspensión del cobro de peaje en la autovía del Mercosur y en el puente Rosario-Victoria hasta que regresen a manos privadas, le generó al gobierno de Javier Milei al menos tres nuevos focos de conflictos y reclamos.
El gremio del personal de peajes conducido por Facundo Moyano lanzó un plan de lucha que podría derivar en un bloqueo al tránsito vehicular en las rutas nacionales y en la autopista Riccheri.
Quienes usan estas rutas reclaman el levantamiento de todas las cabinas de la estatal Corredores Viales (CV) por la desinversión y el mal estado de las calzadas.
Según denunciaron profesionales de Vialidad Nacional, esta empresa está irregularmente al margen de los controles del Gobierno y no recibe sanciones ni multas por la falta de mantenimiento de las rutas.
La decisión oficial de no prorrogar el contrato de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) dejó en la última semana a casi 500 trabajadores en la calle y sin cobrar las indemnizaciones correspondientes por el concurso de acreedores que atraviesa la empresa.
Ante los despidos, el sindicato de peajistas reaccionó con medidas de fuerza que incluyen el bloqueo parcial de rutas y la liberación transitoria de barreras de peaje.
A esto el gremio de Moyano le sumó una solicitada en La Nación, en la que asegura que “el Gobierno no tiene un plan claro y realizable para la infraestructura vial”; advierte que "se ha entregado la gestión de las rutas a la poco transparente Vialidad Nacional que está en manos de quienes ya han demostrado que no pueden gestionar lo que tienen a cargo”; y considera que se está frente al "peor escenario" porque no se avanza con la privatización de Corredores Viales.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), por su parte, le solicitó a la gestión mileísta que aplique la misma vara que usó con CRUSA para la situación de Corredores Viales, que está a cargo de la autopista Riccheri y diez tramos más de rutas nacionales con peajes.
“Si se levantaron los peajes de la concesionaria privada por falta de inversiones e incumplimientos de obras, no se entiende por qué no se toma igual medida con CV que sólo está para recaudar y no destina un solo peso al arreglo de las rutas que tiene a su cargo”, exigió el coordinador del Conaduv, Ricardo Lasca.
Tras destacar que “nadie controla y sanciona a CV”, Lasca recalcó: “Se debe poner punto final al actual sistema de falso peaje o impuesto al tránsito que rige desde los años 90 y provoca perjuicios sociales y económicos enormes a la sociedad al vulnerar el derecho a transitar libremente por no existir caminos alternativos libres de pago”.
Con respecto a la falta de controles de la concesionaria estatal, el secretario general de la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad, José Rizzo confirmó a Letra P que “el desempeño de la empresa debería ser supervisado por el Gobierno, pero en la práctica los controles no existen y por eso no se registran multas y penalidades”.
“La que debería controlar y sancionar a CV es la Gerencia de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional que absorbió las funciones del antiguo ente de control Occovi, pero hasta ahora no sacó ninguna resolución por la falta de inversiones y el estado deplorable de las rutas”.
Rizzo atribuyó la falta de controles a que Vialidad Nacional es la dueña del 49% de las acciones de la empresa estatal.
Ante esta situación irregular, si le aplica una sanción a CV, el organismo vial se estaría sancionando a sí mismo y reconociendo que no cumple con las obligaciones contractuales.
Pese a que no la penalizó como correspondía, en los últimos meses Vialidad Nacional le advirtió en dos ocasiones a las autoridades de Corredores Viales que debían arreglar las rutas.
En una nota de fines del año pasado, le pidieron a la concesionaria estatal que “de manera prioritaria realice las intervenciones necesarias en los sectores más comprometidos, de manera tal de mantener las calzadas con condiciones adecuadas de transitabilidad”.
En otra misiva de fines de enero, Vialidad Nacional volvió a exigirle que “intervenga sobre la calzada y banquinas con tareas de bacheo, reparación de deformación de bordes, reparación de losas de hormigón rotas, reposición de barandas de defensa, corte de pasto en curvas y en zonas donde se ve afectada la visibilidad”.
En medio de los cuestionamientos, la gestión libertaria resolvió intervenir la empresa. Por medio del decreto 244/25, Milei sacó al macrista José Luis Acevedo, el ex titular de AUSA que había asumido en diciembre de 2023 con el apoyo del diputado nacional Diego Santilli, y puso como interventora a Anastasia Adem, quien tiene entre sus antecedentes haber sido vicepresidenta del BICE Leasing y Nación Leasing en la gestión de Mauricio Macri y gerenta general administrativa de Casa de Moneda con Alberto Fernández.
Al igual que el menemista riojano Marcelo Campoy que se hizo cargo de Vialidad en julio del año pasado, la llegada de Adem a Corredores Viales habría venido de la mano de Lule Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y hombre de confianza de Karina Milei.
En los fundamentos de la intervención, el Gobierno dejó entrever sospechas sobre la conducción anterior al señalar que “resulta adecuada la adopción de medidas urgentes tendientes a llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación actual de la sociedad y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el proceso de privatización sin comprometer las obligaciones contractuales asumidas por la empresa".
