Son las primeras concesiones viales de la gestión mileísta. Las tarifas tope, las obras por realizar y el criterio de adjudicación de las licitaciones.
Las rutas argentinas de Javier Milei
El presidente Javier Milei puso en marcha las dos primeras concesiones de rutas nacionales con peaje. Tras casi ocho meses de atraso con respecto a los plazos iniciales y con más de un año y medio sin trabajos mínimos de mantenimiento, la privatización vendrá con aumentos fuertes en las tarifas.
Por medio de la resolución 29/25 de la Secretaría de Transporte que comanda el empresario del sector asegurador Luis Pierrini, la gestión libertaria lanzó el proceso licitatorio del Tramo Oriental, que comprende la autovía del Mercosur y el ingreso al puente binacional de Pasos de los Libres-Uruguayana; y del Tramo Conexión, que engloba los caminos de accesos y la conexión vial Rosario-Victoria.
Los pliegos incluyen una novedad tarifaria que va camino a encarecer sensiblemente tanto el gasto de las personas usuarias de autos particulares como el costo operativo de los camiones de cargas.
El valor del peaje de referencia que podrán embolsar las nuevas concesionarias en las cuatro estaciones de la autovía del Mercosur (Zárate, Colonia Elías, Yerúa y Piedritas) es un 184% más elevado que la tarifa unificada que cobra actualmente la estatal Corredores Viales en las rutas nacionales principales que tiene a su cargo y que también están en agenda para pasar a manos privadas en los próximos meses.
Según las reglas licitatorias fijadas por los funcionarios de Vialidad Nacional, la tarifa básica tope que regirá para las nuevas concesiones será de $ 3.699 frente al valor actual de $ 1.300 que pagan los autos en todas las cabinas de las rutas nacionales.
Los pliegos prevén, además, la instalación de una nueva estación de peaje en el acceso al puente fronterizo binacional de Pasos de los Libres-Uruguayana, donde la tarifa tope de peaje trepa a $ 9.247.
Hasta el 9 de abril, los tramos Oriental y Conexión estuvieron en manos de la privada CRUSA, a la que se le terminó el contrato que tenía desde la década del 90.
Tras el retiro de la operadora, la administración mileísta decidió levantar las cabinas de peaje y asumir un mantenimiento mínimo y transitorio de las rutas y el puente hasta setiembre próximo.
Tal como había anticipado Letra P, las nuevas concesiones abarcarán tanto las tareas de “construcción, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento de las rutas y prestación de servicios a los usuarios bajo el cobro de peajes” como la instalación y operación de “nuevas explotaciones complementarias o colaterales”.
Una vez que se hagan cargo, las futuras concesionarias podrán reubicar las estaciones de peaje existentes y solicitar la instalación de nuevas. No se prevén obras de ampliación y las nuevas operadoras privadas sólo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual cumpliendo con la realización de tres tipos de obras:
Entre los negocios colaterales que podrán encarar se encuentran: centros comerciales; farmacias; paradores de camiones; lavaderos de vehículos; hotelería; cajeros automáticos; confiterías; restaurantes; estaciones de servicio; depósitos fiscales y equipos de telecomunicaciones.
Como mecanismo de financiación, las concesionarias podrán ceder en garantía hasta un 70% de los ingresos que recauden por peajes y negocios complementarios.
Para el cobro de los peajes, deberán implementar durante el primer año de operación el sistema “Free flow” y contar con un sistema de detección automática de patentes en todas las estaciones, pudiendo dejar a su criterio algunas vías mixtas de pago.
Otro aspecto saliente de los pliegos tiene que ver con los plazos contractuales variables entre 20 y 30 años que pueden tener las distintas concesiones. La duración de la concesión será propuesta por los oferentes en función de sus costos y expectativas de ganancia.
Tanto el monto de la tarifa como la duración del contrato serán factores clave en la asignación de los tramos. Si una oferente solicita cobrar una tarifa inferior al valor tope, el plazo contractual será de 20 años. En cambio, si cotiza la tarifa tope y pide más años, el plazo de la concesión podrá ampliarse hasta un máximo de 30 años.
Las licitaciones se realizarán con el sistema de doble sobre y a través de la plataforma CONTRAT.AR.
Para la adjudicación de los tramos se aplicará el criterio de la “oferta económica más conveniente”. Primero se tomará en cuenta como mejor oferta la que exhiba el valor de peaje más bajo del tope tarifario. Si todas las oferentes cotizan la tarifa tope de peaje entonces prevalecerá aquella propuesta que contenga el menor plazo contractual.
Si se cumple el cronograma oficial, las empresas interesadas en el negocio de los peajes deberán presentar sus ofertas el próximo 5 de agosto.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) ya criticó la iniciativa privatizadora de la administración libertaria. El coordinador de la entidad, Ricardo Lasca advirtió que “se vuele a insistir con un sistema que fracasó y que convirtió al peaje en un impuesto al tránsito".
"Las licitaciones no prevén obras de ampliación y sólo contemplan trabajos de mantenimiento y corte de pastos junto con un permiso amplio para habilitar negocios colaterales en terrenos que son propiedad de Vialidad Nacional”, cuestionó.