Se oponen a no cobrar tasas municipales en sus facturas. Un juez las avaló. Sergio Ziliotto y el peronismo como escudos. La excepción de General Acha.
La Pampa: quién es quién entre las cooperativas de energía que resisten contra Toto Caputo
Las cooperativas son un actor principal en La Pampa. La entidad que las nuclea, la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (Fepamco), arrancó febrero anotándose un punto en la disputa contra el Ministerio de Economía de Toto Caputo, quien impulsó la prohibición del cobro de tasas municipales en las facturas de servicios.
El juez federal Juan José Baric hizo lugar a una medida cautelar que las cooperativas habían presentado en octubre contra la resolución 267/24 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. La medida buscaba bloquear la facturación de tasas locales en las boletas de luz y gas. Las entidades sostienen que la medida viola la autonomía municipal, afecta contratos entre las empresas y los municipios, interfiere en los estatutos y ataca a la Constitución provincial.
El magistrado, bicho raro y controvertido, no resolvió la cuestión de fondo, pero suspendió los efectos de la resolución. En el cooperativismo celebran el tanto, pero ya se preparan para amortiguar los golpes que provocará la última desregulación firmada por la responsable de Energía, María Tettamanti.
La decisión de eliminar el rol de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammessa) encargada de comprar combustibles para las generadoras térmicas e intermediaria de los contratos de abastecimiento para grandes usuarios y distribuidoras que proveen a los residenciales, perjudica directamente a las eléctricas pampeanas. La provincia representa apenas el 1% de la demanda nacional. Eso implica discutir precios en tierra de nadie. Es el peor escenario para las empresas de la economía solidaria.
La desregulación libertaria y las proyecciones que trazan las cooperativas que prestan servicios esenciales como energía, agua, telecomunicaciones y transporte público gestó una alianza inevitable con el peronismo del gobernador Sergio Ziliotto. Los líderes cooperativos destacan el equilibrio y el lugar que les da el mandatario. Así como la patronal del campo zapatea contra el gobierno provincial en la guerra por los impuestos y la industria le hace guiños para aguantar los azotes de la flexibilización del mercado con los fondos de la banca pública, las principales empresas de la economía solidaria fortalecen las estrategias de supervivencia.
La Pampa tiene un régimen excepcional en materia energética. Todas las concesiones del servicio eléctrico están hechas en favor de cooperativas de servicios. El año pasado, la Federación celebró los 30 años del convenio de concesión firmado con el entonces gobernador Rubén Marín. También tiene una pata en Empatel (Empresa Pampeana de Telecomunicaciones), en Aguas del Colorado (Empresa de Gestión y Administración del agua para consumo humano y ganadero) y en Pampetrol, que son las sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal.
El vínculo podría terminar de sellarse si una promesa de Ziliotto se cumple. El gobernador entusiasmó al sector con la posible concesión de la distribución de gas natural, una vez que venza el contrato en 2026 con la empresa Camuzzi Gas del Sur. Un punto más para consolidar el escudo estratégico contra el avance libertario, aunque a la luz del contexto la idea ahora aparece un poco apagada.
Los referentes del sector militan un discurso claro y sin grietas: endurecerse contra el desfinanciamiento que promueve la Nación y hacer rancho con el gobierno peronista.
Jorge Páez, presidente de la Fepamco, afirma que las cooperativas están resistiendo a un modelo individualista y que “es momento de estar unidos”. Páez es el titular de la Cooperativa de Doblas, al sur de la provincia, y es considerado como un simpatizante del ala vernista, sin mayores definiciones al respecto.
La vicepresidencia de la gremial también se tiñe de verde plural, color con el que se identifica a la línea del exgobernador y líder norteño, Carlos Verna. Hernán Camps preside la cooperativa de Winifreda. Es sobrino de Adriana García, una de las intendentas del grupo de “los no alineados” al proyecto de Ziliotto en el PJ.
Camps fue uno de quienes rápidamente salió a advertir sobre los perjuicios de la Ley hojarasca que pretendió colar Federico Sturzeneger sobre finales de 2024. Aunque él no lo confirma, en el sector sostienen que el abogado winifredense tiene intenciones de candidatearse para la intendencia en las elecciones de 2027.
Otra de las cooperativas que impulsa la resistencia contra el gobierno libertario es la de General Pico. Miguel Prieto es titular de Corpico, cooperativa de la ciudad gobernada por la ultravernista Fernanda Alonso. Prieto llegó a presidir la empresa por la lista Movimiento Nueva Cooperativa, el espacio que conduce la entidad desde 2004 y que comenzó siendo multipartidario hasta volverse peronista casi por completo.
El abogado, autodefinido “militante kirchnerista”, advierte que no está dispuesto a participar de ninguna interna entre las líneas locales. Los sordos ruidos entre el ala dura del vernismo y la conducción de Ziliotto no tienen lugar entre sus prioridades. Sin embargo, dice estar convencido de acompañar la rebelión que encabeza el gobernador frente a Javier Miei. A propósito, advierte que no soportaría un viraje del partido hacia el menemismo.
Corpico es la segunda cooperativa de mayor volumen en la provincia. Tiene 380 personas empleadas y presta servicio eléctrico, de telecomunicaciones, agua, transporte público, sepelio, enfermería y gas envasado. Actualmente lleva adelante el loteo y la venta de 300 terrenos para vivienda familiar, hecho que tocó intereses empresariales y provocó tironeos con las corporaciones inmobiliarias.
La cooperativa más grande de la provincia es la CPE de Santa Rosa y está por llegar a los 100 años de existencia. Tiene una larga experiencia dedicada a repeler las interferencias pejotistas, aunque desde los gobiernos kirchneristas se muestra permeable a las identificaciones con el oficialismo local.
La CPE pudo dar un salto en su prestación de servicios cuando se volcó a la telefonía, internet y la TV por cable. Un mojón que permitió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: fue la primera cooperativa del país en dar ese paso y hasta la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner aplaudió el desafío en la inauguración.
En los últimos tiempos, un tácito pacto entre la entidad y el intendente capitalino Luciano di Nápoli comenzó con el espaldarazo que le dio el alcalde a la histórica conducción de la Lista Celeste en las últimas elecciones del Consejo de Administración. Una lista autoconvocada y ruidosa peleó la silla que actualmente ocupa el presidente Manuel Simpson. La relación entre el jefe comunal y la CPE se profundizó cuando Di Nápoli designó al antecesor de Simpson, Alfredo Carrascal, como gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU).
Otro hito en ese vínculo es la cesión de terrenos en comodato que hizo la CPE para que el municipio monte el Mercado Municipal y el Mercado Concentrador de Alimentos.
Sobre el gobierno provincial, con el que las relaciones no siempre fueron las mejores, Simpson reconoció “la responsabilidad de Ziliotto cuando las cooperativas necesitaron la actualización tarifaria porque no podían sostener los costos”. También dijo que “la provincia ha tenido una política proteccionista para la sociedad” y destacó “las políticas públicas para que los asociados no afrontaran los impactos del los aumentos”. “El gobernador marcó un equilibrio”, juzgó.
María Schroder es bibliotecaria y preside la Cooperativa de Servicios General Acha (Cosega), la ciudad más importante del sur de La Pampa. Llegó en reemplazo de su amiga Elvira Hoffman, última presidenta electa, que permaneció sólo una semana en el cargo por su fallecimiento repentino.
Schroeder, integrante de una lista de “autoconvocados”, está en el extremo opuesto a los referentes del movimiento cooperativo. Adhiere a todas las desregulaciones impulsadas por Milei, considera un acierto la prohibición de cobrar las tasas municipales mediante las facturas de servicios y tacha de “muy politizada” a la Fepamco. Incluso acusa a sus integrantes de haberla echado por no adherir a la “partidización” del movimiento.
Schroder se animó a romper un vínculo histórico entre la entidad y el tercer municipio con mayor cantidad de habitantes del territorio. A finales de 2024, el consejo que preside desconoció unilateralmente el convenio de concesión de alumbrado público y le notificó al intendente radical, Abel Sabarots, que desde febrero la Cosega no prestará más el servicio.