La era Javier Milei: colectivos en Rosario, en riesgo de colapso. (Foto: airesonline)
El primer vuelto que les envió el gobierno de Javier Milei a los gobernadores por el fracaso del proyecto de ley ómnibus en el Congreso es la eliminación del Fondo Compensador con el que la administración central subsidiaba el transporte público de pasajeros urbano y suburbano en las provincias del interior del país. A partir de esa medida, las empresas aseguran que el boleto de colectivos "se va a ir al doble".
La eliminación del Fondo Compensador implica que las provincias dejarán de recibir $11.500 millones mensuales para subsidiar a las empresas de transporte y bajar el precio final del boleto de colectivo. Incluso ya les debían 20.500 millones de la gestión anterior.
“Hay provincias que ponen mucha plata y otras que no. Ahora, los gobernadores y los intendentes aumentan las partidas propias para sostener el precio de los boletos o todo se va a tarifas. El boleto se va a ir al doble”, le dijo a Letra P Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap).
En el interior del país, la tarifa promedio está en $279 con casos de $340 en Rosario y $500 en Pergamino, $297 en Mar del Plata, $340 en Córdoba capital, $380 en Santa Fe y $197 en Río Gallegos, todo según datos de Fatap. Esos valores volverán a aumentar rápidamente.
Lo único que se va a mantener en pie es el denominado atributo social, que es el dinero que pone el gobierno nacional cada vez que un pasajero presenta la SUBE nominada en la máquina del colectivo. Eso implica un subsidio del 55% del valor del boleto. Sin embargo de los, 14.000 colectivos que prestan servicio, sólo 4.500 tiene la máquina lectora de SUBE.
La medida vuelve a profundizar las asimetrías entre el costo del boleto en el interior y el precio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que, según las empresas, seguirán con el boleto mínimo a $270 por lo menos hasta abril.
“En diciembre nos ratificaron que el Fondo Compensador de 11.500 millones mensuales continuaba, pero, evidentemente por el lío que se armó con la ley ómnibus, en la segunda quincena de enero no nos mandaron nada, Lo advertimos en reuniones con el secretario Franco Mogetta y ahora se confirma la eliminación”, dijo Ingaramo.
Milei, Toto Caputo y Mogetta, referente del exgobernador Juan Schiaretti y exabanderado del reclamo de fondos para el sistema de transporte público del interior, cortaron el envío de fondos.
La semana pasada, Mogetta recibió a intendentes de media docena de provincias que se quejaron por las consecuencias que padece el transporte urbano del interior: desgaste de unidades, bajas frecuencias y retiro de servicios por la “distribución asimétrica de los recursos nacionales”. La gestión de los jefes comunales no tuvo el resultado esperado.
El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro se quejó por la decisión del gobierno nacional: “A la provincia de Santa Fe nos quitan 1500 millones de pesos por mes, nunca creímos que se iban a cortar los subsidios”.
Todas las empresas que brindan servicio de colectivos urbanos e interurbanos en las ciudades del interior reúnen unas 14.000 unidades con 35 mil choferes. Esos trabajadores representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) están ahora en un conflicto salarial (con conciliación obligatoria). El costo de la paritaria está calculado en $8.000 millones para enero, $19.000 millones en febrero y $27.000 millones en marzo.
“La decisión del Gobierno no implica un impacto en lo inmediato en el AMBA, donde mantiene la tarifa de $270. Para hacer un cambio en la política tarifaria de la región, debería llamarse a una nueva audiencia pública y hata abril no debería haber cambios en el boleto”, dijo Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta)
Caputo cerró el grifo para los gobernadores y lo argumentó en una decisión que tomaron los gobernadores en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. “Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y gobierno nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.