Los nombres que suenan para el área de telecomunicaciones. Un estudio de abogados con conexiones PRO. Millones en juego y la presión empresaria.
La oficina del presidente electo, Javier Milei, no dio precisiones sobre quién desembarcará en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El organismo es aún tierra incógnita y motivo de pequeñas batallas entre libertarios y macristas. Más claro está el contexto en que se desenvolverá la política de telecomunicaciones del nuevo gobierno: libertad de empresa y un público usuario consumidor de servicios privados.
Sin la oficialización que proporciona la cuenta libertaria en X para comunicar los nombramientos, Guillermo Ferraro, el futuro ministro de Infraestructura, ya presentó su equipo para el megaministerio que incluirá, entre otras, a las telecomunicaciones y mencionó al abogado Tomás Sutton como responsable del área. En principio, Sutton estará a cargo de la transición, pero no queda claro si será titular del Enacom o será el jefe de Gabinete de Ferraro.
Sutton es socio del estudio Moreno Crotto & Asociados (MCA), que también integra Francisco Canese Méndez, que fue director de Jurídicos del Enacom hasta 2018, durante la gestión de Cambiemos. El bufete parece ser un semillero muy fértil.
Sutton nació en 1974 y es especialista en telecomunicaciones egresado de la Universidad de Belgrano. Además, tiene un Master en International Business Transactions de la Universidad de Boston. Por fuera de los diplomas, fuentes del sector señalan su amistad con Agustín Garzón, quien también tuvo altas responsabilidades en el Enacom durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.
En medio de las conexiones amarillas, Sutton cuenta con un link albertista a partir de su parentesco con el embajador argentino en Uruguay Alberto Iribarne. Amigo del presidente Alberto Fernández, Iribarne fue ministro de Justicia entre 2005 y 2007 cuando el actual mandatario era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Abogado, también fue consultor externo de Moreno Crotto & Asociados, el estudio donde reporta Sutton.
Por fuera de la danza de nombres de los últimos días, en La Libertad Avanza también surgen candidatos para el área. El primero es Alejandro Cosentino, el creador de la fintech Afluenta. Suena desde hace meses como secretario de Innovación, una repartición que aún no está claro en qué parte del organigrama estará ubicada. A su vez, el libertario mendocino Rodolfo “Chofo” Bianchi se mostró como representante de Milei en foros de telecomunicaciones durante la campaña. Luego, lo obligaron a callarse.
En la primera reunión de la transición, quienes asumirán como funcionarios la semana próxima preguntaron si "se puede vender el Fondo de Servicio Universal", un fondo fiduciario creado por ley para financiar las obras para conectar a internet a los barrios populares. Ese bolsón de resursos no es el único que depende del Enacom y puede ser vital para la industria de las telecomunicaciones.
Las empresas Telecom, Claro y Telefónica están en la carrera de los U$S 1.000 millones por el espectro de 5G. Tras las PASO, Milei había pedido la suspensión de ese proceso licitatorio. Se relacionó ese reclamo con un preacuerdo del libertario con Carlos Slim. Sin embargo, el magnate mexicano dueño de Claro fue el primero en participar de la subasta pública que habilitó el ministro de Economía Sergio Massa luego de los comicios generales de octubre.
En el pliego licitatorio del 5G quedó consignado que el Estado se va a quedar con un segmento del espectro para la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT). Además, obliga a las telco a ofrecer una “prestación básica universal” para garantizar un plan de 5G con tarifa accesible para personas que no tengan ingresos mayores a dos salarios mínimos vitales y móviles. Ambas medidas habían sido rechazadas por las empresas en primera instancia. Ante el nuevo contexto político, quizás logren morigerar esas exigencias.
Por otra parte, el directorio del ente ratificará que la empresa de cable, telefonía fija e internet Telecentro puede operar el servicio de telefonía móvil, mediante el alquiler de las antenas e infraestructura de red en todo el país de las firmas Claro, Movistar y Telecom. Las telco se niegan a aceptar el precio que les impone el Estado y aseguran que Telecentro, del empresario Alberto Pierri, “nunca aceptó negociar un precio del alquiler razonable para el cuádruple play”.
La justicia que llega tarde no es justicia. Días atrás se consumó la historia de un fallo del fuero federal que tardó tres años, que anula una medida del gobierno nacional que nunca se cumplió por amparos judiciales, y que ya no tiene sentido ante el cambio político. Las ganadoras fueron las empresas Claro, Movistar y Telecom.
El viernes anterior a la consagración de Milei como presidente electo, la jueza federal Cecilia De Negre anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 de agosto de 2020 que dictó el presidente Fernández.
Ese decreto encuadró a las telecomunicaciones como servicio público esencial y ordenó a las telco, por la pandemia, suspender cualquier aumento de precios desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020. Involucraba internet, televisión por cable y telefonía.
En su fallo, la jueza De Negre determinó -luego de tres años y tres meses de análisis- que para cambiar el estatus de un servicio privado a “servicio público” debe intervenir el Congreso. El mensaje concreto fue “un decreto no alcanza, hay que hacer una ley”.
“La declaración de servicio público permitía al Enacom determinar el monto de los aumentos si las empresas no podían justificar lo que ellos querían aumentar”, dijo a Letra P, Gustavo López, el vicepresidente del ente. El organismo ya apeló el fallo de la jueza De Negre ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero queda claro que las próximas autoridades políticas no tendrán voluntad de seguir esa apelación, sino todo lo contrario.
López aseguró que junto a ese decreto presidencial, en plena pandemia, “el Enacom repartió tres millones de tarjetas para que la gente que no podía salir de sus casas estuviese conectada y, en ese contexto, las empresas implementaron un segundo aumento de tarifas”.
Tres años después, en la víspera del ballotage, De Negre -a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8- resolvió la cuestión de fondo del planteo de inconstitucionalidad que hizo la empresa Telecom en 2020.
Telecom, del Grupo Clarín, reclamó en ese momento “fijar libremente las tarifas” en contraposición con el DNU del Ejecutivo que buscaba controlar los aumentos de los servicios de telefonía móvil e internet en plena inicio de la pandemia y en vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Con la cuestión de fondo sin resolver y con recursos de amparo a su favor, las telco siguieron incrementando el precio del servicio a los usuarios en 2020. Ahora el presidente electo ya adelantó que no habrá regulaciones estatales para las tarifas de los servicios privados.
Cuando Macri asumió en 2015 firmó el DNU 267 para eliminar el AFSCA, antecesor del Enacom y modificar las leyes de Medios y Argentina Digital. Todos esos cambios los hizo ratificar por el Congreso. El artículo 15 de la Ley Argentina Digital establecía que los Servicios TIC son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.