El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a la empresa de cable, telefonía fija e internet Telecentro a operar el servicio de telefonía móvil y ordenó a las firmas Claro, Movistar y Telecom, que le alquilen las antenas y la infraestructura de red en todo el país. Además, determinó el precio del alquiler y desató la furia de las compañías de telecomunicaciones.
Telecom (Grupo Clarín y capitales mexicanos) envió una carta documento a cada uno de los miembros del directorio de Enacom advirtiendo las consecuencias personales que les iba acarrear tomar esa decisión. Claro y Movistar también se quejaron de la "intromisión" del Enacom.
El conflicto se terminará judicializando y dilatando hasta el cambio de gobierno. La apelación a la Justicia por parte de Telecom tiene un precedente demoledor: en diciembre de 2021, la Justicia falló en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Desde 2016, Telecentro viene peleando para ingresar al club del cuádruple play: telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. La empresa del extitular de la Cámara de Diputados Alberto Pierri obtuvo la licencia como Operador Móvil Virtual (OMV). El gobierno de Cambiemos estableció que el Operador Móvil de Red (OMR) debería alquilarle a los Operadores Móviles Virtuales (OMVs), incluso lo fundamentó en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que promueve “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales”.
Las empresas dueñas de las red -las telcos- son los mexicanos de Claro (AMX Argentina), Movistar (Telefónica de España) y Telecom (Grupo Clarín y el empresario mexicano David Martínez). Telecentro y las telcos no se pusieron nunca de acuerdo en el precio del alquiler de las redes de antenas.
Telecentro asegura que las empresas de telecomunicaciones le pidieron mucha plata, una barrera de ingreso al cuádruple play con forma de contrato de alquiler. Por el contrario, desde las telcos afirman que la empresa de Pierri "nunca acepto un precio, porque su negocio son los contactos políticos con el Frente de Todos".
Fuentes del Enacom (oficalistas y opositores) coinciden en que el camino que siguió Telecentro está totalmente fundado en las leyes vigentes, que establecen que si no hay acuerdo entre las partes debe intervenir el Enacom. En su momento, hubo dos audiencias de conciliación, donde tampoco lograron consenso. Por eso el Enacom dispuso las condiciones para el ingreso al servicio, y determinó también el precio que debe pagar Telecentro por el arrendamiento de las redes.
Los valores que reguló el Enacom enojaron a Telecom, Claro y Movistar: "Los precios que pretende regular el directorio son excesivamente bajos, representando en los hechos un subsidio que debe otorgar Telecom a un competidor directo como Telecentro", afirmó en su carta de advertencia el representante de Telecom, Damián Cassino, donde agregó que la empresa de Pierri tiene “1,8 millones de suscriptores y puede financiar sus propias inversiones”. Telecom alcanza unos 20 millones de clientes de teléfonos móviles.
El vicepresidente del Enacom, el radical K Gustavo López, aseguró que el Enacom -cuyo presidente es el massista Claudio Ambrosini- aplicó la ley, y resolvió que “Telecentro pueda brindar telefonía móvil sobre las redes existentes de Telecom, Movistar y Claro, que tienen la obligación de alquilarlas para que preste servicio”. La decisión del Enacom tiene un plazo de 90 días y si las empresas mantienen el desacuerdo, el Enacom los volvería a fijar, en forma permanente.
Actualmente, Movistar alquila la red de antenas a la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL) que crearon el servicio de telefonía celular Imowi, un servicio que apunta en principio a 300 mil clientes y que está operativo en cooperativas de Pilar, Pinamar, San Miguel del Monte, entre otros distritos. Ariel Fernández Alvarado es el presidente de CATEL y gerente general de TelViso, una cooperativa de Pilar.
En el caso de las cooperativas, las telcos tienen un incentivo porque acceden a la cartera de clientes de las cooperativas. Son familias donde las telcos no llegan para venderle todo el paquete, pero les pueden ofrecer telefonía celular sin ningún costo administrativo porque son socios de las cooperativas a la que ellos le alquilan las antenas y sistemas.
El exintendente de Santa Fe José Corral es integrante del directorio del Enacom y participó de la reunión donde se resolvió a favor de Telecentro. Corral -que se abstuvo de votar- afirmó a Letra P, que "el problema es el precio del alquile que estableció el Enacom" ya que ese valor "se tiene que acordar entre privados". "El tema de los precios regulados no es aceptado por las compañías porque no puede ser que las empresas realicen la inversión, instalen las radiobases y el Estado obliga a que otra empresa entre por la ventana con un precio que estipula el mismo Estado", explicó.
La otra representante de la oposición que participó de reunión del directorio del Enacom y se abstuvo de votar es Silvana Giúdici. La radical que estuvo al frente del Enacom durante el gobierno de Cambiemos y siempre se mostró "preocupada" por las cuestiones que involucran al Grupo Clarín.
De la reunión del directorio también participaron Gonzalo Quilodrán y María Florencia Pacheco; el director propuesto por la Comisión Bicameral del Congreso Alejandro Gigena; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez, el coordinador de Asuntos Técnicos, Diego Leiva, y la secretaria de Actas, María José Vázquez.
La carta de advertencia que se redactó antes, pero llegó tarde
La carta firmada por el abogado de Telecom, Damián Cassino, llegó después que el directorio resolviera el tema, pero fue redactada antes: “Tomamos conocimiento que el Enacom ordenó a Telecom y a otros operadores a ofrecer el acceso a Telecentro como Operador Móvil Virtual y además fijará el precio y las condiciones del servicio…. le hacemos saber que reclamaremos civilmente y en forma personal todos los perjuicios y gastos que la decisión le ocasionará a Telecom”. Queda flotando en el aire la pregunta sobre cómo se enteró Telecom de la decisión que finalmente tomó el ente.
Gustavo López está indignado con la actitud de Telecom: “Es grave. Inédito que una empresa nos mande una carta documento de amenaza. Están atacando a una institución pública formada por el Congreso y el Ejecutivo de la Nación, es una amenaza personal a cada uno de los miembros del Directorio y habrá una respuesta desde el organismo”. Para López, la jugada de las telco es "un claro abuso de los corporaciones que se sienten impunes y pierden la noción de los límites legales".