La Agencia de Puertos volvió a cargar contra la empresa belga DEME, Macri y Dietrich. Siguen Jan de Nul y Emepa. Pliegos en la mira y causas judiciales.
Una semana después del marcado traspié que lo llevó a dar por caída la licitación con la que esperaba anotarse un triunfo político y de gestión, el gobierno de Javier Milei reavivó el conflicto planteado en torno a la hidrovía con tres señales relevantes dirigidas a la oposición, a los grupos lobistas y a las entidades empresariales que conforman el Círculo Rojo de la principal vía navegable del país.
En primer lugar, puso en claro que irá a fondo, tanto en el terreno administrativo como en el ámbito judicial, contra la compañía belga Deme Dredging International (DEME), a la cual acusa de haber “saboteado” el proceso de licitación que terminó siendo anulado. Esta empresa, la única oferente, fue la que más cuestionó las reglas licitatorias con reclamos administrativos y denuncias judiciales con el argumento de que estaban direccionado a favor de Jan de Nul, la actual contratista del dragado y ex concesionaria de la hidrovía.
Ante la Comisión de Transporte de Diputados, el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, apuntó directamente los cañones contra DEME, el expresidente Mauricio Macri; el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.
“Miembros de la política y empresarios se coordinaron para hacer que el proceso licitatorio se cayera. Un trabajo y una coordinación perfecta de estos actores que no tenían ningún interés en que esto saliera adelante y que lo único que les interesaba era voltear el procedimiento para que, llegado el caso de que volvieran a la función ejecutiva, pudieran terminar asignando el contrato para un lado o para el otro", denunció el funcionario.
Arreseygor, que integró la gestión macrista y llegó a la administración libertaria de la mano del asesor presidencial estrella, Santiago Caputo, ratificó las acusaciones iniciales contra DEME y aseguró: “Vamos a avanzar con todo el peso de la ley, porque tenemos la presunción que presionó al resto de las empresas para que no se presenten y que es la principal responsable del sabotaje a la licitación”.
Para la próxima semana se espera que el Gobierno le pida formalmente a la Comisión de Defensa de la Competencia que investigue si DEME desplegó una "posible presión sobre el resto de las empresas” e incurrió en una "presunta asociación ilícita en perjuicio de Estado nacional y los productores argentinos". Por la virulencia del ataque oficial, en el sector portuario ya dan como un hecho que DEME tiene el “boleto picado” y que, por más que proteste y reclame, durante la era libertaria no podrá ganar ninguna licitación de dragado que dependa de la órbita nacional.
La segunda cuestión que dejó sobre la mesa la administración mileísta es que no tiene apuro por convocar a otra licitación. El nuevo llamado, según indicaron fuentes del área de Transporte a Letra P, se haría una vez que concluyan la intervención de Defensa de Competencia y se cierre la investigación judicial que debería ponerse en marcha una vez que se formalice la denuncia por el presunto sabotaje.
Con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, lo más probable es que la futura licitación se traslade hacia la última parte del año o hasta los primeros meses de 2026.
Si bien por ahora no hay mayores precisiones, lo que así admiten las voces oficiales es que para la futura licitación el Gobierno deberá retocar y cambiar varios aspectos de los pliegos de bases y condiciones que plantearon las provincias ribereñas y las empresas del sector.
Entre otros puntos que podrían reconfigurarse estarían el plazo de la concesión de 30 años más otros 30 de prórroga; los planes de obras para ampliar los niveles de calado en el tramo principal; los aumentos de tarifas y los estudios de impacto ambiental que debe presentar el concesionario.
En medio de ese escenario, la tercera confirmación que bajó la ANPYN es que, mientras se esperan los resultados de las denuncias, las obras de dragado del corredor navegable seguirán en cabeza de Jan de Nul y las tareas de balizamiento, en manos de la compañía local Emepa, las exsocias de la concesionaria privada que administró la hidrovía desde mediados de los 90 hasta setiembre de 2021.
Con Jan de Nul lo que está vigente es un contrato directo que se renueva periódicamente. En cambio, Emepa se quedó el negocio del señalamiento tras haber ganado la denominada “licitación corta” realizada a principios de 2022 por la cual la relación contractual quedó fijada hasta el momento en que se haga cargo un nuevo concesionario de la vía navegable.
Jan de Nul también quedó en la mira del juez federal Sebastián Casanello por una denuncia presentada por legisladores de Coalición Cívica. En los últimos días, la empresa fue allanada por el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la investigación orientada a aclarar por qué el pliego licitatorio había incluido una clausula a su favor que le iba a asegurar el cobro de una deuda del Estado de US$ 78 millones. Según las reglas de juego de la fallida licitación, el ganador de la concesión tenía que abonarle al Gobierno un canon por el mismo monto que se iba a destinar a la cancelación de esa deuda.