Claro, Telecom y Telefónica se quedarían con el manejo del fondo que financia obras en barrios populares y zonas de difícil acceso. Estrategia y decreto.
El plan de Javier Milei para privatizar la tarifa social de internet
Un decreto del presidente Javier Milei habilitaría a que las tres empresas líderes del mercado de las telecomunicaciones -Claro, Telecom y Telefónica- se queden con el manejo de un fondo de u$s110 millones actualmente administrado por el Estado y destinado a financiar infraestructura para que el servicio de internet llegue a barrios populares y regiones de difícil acceso.
Es el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) que administra el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y que se integra con el aporte del 1% de la facturación bruta de 1.200 empresas, grandes y pymes, prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
La administración libertaria dispuso en enero la intervención del Enacom y este martes decidió prorrogarla hasta julio de 2025. Es el tiempo que se tomará la gestión mileísta para definir la desregulación total de los servicios de telecomunicaciones e internet.
"Para el manejo del Fondo del Servicio Universal este gobierno tiene la misma propuesta que las empresas: no usen el fondo, subsidien la demanda y que nos contraten a nosotros", advirtió el ex vicepresidente del ente Gustavo López.
Consultado por Letra P, el funcionario de la gestión de Alberto Fernández aseguró que la estrategia oficial es "extirpar la participación estatal en ese sector, incluso desentendiéndose del rol de contralor básico de los servicios".
"Nuestra gestión uso la plata del fondo para infraestructura", diferenció e insistió en advertir: "Ellos no quieren llegar a esos barrios y regiones; no les sirve".
"En el fondo hay un prejuicio de clase respecto de que una cooperativa en un barrio popular pueda organizarse, brindar el servicio y generar trabajo para la gente del barrio, a la que también le brindábamos capacitación a través del Ministerio de Trabajo", recordó.
Desde la llegada al Enacom de Juan Martín Ozores, ligado al asesor presidencial Santiago Caputo, la intervención cerró las delegaciones del ente regular en el interior y despidió al menos a 300 personas trabajadoras. La decisión se presentó como un ahorro de más de $6.000 millones por año.
En el plan trazado por el ex ejecutivo de la empresa Movistar figuraba el rediseño del modelo de gestión del FFSU y preveía la entregar de la administración de este fondo de u$s110 millones anuales al big three de las telco: Claro del mexicano Carlos Slim, Telecom de Clarín y la española Telefónica.
Para cumplir ese objetivo, Ozores necesita que Milei firme un decreto para modificar el objetivo de uso de ese dinero que aportan todas las empresas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del país.
Ozores y las telco coinciden en la idea de que el acceso a internet de los sectores vulnerables debe hacerse financiando la demanda. Para eso están buscando un esquema híbrido, en el que las empresas privadas realicen una rebaja en la tarifa del servicio y el FFSU financie las obras en las barriadas populares.
Eso implica correr del medio a las cooperativas y pymes que hasta el año pasado podían presentar proyectos en el Enacom para buscar financiamiento y hacer sus propios tendidos para brindar el servicio en esas zonas de vulnerabilidad social.
“Financiar la demanda, quiere decir que el FFSU lo manejen exclusivamente las empresas. Esa es la voluntad del actual gobierno y lo que siempre han manifestado las telco, cuyos exabogados y ejecutivos son parte de la intervención al Enacom”, dijo López a Letra P.
El exfuncionario albertista afirmó que “los trascendidos de desmanejos con el FFSU son parte de la estrategia de desacreditación de la herramienta del Estado, para entregársela luego a los privados" y cuestionó: "Mientras tanto pararon todos los pagos a proyectos que estaban aprobados por los mecanismos de control previstos por la ley y la gente quedó con las obras inconclusas y sin acceso a internet”.
El FFSU nació a principios de siglo como un fondo para que el Estado se encargue de garantizar que no se produzca una brecha digital entre la ciudadanía que puede pagar el acceso a las TIC y quienes viven en regiones donde a las empresas no les resulta rentable brindar el servicio, ya sea por problemas de inaccesibilidad o por baja cobrabilidad.
Ese universo abarca desde un pueblo aislado de la Puna norteña, una paraje del delta del Paraná o un villa de emergencia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El mismo decreto que prorroga la intervención del Enacom, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, eliminó la figura de los dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldan y Alejandro Pereyra.
Pereyra es un abogado proveniente del radicalismo que trabajó para Margarita Stolbizer y fue director del Enacom durante la gestión de Mauricio Macri.
La salida de Pereyra del Enacom fue compleja, dado que la entonces titular del ente Silvana Giudici lo acusó de incompatibilidad con la función pública. La también macrista fundamentó su denuncia en el hecho de que como director del organismo definía expedientes internos de casos de empresas que patrocinaba el estudio de abogados familiar Pereyra Balbi & Asociados.