Mientras el Gobierno decidió que no habrá rescates frente a la suba de la morosidad, bancos públicos y privados, gobernadores y la oposición comenzaron a ocupar la escena con refinanciaciones, alivios y proyectos de asistencia para deudores. La escalada del endeudamiento y el deterioro del crédito se transformaron en una disputa por quién interpreta el malestar social y ofrece respuestas.
La discusión por la mora dejó de ser un problema exclusivamente financiero y se convirtió en un terreno de disputa política. Con el Banco Central descartando medidas regulatorias y el oficialismo rechazando programas de rescate, distintos actores empezaron a avanzar sobre una agenda sensible para millones de familias.
En ese vacío aparecieron bancos, gobernadores y bloques opositores con propuestas de refinanciación, extensión de plazos y alivio para deudores que no llegan a cubrir tarjetas y préstamos.
El propio ministro de Economía, Toto Caputo, reconoció el problema luego de mantener conversaciones con entidades financieras para pedirles que bajen tasas y otorguen más plazo a la clientela complicada. “Hemos hablado con los bancos y les dijimos que esto no funciona así”, afirmó Caputo al cuestionar el endurecimiento de las condiciones crediticias frente al aumento de la mora.
Sin embargo, pese al reconocimiento del problema, el Gobierno evitó impulsar medidas concretas y dejó librada la situación a negociaciones entre privados.
A nivel subnacional, la respuesta política tampoco esperó la venia de la Casa Rosada. Las bancas públicas provinciales salieron a jugar fuerte como amortiguadores de la crisis en sectores golpeados como la industria, el comercio y la construcción.
Banco Provincia de Buenos Aires: diseñó una estrategia agresiva de auxilio para carteras en mora de hasta 90 días, con planes de hasta 72 meses y tasas fijas del 83,33%. Para los sectores de menores ingresos (que perciben hasta cuatro salarios mínimos), la entidad bonaerense dispuso un esquema especial con tasa subsidiada al 41,67% anual. Para las pymes, habilitó plazos de hasta 84 meses. La estrategia arrojó resultados inmediatos: la recuperación de deuda creció casi siete veces entre enero y abril respecto al año anterior.
Banco de Santa Fe: habilitó en su plataforma web esquemas de reestructuración de saldos de hasta 60 cuotas con tasas preferenciales y dos meses de gracia, destinados a empleados públicos, privados y jubilados.
Córdoba: el gobierno provincial también apuró programas de refinanciación de tarjetas y deudas para agentes estatales, abriendo el debate para extender de inmediato el beneficio a municipales y pasivos, ante la presión de dirigentes de la oposición local que advierten que "a los trabajadores se les va la mitad del sueldo en pagar la tarjeta que usaron para comprar comida".
En el sistema financiero aseguran que las refinanciaciones comenzaron mucho antes de que el debate escalara públicamente y que el objetivo es evitar una ruptura masiva de la cadena de pagos.
Fuentes del sector bancario señalaron a Letra P que las entidades “vienen refinanciando según cada caso”, con reducción de tasas, extensión de plazos y acuerdos personalizados. “Para el banco no es negocio que entren en mora, es una pérdida grande y el banco va a buscar la manera de acercar posiciones”, explicaron.
La irregularidad en préstamos familiares alcanzó el 11%, el nivel más alto desde la crisis de 2001-2002, mientras que en el sector no bancario supera el 27%.
En los bancos sostienen que el refinanciamiento se convirtió en una herramienta defensiva para contener el deterioro social y financiero. También remarcan que los proyectos legislativos que ingresaron al Congreso son “fórmulas únicas” difíciles de aplicar sobre situaciones muy distintas.
La visión predominante en el sector es que el fenómeno responde a una combinación explosiva de tasas elevadas, caída del ingreso real, retiro de depósitos en medio de la tensión electoral y expansión acelerada del crédito privado, que -estiman- próximamente se va a revertir.
Fuentes de uno de los bancos de escala internacional que operan en Argentina reconocieron a este medio que la mora aumentó en los últimos meses, aunque señalaron que venía desde niveles históricamente bajos y que actualmente ronda entre 8% y 10% en grandes bancos.
La entidad explicó que el cambio de escenario económico modificó completamente el comportamiento de las deudas: con menor inflación desapareció la licuación automática de los pasivos y el reacomodamiento de precios relativos golpeó el ingreso disponible de las familias.
Frente a eso, ese banco privado avanzó con refinanciaciones segmentadas, extensión de plazos y alivio de tasas para clientes con dificultades.
La estrategia combina refinanciaciones, seguimiento preventivo y herramientas para evitar que la clientela quede expulsada del sistema financiero.
Mientras el oficialismo insiste en no intervenir, el Congreso comenzó a discutir una batería de iniciativas impulsadas por la oposición para asistir a familias y empresas endeudadas.
Actualmente ya existen 30 proyectos de ley que contemplan planes de pago de hasta 36 cuotas, quitas de intereses y punitorios, períodos de gracia y límites al costo financiero total.
Algunas propuestas impulsadas por bloques peronistas, radicales, ex PRO, la Coalición Cívica y la izquierda también incluyen aportes extraordinarios de bancos y fintech para financiar fondos de asistencia.
