La asistencia y la ayuda social son parches. Los mecanismos económicos y políticos que la dejaron atrapada para siempre. Los números urgentes.
Las cifras alarmantes de pobreza que el INDEC publicó este jueves -25 millones de personas pobres, el 52,9% de la población- no pueden explicarse sin mirar con detenimiento la provincia de Buenos Aires, madre de batallas electorales e hija de la opresión, la desigualdad, las urgencias e injusticias sociales de las que nunca saldrá sin una serie de reformas estructurales, que no tienen que ver con el color político que la gobierne.
Buenos Aires, territorio que concentra casi el 40% de la población del país, depende, como ninguna otra provincia, de la asistencia del gobierno nacional, por lo que queda a merced de la cambiante inclinación a ser beneficiada o no con las transferencias discrecionales.
Como fuere, nunca alcanza. Quien esté sentado en el sillón de Dardo Rocha tiene poco o casi nulo margen de maniobra en términos económicos. Si en Balcarce 50 mantienen cerrada la canilla o la economía nacional se hunde, Buenos Aires no camina. Para salir del pantano, el cambio debería ser estructural.
En el contexto actual, con la motosierra del presidente Javier Milei funcionando a toda máquina sobre los recursos bonaerenses y el gobernador Axel Kicillof posicionado como el mayor opositor al libertario, Buenos Aires se vuelve más inviable que nunca, aunque tanto desde La Plata como desde los municipios aseguren que hacen todos los esfuerzos por evitar un estallido.
Las políticas de ayuda social, los programas de emergencia y la asistencia alimentaria sólo mitigan el impacto sostenido que hace décadas ningún gobierno pudo frenar. Las ayudas, los programas y asistencias -que están muy bien- deben ser empujados por reformas centrales en al menos dos ejes: la coparticipación y el Fondo del conurbano.
La provincia que administra Kicillof aporta el 37% de los fondos que recibe la administración central, aunque en impuestos coparticipables es casi el 40%. De esa suma que recibe la Nación, regresa a modo de coparticipación federal sólo el 21,2%. En 2023, si se incluyen otras transferencias automáticas de origen nacional, Buenos Aires tuvo una participación del 22,5%. Córdoba o Mendoza aportan algo así como el 8% y les regresa una coparticipación similar. En cambio, otros distritos más chicos aportan medio punto y les retornan dos o tres.
Son números que repite el gobernador hasta al cansancio y que también repitió hasta al infinito la exgobernadora María Eugenia Vidal, pero que ninguno pudo resolver, ni ella teniendo de presidente a su jefe Mauricio Macri ni el gobernador, con Alberto Fernández en la Casa Rosada.
Es que para modificar la ley de coparticipación todas las provincias deben ponerse de acuerdo; darle más a Buenos Aires implicaría sacarles a otras jurisdicciones. Misión imposible.
Buena parte de la pobreza de la provincia (y de la Argentina en general) se explica en el conurbano bonaerense, un aglomerado urbano que alberga a 11,5 millones de personas -el 25% de la población total del país; el 64% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires-. Las condiciones socioeconómicas, políticas, urbanas y sociales son diversas, pero las estadísticas publicadas este jueves muestran un dato demoledor: el 50,1% de los hogares son pobres, esto equivale al 59,7% de las personas. La indigencia llega al 17,5% de los hogares o, dicho de otro modo, al 22,7% de las personas.
En 2017, cuando la pobreza tocó su nivel más bajo en los últimos 20 años, en los distritos del Gran Buenos Aires se ubicó en el 29,5% y la indigencia, en el 6,2%. Venía de un descenso sostenido desde el año 2002 y a partir de ese momento, durante la segunda mitad del gobierno de Macri, la gestión completa de Alberto Fernández y los primeros seis meses de Javier Milei el número no paró de subir. El piso, no obstante, es demasiado alto.
Según los datos confeccionados por el Registro de Barrios Populares (RENABAP), en el conurbano existen 1.012 barrios populares en los cuales habitan aproximadamente 317.533 familias. El informe evidencia un elevadísimo déficit en el acceso a los servicios esenciales.
En la actualidad, sólo el 4% de los barrios tiene conexión formal a la red cloacal y solamente el 33% tiene conexión a la red pública de energía eléctrica con medidor domiciliario; al agua corriente pública, el 17% y a la red pública de gas natural, sólo en el 2%.
Con números no tan urgentes, pero siempre dolorosos, el exgobernador Eduardo Duhalde impulsó en 1992 el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que le permitía a los municipios que circundan a la Ciudad de Buenos Aires disponer de recursos especiales, cuatro años después de sancionada la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548 que reorganizó el mecanismo de reparto hacia las provincias.
En aquella oportunidad, el gobernador radical Alejandro Armendáriz aceptó que la provincia de Buenos Aires dejara de recibir el 28% para cederle seis puntos a la administración central que comandaba Raúl Alfonsín. La provincia quedó encerrada para siempre. Recién en 2015, Vidal logró recuperar por ley un 4%, aunque siempre lejos de lo que le corresponde a Buenos Aires.
Nadie quiere que el conurbano bonaerense estalle. Aunque el gobierno esté en manos de Milei, es el peronismo el sector que domina buena parte de ese territorio. Es por eso que, ante el aumento del desempleo, la falta de changas, la caída del poder adquisitivo y el aumento del precio de los alimentos que derivan en los números que plasmó esta semana el INDEC, el gobierno provincial y los municipios hacen los mayores esfuerzos para contener la situación.
Unos días antes de que se conocieran las estadísticas, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, anunció aumentos en diferentes programas sociales y planteó el estado de situación.
“Creo que estamos ante una tragedia social. No hay precedentes de una situación social tan dramática, por lo menos en el tiempo democrático”, dijo en conferencia de prensa para informar luego la asistencia brindada por la provincia.
Los programas más importantes que maneja Kicillof son el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa MESA. A través del primero se entrega la comida para los comedores escolares. Por el segundo, desde la pandemia, las familias llevan bolsones de comida a sus casas. En la actualidad, asisten a comedores escolares 1.119.651 chicos y la provincia destina a esa asistencia unos 600 mil millones de pesos anuales. Solo este año, el aumento presupuestario fue de 142%. Por el programa MESA se entregarán este año unos 67 millones de kilos de alimentos.
A estos programas se suman otros como las becas de niñez de Hogares y Casas de Abrigo y Territoriales, el programa Envión y la asistencia a través de las Unidades de Desarrollo Infantil.
Como contó Letra P, los intendentes e intendentas del conurbano hacen grandes esfuerzos en sus presupuestos para poner su parte y durante este año aumentaron hasta en un 75% la asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad.
El combo de contención se termina por completar con dos programas que el gobierno nacional mantuvo luego de haber llevado a cero la entrega de alimentos, lo que derivó además en una disminución del poder de contención de las organizaciones sociales en el territorio: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentaria.
La provincia de Buenos Aires seguirá siendo inviable en tanto no se solucionen los problemas estructurales que tiene, principalmente, en los mecanismos de coparticipación y asistencia del gobierno nacional. Por más parches que le pongan, las heridas son cada vez más profundas.