La senadora tomó el reclamo de PRO, UCR, MID y partidos provinciales. Diputados afines modificaron el dictamen, que llegará al recinto el 26. Premio a Pymes.
Laura Rodríguez Machado, del bloque La Libertad Avanza, cercana a Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich volvió a doblegar a Javier Milei, esta vez, inmiscuyéndose en la Cámara de Diputados, donde el proyecto de Inocencia Fiscal II fue dictaminado con la exclusión de los funcionarios para ingresar a estos beneficios. Es una modificación exigida por los aliados que fue tomada por la jefa del bloque oficialista del Senado.
Bullrich incidió en la letra final a través de la diputada Laura Rodríguez Machado, quien preside la comisión de Legislación Penal, la que junto a la de Presupuesto tuvo a cargo el debate del proyecto. Otro cambio es una reducción extra del 25% de multas para las pymes. Durante el primer plenario, el miércoles de la semana pasada, los funcionarios invitados se negaron a hacer distinciones entre los beneficiarios.
El dictamen tuvo 44 firmas sobre 75 miembros de las comisiones. Adhirieron el PRO, la UCR, el MID y la mayoría de los partidos provinciales (Tucumán, Salta, Misiones y San Juan).
La santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, suscribió en disidencia. Pidió restringir el ingreso a personas con antecedentes de narcotráfico. Los demás compañeros de su bloque no fueron, al igual que Elijo Catamarca, el bloque cercano al gobernador Raúl Jalil. Unión por la Patria y la izquierda firmaron dictámenes de rechazo.
El reclamo de la oposición para excluir a los funcionarios tiene un antecedente: el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se adhirió al actual sistema de Inocencia Fiscal para justificar ingresos no declarados
Con el cambio acordado en comisiones, ninguna persona que hay reclamo de la oposición para excluir a los a ocupado cargos públicos durante los últimos cinco años podrá acceder a las ventajas de este esquema.
La lista incluye desde funcionarios nacionales, a legisladores nacionales y provinciales; magistrados, miembros del Consejo de la Magistratura y defensoría del Pueblo.
Los funcionarios podrán usar el régimen simplificado de Ganancias pero no las otras ventajas, como presunción de inocencia (con un mínimo de discrepancia) y reducción de multas.
El plazo de cinco años no es menor: los únicos que no podrán ingresar son los miembros del Gabinete de este Gobierno. Una propuesta inicial era extenderlo a 10 años, lo que hubiera abarcado a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
El proyecto amplifica los sujetos alcanzados del sistema actual, que puso en funcionamiento este año. Contempla la extinción de la acción penal por evasión, si se inició la causa por evasión y el contribuyente aporta el capital adeudado, con intereses y 50% adicional. En la práctica, opera como un blanqueo encubierto.
Además, se contempla una reducción del 50% en las multas formales y materiales para contribuyentes que regularicen su situación. Este límite se ampliará a 75% para las Pymes.
El cambio principal respecto a la ley actual es que se eliminan los topes para acceder a una declaración jurada de Ganancias con régimen simplificado. En la versión que rige actualmente, los límites establecidos de ingresos y patrimonio fueron de $1000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Si prospera esta iniciativa, podrá entrar cualquiera.
El último cambio refiere a la subsanación de errores, como se denominan a las discrepancias entre lo declarado y lo registrado por ARCA. En Inocencia Fiscal II se permiten corregir estos errores si la diferencia no implica un aumento superior al 15% del impuesto declarado ni supera el piso del 5% establecido por la norma.
La propuesta mantiene una ventaja que tuvo Adorni para esconder sus propiedades: mantiene la excepción para el pago de escrituras de inmuebles y se condonan las multas. Tal vez sea uno de los límites que tengan los funcionarios en la versión final.
El último debate de comisiones tuvo la visita de funcionarios, como Matías Álvarez, de la UIF, quien pidió la aprobación del proyecto para eliminar el circuito informal de la economía, que impide aumentar la recaudación y tener trazabilidad del dinero.
“El riesgo no es la existencia del efectivo, no es el ahorro por parte de las personas que han trabajado o que tienen emprendimientos. El riesgo es el funcionamiento de esta economía informal”, afirmó.
También expuso el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, José Ignacio Simonella. Sostuvo que la norma “complementa y mejora la ley vigente y da respuesta a muchos puntos que debían aclararse” de la iniciativa original.
La única voz del oficialismo fue Mónica Becerra; mientras que la oposición dura reclamó detalles de las modificaciones. "Queremos saber cómo fue que cambiaron de opinión. La semana pasada no querían excluir a los funcionarios", chicaneó Victoria Tolosa Paz, de UP. Su compañero y extitular de la AFIP, Carlos Castegnetto, atacó al Gobierno.
"Esto no es un blanqueo porque no hay multas. No cambia nada que excluyan a los funcionarios, porque ya se adhirieron en el primer plan. Tenían la lista de buena fe de (Lionel) Scaloni", ironizó.
