No fue dictaminado y no formará parte de la sesión del 21. No alcanzaron los argumentos para usar las Fuerzas Armadas. Los cambios que reclaman.
Javier Milei tuvo este miércoles un duro revés en Diputados: los aliados no apoyaron su proyecto para la soberanía de Malvinas, que busca empoderar a las Fuerzas Armadas para intervenir. La exposición que hizo hace una semana la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, no convenció a los referentes legislativos y se postergó el dictamen.
"Vamos a recibir a invitados y luego tendremos una reunión con Diputados", anunció el legislador libertario Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa, que trató este proyecto en plenario con Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto. La demora impide al Gobierno sumar ese proyecto en la sesión citada para el 21 de octubre.
En el oficialismo de la Cámara baja apuntan a la mala praxis de la Casa Rosada. "Le pedimos a Ibarzabal Murphy que respondiera a consultas y no lo hizo", se molestaron desde el bloque oficialista. La funcionaria responde al asesor Santiago Caputo, uno de los nexos de Milei con el gobierno de Estados Unidos. En el bloque Unión por la Patria (UP) sospechan que el proyecto es un traje a medida para que la administración de Donald Trump pueda poner un píe en el país.
El bloque peronista propone tratar únicamente el título primero, que refiere a aumentar las penas a empresas que participen de proyectos extractivos en las Islas Malvinas. Sólo pide que la sanción a estas empresas sea definitiva. "No podemos darle el premio de ir a Vaca Muerta", se quejaron.
La oposición cuestiona la creación del Consejo de Seguridad que propone el proyecto, en el que concluyen el Presidente, el jefe de Gabinete, el ministerio de Defensa, el de Economía, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Una de sus atribuciones será intervenir si hay un ataque a "infraestructuras críticas", un concepto que se define con mucha amplitud en el proyecto.
Ibarzabal Murphy no supo darle más precisión durante la última audiencia y los aliados se negaron a firmar el dictamen. Sólo propuso una bicameral de control, que no alcanzó para sumar los votos.
Los aliados pidieron cambios. La diputada de Córdoba Alejandra Torres (Provincias Unidas), pidió "estándares técnicos" para darle rigor pa esa denominación. El proyecto también faculta a las fuerzas armadas a intervenir en operaciones marítimas y aéreas. "Queremos que se mantenga la facultad del Congreso", sostuvo Eduardo Falcone, del MID.
La negociación con los aliados la llevará adelante la diputada Silvana Giudici, quien aseguró que ya se mencionan algunas modificaciones. Uno de los artículos que cambiará es el 111, que propone sanciones de hasta 12 años de prisión por supuesta intervención informativa extranjera en campañas electorales.
"Vamos a ser muy responsables en el dictamen. Si ponemos todos algo de racionalidad y recordamos la pelea por Malvinas que tenemos desde el retorno de la democracia", prometió la diputada. "¿La injerencia en campañas electorales incluye a Fernando Cerimedo y su intervención en 2023?", preguntó Esteban Paulón.
La diputada Patricia Vázquez, cercana a Patricia Bullrich, protestó: "Tienen un exceso de uso de la palabra soberanía. Pero con la base de Neuquén, que cedimos la soberanía, no dicen nada". La alusión no pasó por alto en la oposición, porque recientemente el embajador de Estados Unidos pidió a la cooperativa eléctrica de esa provincia no contratar a Huawei.
Los aliados del Gobierno pidieron cambios para avanzar en un dictamen, pero en todos los casos refirieron a modificaciones que Ibarzabal Murphy negó durante su intervención. La funcionaria tampoco aceptó la propuesta de reducir el texto a los 40 artículos principales. "El título 1 es vital, pero no es suficiente", porque "las amenazas externas son también la posibilidad de tomar acciones concretas que nos permitan hacernos respetar y tener el lugar que queremos en el mapa mundial”.
“Entre la caída del muro de Berlín y la pandemia predominó la globalización. Estamos en un mundo más peligroso”, alertó la jurista en su última exposición de la semana pasada. Este miércoles le respondió Jimena López, de UP. "Es una ley ómnibus. De lo que menos habla es de Malvinas".
