Se trató en comisiones y los aliados piden fondos. No se retoman los manicomios y podrán intervenir psicólogos. Patricia Bullrich quiere aprobarlo el 22.
La sesión del Senado en la que se debatió la ley de salud mental, acordada por los gobernadores.
Patricia Bullrich inició este jueves en el Senado el debate de la reforma de la ley de salud mental de Javier Milei, a través de un acuerdo con los gobernadores que no está cerrado. La mayoría consensuó cambios al proyecto, como la posibilidad de internación involuntaria. Pero exigen mayor presupuesto para aprobarlo en el recinto.
Ese fue el reclamo de los senadores Carlos Arce (Misiones) y Mercedes Valenzuela (UCR) durante el debate en el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, presididas por las libertarias Nadia Márquez e Ivana Arrascaeta. Firmaron en disidencia, pero al cierre de esta nota no se había dictaminado, porque faltaba al menos una adhesión. No colaboraron con el dictamen los miembros de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca) y Carolina Moisés (Jujuy).
"Necesitamos concertar con el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el de Adicciones (Cofesama), pero también tener financiamiento propio", pidió Arce. El plenario la presidió Arrascaeta, quien como titular de la comisión cabecera coordinó las reuniones del Cofesa los últimos meses.
Participaron de esos encuentros los ministros de salud de todas las provincias y acordaron el despacho para el Senado. "Fue debatido por más de 70 expositores invitados por legisladores de distintos bloques. Tuvimos 16 informes de provincias y no podemos seguir esperando que la situación se agrave", afirmó la senadora puntana.
En los encuentros del Cofesa surgió el acuerdo para no reinstalar los manicomios, como se conocen a los centros de internación permanente de personas con problemas de salud mental, que la mayoría de las provincias cerró en los últimos años.
Bullrich defendió el principal cambio respecto a la ley vigente, sancionada en 2011, que permitir la internación involuntaria. No se requerirá más la intervención de un juez, que sólo podrá dejarla sin efecto después de pedir informes y peritajes. Es un reclamo de familiares de personas con problemas de salud mental que tuvieron dificultades para asegurar la atención.
Sólo se mantiene la notificación al juez y al órgano de revisión en el plazo de 24 horas desde la internación. Y si las internaciones son voluntarias y superan los 60 días se elimina el aviso al juez y su evaluación en cinco días. "¿Quién es el juez para definir una internación? ¿Acaso en cualquier lugar del país tendrá peritos?", se preguntó la jefa del bloque de LLA del Senado, durante el plenario de comisiones.
En el dictamen habilita la teleconsulta de un psiquiatra, por la escasa cantidad de profesionales que existen. Ocurre que la formación requiere muchos años y es por eso que también promoverán agilizar las carreras. Además, podrán participar de las internaciones médicos clínicos con otros profesionales, preferentemente psicólogos.
Otro cambio aceptado por los gobernadores es que para las internaciones la definición de salud mental sea adicciones. "Comprende otros nuevos flagelos como la ludopatía", anunció Bullrich.
El dictamen se completa con una referencia general a los parientes que pueden intervenir: se limita a padres o hijos, manteniendo a representantes legales, cónyuges y convivientes.
Se agrega un régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos. Además, se garantiza la autonomía progresiva, derecho a ser escuchados, confidencialidad, abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a imposibilidad acreditada y por el tiempo mínimo indispensable.
Los manicomios no volverán. Por el contrario, el dictamen establece un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria. Incluye casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral, y se refuerza la promoción y prevención.
Los centros de salud tendrán una serie de exigencias que los gobernadores no quieren cumplir sin ayuda de Nación. Por caso, para los adultos se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo.
Se define una internación prolongada como aquella que dura 180 días corridos o acumuladas por reinternaciones en dos años, con intervención inmediata de oficio del Órgano de Revisión. Deberán registrarse. No se incluye a quienes tengan una problemática social.
La queja de la oposición y los aliados es que el proyecto establece obligaciones para las provincias que no pueden afrontar. “Nos piden una guardia ambulatoria en el hospital provincial. No se puede cumplir. Este proyecto es porteño”, denunció Fernando Salino, de Unión por el Patria.
"Nosotros no podemos", coincidió Andrada. "La ley vigente no falló por sus principios, que son muy buenos, sino porque su implementación y su eficacia no se lograron realizar debido a que no hay recursos adecuados", diferenció.
Bullrich defendió el dictamen. "Hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar la vida de personas con trastornos severos; es un avance respecto a la concepción del riesgo inminente que generalmente llega tarde. No estamos cerrados y hemos escuchado a todos los bloques", destacó.
