El oficialismo busca retomar el debate en el Senado mientras las jurisdicciones piden a Lugones convocar al COFESA para discutir cambios. Bullrich, a full.
Mario Lugones, ministro de Salud, intenta recomponer el diálogo del Gobierno con las provincias.
El Gobierno volvió a poner en marcha su estrategia para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental, un proyecto que ingresó al Senado en abril pero que atravesó varios obstáculos. Ahora, el ministro de Salud, Mario Lugones, intenta recomponer el diálogo con las provincias y conseguir respaldo para llevar al Congreso.
La iniciativa había quedado demorada por los problemas de la comisión de Salud para debatir el proyecto, las críticas por el perfil de algunos invitados del oficialismo y una agenda política que terminó desplazando el tratamiento legislativo, como la salida de Manuel Adorni y la atención puesta en el Mundial.
Sin embargo, lo más contundente ocurrió en el plano sanitario: los responsables de las áreas de salud mental de distintas provincias elaboraron un informe federal en el que expresaron fuertes objeciones al proyecto impulsado por la Casa Rosada y cuestionaron varios de los cambios propuestos.
En este nuevo intento por avanzar luego del cercenamiento que sufrió el texto finalmente aprobado de la ley de inviolabilidad privada, Lugones organizó reuniones virtuales con los ministros de Salud provinciales, divididos en grupos de acuerdo con la cercanía política de sus gobernadores con el Gobierno nacional: aliados, menos aliados, nada aliados o directamente enfrentados con la administración de Javier Milei.
El objetivo oficial es conseguir respaldo político y presentar ante el Congreso un supuesto acuerdo de los ministros de Salud que acompañe la reforma. La primera reunión se realizó este lunes con el grupo considerado aliado, integrado por CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
La posición que comenzó a tomar forma entre las provincias no implica rechazar las reuniones virtuales, pero entienden que no reemplazan una reunión formal del COFESA, el ámbito institucional que reúne a los ministros de todo el país.
La principal objeción política de los ministros apunta a la posibilidad de que una ronda de conversaciones dividida por afinidades políticas termine siendo presentada por la Nación como un acuerdo del conjunto de las provincias. El planteo adquiere una dimensión adicional porque el COFESA atraviesa desde hace tiempo un proceso de desgaste. Las provincias cuestionan que algunos de los acuerdos alcanzados en ese ámbito no se traducen en medidas sanitarias concretas.
En paralelo, el Gobierno difundió un comunicado en el que informó que la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había mantenido reuniones con ministros provinciales para "alcanzar un consenso sobre el proyecto de reforma de la ley de salud mental".
Sin embargo, Letra P confirmó que quien participó de la primera reunión este lunes fue la presidenta de la comisión de Salud, la senadora por San Luis Ivana Arrascaeta. Bullrich, de todos modos, sostuvo en la comunicación oficial que resulta necesario actualizar una legislación que presenta "dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves".
Las áreas provinciales que tienen a su cargo la implementación cotidiana de las políticas de salud mental vienen señalando objeciones a distintos aspectos de la reforma impulsada por la Nación. El debate de fondo resulta especialmente relevante porque son las jurisdicciones las que deberán aplicar buena parte de las modificaciones que eventualmente apruebe el Congreso. Por eso, los responsables provinciales reclaman que la discusión no quede circunscripta al plano legislativo o político.
El debate sanitario se concentra en las consecuencias concretas que podrían tener los cambios sobre la atención, los dispositivos existentes y la articulación entre los distintos niveles del sistema. Uno de los principales problemas que observan los ministros es que el proyecto del Gobierno da marcha atrás con los modelos sanitarios que sustituyen el manicomio, y que son exigidos por OMS y organismos internacionales de derechos humanos.
También cuestionan la eliminación del financiamiento de la ley de salud mental, dejando solamente una cooperación y asesoramiento técnico en la implementación de políticas públicas. El otro aspecto controversial está dado por el cambio en el rol de las especialidades, con una sobrecarga sobre el rol de la psiquiatría, lo que a criterio de los especialistas va a redundar en un límite al alcance de internaciones, con más desgaste en los escasos psiquiatras con los que cuentan los equipos.
