Javier Milei dijo en una entrevista televisiva que el Estado argentino deportó 10.000 “terroristas” durante 2025 y otros 20.000 durante este año, a quienes identificó como "personas de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. En el Congreso piden explicaciones. Uno de los que deberá darlas es el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra.
Los diputados de Unión por la Patria Rodolfo Tahilade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez presentaron una nota ante la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia para solicitar una explicación sobre la información que aportó el Presidente, quien vinculó a los supuestos terroristas a un intento de corrida por 70 mil millones de dólares.
Sus dichos contradicen la última exposición del subsecretario José Francisco Lago Rodríguez, quien negó la existencia de grupos de "extrema izquierda". Los diputados peronistas destacaron que "Milei afirmó un hecho consumado la detección, calificación y expulsión de treinta mil personas vinculadas al terrorismo. Se trataría, de ser cierto, de la mayor operación antiterrorista de la historia argentina y, con toda probabilidad, de una de las mayores del mundo".
"Esta Comisión, órgano del Congreso encargado de fiscalizar el Sistema de Inteligencia Nacional, no tiene conocimiento alguno de ella", sostiene la nota que recibió el diputado libertario Sebastián Pareja, al frente de la bicameral.
Las respuestas que debe la SIDE
Los legisladores de UP también consultaron sobre la explicación que dio Milei sobre el despido de personal de la quinta de Olivos. Invocó tener “algunos enemigos pesados en el mundo”, de distintos adversarios locles, a quienes despachó como “de vigésimo quinto orden”. La oposición recordó que el artículo 15 de la Ley 23.554 prohíbe que la política interna sea hipótesis de inteligencia miliar.
En el peronismo cruzaron registros de Migraciones y los números no coinciden con los datos que aportó el Presidente. En respuesta a pedidos de acceso a la información pública (Ley 27.275) se registran 620 expulsiones de extranjeros por delitos contemplados en el Código Penal en 2024 y 662 en 2025.
Los rechazos en frontera por incumplimientos a la Ley de Migraciones ascendieron a 15.800 en 2024 y 16.684 en 2025. Ninguna de esas categorías equivale a “terrorismo”: la primera abarca delitos comunes de toda índole; la segunda, infracciones documentales o migratorias de personas que ni siquiera ingresaron al país.
Con estos datos, los diputados de UP sostuvieron que "o la cifra que aporta el presidente es falsa y difundió información inexistente sobre la seguridad nacional, degradó la categoría jurídica de terrorismo", o "es verdadera" y "existe en el Estado nacional un circuito de identificación y calificación de extranjeros como 'terroristas' que opera sin intervención judicial conocida, sin inscripciones en el RePET y sin conocimiento de esta Comisión".
Pedidos de la oposición
Los diputados de UP pidieron saber si la SIDE, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal o cualquier otro organismo del Sistema de Inteligencia Nacional elevó a la Presidencia un informe con presencia de terroristas y cuál es el protocolo aplicado en estos casos. Quieren saber si se realizaron tareas de contrainteligencia y consultas a órganos de inteligencia del exterior.
En el Senado, la peronista Juliana Di Tullio presentó una Solicitud de Acceso a la Información Pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Nacional de Migraciones para que expliciten y fundamenten las declaraciones del Presidente de la Nación, Javier Milei.
La diputada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también solicitó un pedido de datos al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones. "También solicitamos que informen si existen registros de extranjeros que ingresaron al país para dinamitar el modelo argentino, como sostuvo el Presidente, y qué denuncias se radicaron", completó el legislador.