Es la estrategia para evitar la sesión del 9S. El secretario del área aseguró que la norma se cumple, pero reconoció que hay deudas. El fantasma Spagnuolo.
Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad. El funcionario del Gobierno que expuso en Diputados.
El Gobierno ratificó su decisión de no prorrogar la ley de emergencia en discapacidad y presentará un proyecto para convencer a los aliados de no dar cuórum en la sesión del 9S, convocada por la oposición. La negociación no empezó bien: el secretario del área, Alejandro Vilches, asistió a Diputados y evitó responder la mayoría de las preguntas.
El funcionario concurrió a la Comisión de Discapacidad, dónde el presidente, el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, ratificó la intención de hacer dos reuniones más: una el 16 para escuchar a organizaciones y otra el 23 para dictaminar.
El proyecto del oficialismo no se conoce y Vilches dejó muchas dudas. No quiso contestar si necesita la emergencia para sostener los beneficios a personas con discapacidad, como propone el proyecto que la oposición busca llevar al recinto.
“Es algo que tienen que definir ustedes”, respondió el funcionario a la consulta del diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria. Pasó un mal momento cuando quedó involucrado con su antecesor, Diego Spanguolo, acusado de presuntas coimas.
La ley sancionada hace un año por el Congreso garantiza aplicación de la ley 24.901, que define la forma de liquidar las prestaciones por discapacidad. Se financian a través de un fondo solidario que se nutre con aportes de las obras sociales y prepagas. Actualmente, es administrado por el Ministerio de Salud.
Consultado por Valdez, Vilches también se resistió a garantizar la vigencia de esta norma. La nueva ley asegura que el pago no pierda valor, mediante una indexación mensual. Además, crea un nuevo sistema de pensiones.
En la oposición coinciden en que estos beneficios deben seguir vigentes aún si no se prorroga la emergencia. Están en alarma por un antecedente: en abril, el ministro de Salud, Mario Lugones, envió un proyecto al Senado para cambiar el sistema y obligar a cada persona con discapacidad a negociar precios con su prestador. En La Libertad Avanza aseguran que no propondrán una iniciativa similar.
La definición la tendrán los bloque que habitualmente son aliados del Gobierno. En el debate, aclararon que no apoyarán ningún texto que reduzca los beneficios. "Si no vamos por un proyecto superador, no nos quedará otra alternativa que prorrogar la emergencia por un año", advirtió la neuquina Karina Maureira, una de las socias que perdió el Gobierno por este tema.
Vilches evitó responder la mayoría de las consultas y sus evasivas complicaron un acuerdo de La Libertad Avanza con sus habituales aliados. Por caso, no supo decir cuándo se van a pagar las compensaciones a prestadores que prevé la ley y todavía no fueron depositadas. "No conozco los tiempos del Ministerio de Economía", contestó.
Desconoció las posibles demoras de pago a los prestadores, que controla la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), aun cuando comparte con esa oficina la jefatura de Lugones. "¡No depende de mí!", se excusó el funcionario y provocó la reacción de la oposición ¡No puede ser que no interactúen con los que pagan cada prestación", gritaron desde Unión por la Patria.
Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, presente en la audiencia, tuvo que intervenir en varias oportunidades para que Vilches no se equivocara.
Fue quien garantizó que se cumplen los pagos de Incluir Salud. Son las atenciones a quienes no tienen cobertura. "Los casos que no se pagan es porque no encontramos un convenio vigente", aseguró el funcionario.
Vilches no supo identificar en detalle las pensiones que dio de baja, ante una consulta del diputado Juan Marino, autor del proyecto de prórroga de emergencia. Le pidió casos puntuales de sus auditorías y el secretario no los tenía.
En la segunda ronda de respuestas aclaró que se restablecieron todas las pensiones cortadas en 2024 y se iniciaron los trámites para cumplir con la nueva modalidad de subsidio. No confirmó si ya se liquidan de esa manera.
Tampoco supo decir si se cumple el cupo laboral para personas con discapacidad y se implementaron los planes de promoción de empleo, como exige la ley, justamente, para achicar el padrón de beneficiarios.
Vilches pasó un momento muy incómodo cuando Marino y Sabrina Selva (Unión por la Patria) consultaron sobre la causa que investiga presuntas coimas en la ex-Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la gestión de Diego Spagnuolo.
El secretario fue el interventor del organismo, realizó una auditoría, pero ante la pregunta del diputado de Unión por la Patria, no supo decir si era querellante de la causa. "Hay que preguntarle a un abogado", se lamentó.
Giler tuvo que asistirlo para explicarle que no se habían presentado en la Justicia para ser parte del expediente. “Las denuncias las vamos haciendo y en cada allanamiento aportamos datos a jueces y fiscales”, justificó Vilches.
No aclaró qué denuncias, pero sí dejó claro que nunca vio a Spagnuolo. "Los audios no me los pidan a mí", afirmó preocupado. Tampoco dijo nada cuando Selva enumeró una gran cantidad de funcionarios de la ANDIS implicados en la causa que siguen cumpliendo funciones en su cartera. Solicitó que le envíen las preguntas por escrito o por correo electrónico.
El Gobierno intentará frenar la sesión del 9S, en la que la oposición prevé buscar emplazar a comisiones para tratar la emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento familiar.
La alternativa sobre discapacidad no está terminada. Al final de la comisión, Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, destacó que un fallo reciente de la Cámara de San Martín ratificó que la norma se cumple.
Fuentes de LLA aseguran que se continuará cumpliendo la mayor parte de la ley sin emergencia, pero oposición quiere garantías. Un comunicado del bloque oficialista dejó algunas dudas. El último párrafo señala que "bajo ninguna circunstancia permitiremos que avancen proyectos que alteren el equilibrio fiscal". No está claro si fue un mensaje a los aliados para buscar un acuerdo o una declaración de ruptura.
