La poda afecta a las casas de estudios de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. Bornoroni pidió a los rectores terminar con la "hipocresía". Superávit, sí o sí.
En una decisión administrativa sobre el Presupuesto, Manuel Adorni y Toto Caputo, con la venia de Javier Milei, aplicaron la motosierra por $734 millones a las universidades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, en la previa de la cuarta Marcha Federal en reclamo a la vigencia de la ley de financiamiento universitario.
Desde el Gobierno apuntan que esta “adecuación presupuestaria”, que alcanzó a otras universidades del país, también impactó en partidas previstas para obras viales y de mantenimiento.
Además, contempla el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la ANSES.
La política y posición del gobierno nacional va desde la palabra a los hechos. Hace unos días, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó a los reclamos de financiamiento universitario como un "show político" y consideró a la marcha como acción para desestabilizar al gobierno. Por X, el jefe de la bancada oficialista en Diputados y candidato a gobernador de Córdoba, Gabriel Bornoroni, pidió terminar con la "hipocresía en las discusiones".
Ahora, el Ejecutivo, a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y su extenso anexo de más de 500 páginas, estableció un nuevo mapa de prioridades fiscales que impacta de manera directa en el corazón productivo y científico.
Lo que la norma presenta como una adecuación necesaria para el cumplimiento de objetivos estatales es en realidad un replanteo de la inversión pública que debilita la infraestructura y el desarrollo tecnológico regional a favor de la cancelación de pasivos y la reducción de la planta estatal.
La decisión, insisten en los claustros universitarios de la provincia, puede leerse como una provocación en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria que reclama por la aplicación, a más de 200 días de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Uno de los puntos más sensibles para el ecosistema cordobés es el recorte aplicado a los organismos de innovación. La reducción de partidas golpea de forma quirúrgica a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), cuya base operativa en Falda del Cañete es el epicentro de la soberanía espacial argentina; este organismo, junto a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), enfrenta un recorte conjunto de $50 millones.
“Se trata de una paralización de obras, centralmente. La lectura que se puede hacer es que tienen que cerrar el déficit y ya no saben de dónde sacar”, detallaron desde Casa de Trejo a Letra P.
El impacto en el sistema de educación superior de la provincia es dispar pero contundente, especialmente por el momento político en que se anuncia. La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) sufre el golpe más duro con una quita de $680.500.000, lo que compromete seriamente su operatividad en el sur provincial. Por su parte, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) registra una merma de $4 millones.
A estas casas de estudio se suman otras, de todo el país, cuyas transferencias vetadas suman un total de $5.303 millones.
La infraestructura vial, columna vertebral del transporte de la producción agroindustrial de la provincia, aparece como otra de las grandes damnificadas por la motosierra del Ministerio de Economía.
La Dirección Nacional de Vialidad sufrió modificaciones negativas en sus partidas destinadas al mantenimiento rutinario y a las obras de seguridad. Esto se traduce en un menor presupuesto para el bacheo y la repavimentación de arterias críticas como la Ruta Nacional 158 o la Ruta 9, lo que no solo incrementó los costos logísticos para el sector productivo cordobés, sino que eleva los niveles de riesgo vial en corredores que ya presentan un alto grado de deterioro.
Desde el Panal, como se denomina a la Casa de Gobierno de Córdoba, señalaron a este medio que “claramente el superávit fiscal es a costa de recursos que les pertenecen por leyes y acuerdos a las provincias que reciben menos recursos por caída de recaudación y por recortes”.
El objetivo de estos recortes, detalla la medida nacional, es para reforzar presupuesto destinado a la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales de ANSES.
