El grupo agroexportador Vicentin logró un paso firme para cerrar el acuerdo de su concurso preventivo, que lleva poco más de tres años, por el cese de pagos a los proveedores por más de 1.400 millones de dólares. El juez a cargo del concurso, Fabián Lorenzini, finalmente dio lugar a la propuesta de Vicentin, que contaba con las mayorías concursales necesarias establecidas por la ley. De esta forma se encamina la definición del proceso judicial. La última arremetida del presidente Alberto Fernández para darle otra salida a la novela también naufragó.
Como contó Letra P, Lorenzini estaba en una encerrona para definir el futuro del concurso preventivo y, por lo tanto, de la cerealera. Podía aceptar la propuesta de la concursada, o rechazarla y abrir una nueva ventana que podría ser un esquema de salvataje con acreedores bajo el modelo cram down, también previsto en la ley. El acuerdo de la agroexportadora estaba sobre la mesa desde junio del año pasado, aunque luego se embarró la definición tras el pedido de avocación (una suerte de per saltum) a la Corte Suprema santafesina para que intervenga. Sobre el cierre de año la Corte lo rechazó, le devolvió el expediente al juez de primera instancia con luz verde para continuar el proceso, pero con algunas advertencias para tener en cuenta en la propuesta. Eso no se plasmó.
Sin embargo, y con un pedido de jury que lo acecha, el magistrado de Reconquista dio luz verde a la propuesta de Vicentin y abrió un periodo de diez días para que los acreedores que no comulguen con la oferta puedan impugnarla y objetarla. El plazo fue excepcionalmente ampliado debido a la “extensión y complejidad no sólo del proceso sino también de la propuesta en ciernes”.
Esto significa que oficialmente han sido alcanzadas las conformidades, pero no el cierre del concurso preventivo al que la empresa ingresó en febrero de 2020. Es más, de esta manera se aleja el fantasma de la quiebra. Todo indica que se prepara la alfombra roja para la homologación, de hecho en Vicentin confían en este punto, aunque si algo demostró el proceso concursal es que siempre hubo nuevos capítulos que estiraron el final.
"Atento al tiempo transcurrido y la opinión formulada por la Sindicatura, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de concursos y quiebras, hágase saber la existencia de conformidades suficientes para con la propuesta de acuerdo preventivo", sostiene la resolución firmada por Lorenzini, que, según los acreedores más hostiles, podría costarle la apertura del jury u alguna consecuencia judicial.
Apenas conocida la decisión de Lorenzini, el Banco Nación Argentina advirtió que impugnará “por abusiva y contraria a sus intereses” una eventual homologación de la oferta de pago por parte del juzgado. En un comunicado citado por el diario La Nación, el BNA dice que “el acuerdo preventivo de Vicentin es, desde lo económico, extremadamente desfavorable para el banco y, desde la óptica jurídica, es palmariamente contrario al principio de igualdad de los acreedores que prima este tipo de procesos”.
Otro pasaje recuerda que lo que Vicentin ofrece pagar “no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda al Banco Nación”.
El BNA recuerda su condición de acreedor privilegiado por una suma de "más de 300 millones de dólares, lo que lo hace el principal acreedor individual en el concurso. E insistió en que la oferta de la agroexportadora es “discriminatoria, abusiva y en fraude a la ley, considerando que contempla cláusulas de similar naturaleza para acreedores de diversa cuantía, sin contemplar diferencias entre los intereses y características propias de los distintos afectados”.
