SANTA FE EN LLAMAS

Santa Fe: un batallón de fiscales para cambiar la historia en Rosario

El sistema acusatorio debutó con la fiscalía fortalecida en su estructura y sin narcomenudeo, que era el 70% del trabajo. El desafío: investigar al poder.

El sistema acusatorio en la Justicia Federal de Rosario que Horacio Rosatti, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich dejaron habilitado el 6 de mayo pasado debutó con una cantidad de fiscales inédita para lo que fueron las necesidades históricas de la jurisdicción. La paradoja es que al aprobarse la ley de microtráfico provincial se llevó el 70% del trabajo.

Como respuesta a la crisis de violencia de la última década, una ley nacional denominada de Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe incrementó la estructura del fuero penal de manera significativa: hoy entre titulares y subrogantes hay 24 en condiciones de litigar.

Por eso mismo el gran desafío de una estructura devaluada en imagen pública será recomponer su reputación cuando, para hacerlo, tiene una posición óptima. Más aún teniendo en cuenta que la ley de microtráfico sancionada por la provincia en diciembre dejó en manos de fiscales provinciales la persecución de la venta fraccionada de drogas, que es la abrumadora mayoría de los casos judicializados.

Un batallón para investigar

Los que con el envión de la ley de fortalecimiento quedaron en el plantel de Rosario son, entre titulares y subrogantes, los fiscales federales Andrés Montefeltro, Virginia Sosa, Soledad García, Franco Benetti, Matías Mené, Santiago Alberdi, Julieta Militello, Federica Tiscornia, Martín Gambacorta, Daniela Ghiorzi, Jimena Caula, Patricia Cisnero, Martín Uriona, Matías Álvarez, Francisco Bertrand, Juan Argibay y Cecilia Ramallo. Ya actuaban Fernando Arrigo, Federico Reynares Solari, Javier Arzubi Calvo, Martín Suárez Faisal, Claudio Kishimoto, Matías Scilabra y Adriana Saccone.

Los fiscales federales ahora podrán concentrarse en casos que, por una selectividad nada inocente con arraigo histórico, tienen mínima tradición en la persecución. Algunos ya demostraron en los hechos genuino interés en ellos. Son los delitos que cometen los poderosos y que en causas penales brillaron por su omisión.

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En más de una década, en Rosario hay una sola condena por lavado de activos derivados del narcotráfico, una sola por financiar la actividad de vendedores de drogas y una por un contrabando de gran magnitud. No hay hábito en perseguir con sistematicidad a delincuentes tributarios financieros, penales económicos, evasores del agronegocio o gestores de la droga que se escurre por la hidrovía.

¿Podrán ahora? Con recursos que les dan absoluta comodidad y con la mayor parte del tráfico de causas ya fuera de su jurisdicción, desde los ámbitos de persecución santafesinos sostienen que no solo deberán trabajar sino, también, dada la holgura de funcionarios, no hay motivos para no brillar.

Fiscales federales y fiscales de Santa Fe

Hay dos tipos de murmuraciones. Unas que reconocen, con satisfacción, que la renovación generacional, que trajo buenos funcionarios, y la gravedad del fenómeno criminal en Rosario ayudaron a vencer históricas desconfianzas. Hoy hay coincidencias muy auténticas entre fiscales federales y provinciales, dice uno de los últimos. El acuerdo es que no importa qué fiscal actúa, lo importante es cómo se investiga. “La competencia no tiene que ser un problema”, dice uno de los provinciales.

Según estadísticas propias, en el ámbito de Rosario la Justicia federal durante 2022 abrió 2.604 causas en temas de droga incluyendo toda tipología. De esas causas, el 95 por ciento no constituyeron narcotráfico. El 51 por ciento fueron hechos de tenencia para consumo, casos que merecieron la apertura de un legajo pero no se persiguen. Un 41 por ciento adicional fueron incidentes que implicaban a un pequeño distribuidor o dealer, de poca complejidad económica. Un cinco por ciento adicional fueron hechos de tenencia simple. De esa cantidad de casos globales ahora los fiscales federales retendrán algo menos del 30 por ciento. Solo que en ese momento eran seis en todas las instancias (instrucción y juicio) y ahora son 24.

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La plana mayor de la Justicia federal con el minitro Cúneo Libarona.

La plana mayor de la Justicia federal con el minitro Cúneo Libarona.

Ese mismo 2022, los fiscales provinciales de Rosario, que son 82 e investigan el delito ordinario, que es la abrumadora mayoría de hechos, abrieron 117 mil causas en toda la ciudad. Con la ley de narcomenudeo ya en plena vigencia, la Unidad de Microtráfico de la Justicia provincial absorbe 7 de cada 10 hechos que antes se denunciaban en la Justicia federal.

De la guerra a la paz en la Justicia de Santa Fe

La mayor cercanía entre fiscales provinciales y federales se da después de una especie de guerra que tuvo su cumbre con el desconocimiento de estos últimos de un operativo en el que la Justicia de Santa Fe detectó estupefacientes que adjudicó a Los Monos en 2013.

Los federales señalaban que el juez provincial Juan Carlos Vienna incurrió en ilegalidad al haber instado esos allanamientos en los que se encontró droga sin ser competente, motivo por el cual, según ellos, debían anularse. El fiscal de la Cámara Federal Casación Penal, Javier de Luca dictaminó en 2014 que los procedimientos ordenados por Vienna quedaron avalados desde el momento en que este juez se declaró incompetente girando las actuaciones relativas a drogas a la Justicia federal. Pero el caso nunca avanzó, ni fue continuado, y dejó una discordia potente que hoy parece superada.

El espíritu colaborativo alcanzado no derrumba la mirada con reservas desde el ámbito provincial, que fue la que se encargó primero que nadie de perseguir por hechos violentos a los actores clave de la criminalidad que el fuero federal no tocaba.

El impacto de la ley de microtráfico en Santa Fe

“Hay recursos mucho más capacitados, pero aunque la voluntad cuenta el éxito lo define la estructura. Hoy la Justicia federal no tiene buena base de datos ni análisis sobre Rosario, ni tampoco un buen gabinete interdisciplinario de investigaciones. La estructura fiscal Federal, ahora sin microtráfico, es completamente desmesurada y un disparatado gasto de recursos. Si se regulan bien las investigaciones no tiene lógica sobrepasar la capacidad operativa”, dicen en la provincia.

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“Si en una jurisdicción enorme, por donde sale el 80 por ciento de la producción granelera nacional, con evidencia conocida en los delitos económicos, los fiscales federales cambian completamente la ecuación de investigar, la dotación estará justificada”, dice uno de ellos, que reconoce que el desafío es enorme y que hoy van de punto.

Un cambio en la ecuación

En la provincia, la lógica de investigar comercio urbano de drogas va casi siempre atada a otros delitos, o a la unidad fiscal que lo toma. Si se secuestra droga en el contexto de un homicidio el caso de drogas se lo queda un fiscal de Homicidios, o de Investigación y Juicio si se trata de una extorsión, o el de Flagrancia. Los casos de tenencia para consumo personal aparecen bajo un criterio de persecución poco habitual: con la jurisprudencia a favor, ni siquiera se le pide a la fuerza de seguridad participante que impulse actuaciones.

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Las fronteras porosas entre los fueros provincial y federal respecto a temas de droga tiene mejor plataforma de superación. Pero la dimensión de la estructura federal, que proporcionalmente casi duplica a la de la provincia, le impondrá al federal una visibilidad que las instituciones de la provincia –en especial el Poder Ejecutivo– tendrán muy en foco. Hoy una fiscalía federal tiene un promedio de diez empleados por funcionario, en tanto un fiscal provincial dispone de 1.5.

Sin narcomenudeo las causas por narcotráfico se cuentan con los dedos de una mano. El reto para la estructura federal será no hacer lo mismo. Caído el vetusto y opaco imperio de los jueces de instrucción, que los fiscales denunciaron sufrir, el futuro espera por algo nuevo.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.
Horacio Rosatti junto a Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona en Rosario.

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