La Justicia levantó la clausura que recaía sobre la fábrica de alimentos balanceados Agroganadera Vidoret S.A., dictada en el marco de una causa que investiga delitos ambientales cometidos por esta industria ubicada en la localidad de Arteaga, en Santa Fe. La denuncia generó preocupación no solo en los 3.000 habitantes de la comuna, sino también en las personas que viven en otras siete ciudades cercanas, que también habrían sido víctimas de las consecuencias del vertido de efluentes contaminantes en el Río Carcarañá.
La fábrica, inaugurada en 2019, fue clausurada por el juez penal de Villa Constitución Juan Ignacio Vacca hace algunos días en el marco de la causa descripta. La decisión judicial se basó en un informe realizado por la Superintendencia de Investigaciones Federales, que tomó muestras de una sustancia rojiza que se volcaba desde un caño a una zanja perimetral ubicada en Ruta 92 y Bolivia. El informe llegó a la conclusión de que dicha sustancia tenía una elevada demanda del oxígeno existente en el agua, entre otras características que lo transformaba en contaminante, según detalló el sitio Infobae.
El historial de conflictos con la planta de Agroganadera Vidoret S.A. no es nuevo. Su construcción comenzó a pesar de una prohibición expresa de la comuna de Arteaga. A pesar de eso, la fábrica se terminó de construir y se puso en funcionamiento. Incluso, el Ministerio de Ambiente de la provincia la clausuró. Sin embargo, no dejó nunca de funcionar y por eso el tema terminó en sede judicial. La intervención judicial ordenó realizar un informe a la Policía Federal Argentina que describió el impacto ambiental que tenía la planta y por eso ordenó clausurarla.
En declaraciones a la prensa local, el abogado Paul Krupnik, que patrocina la denuncia hecha por un vecino contra la empresa, contó que recibieron “algunas imágenes de vídeos, donde se pudo observar que la planta seguía funcionando como si nunca el juez hubiese resuelto absolutamente nada. Inmediatamente se mandaron estos videos a conocimiento del fiscal y del comisario de Arteaga”. “El juez no dio lugar a ninguna interpretación ambigua, fue contundente: Esto no puede funcionar un minuto más”, agregó.
Para Krupnik, “el daño producido a partir de los delitos ambientales se advierte muchísimos años después de que comienza a generarse. Y cuando se advierte, se termina advirtiendo el deterioro de la salud de las personas y al medioambiente, ya es, en cierto modo, irremediable”. Por eso, el letrado reveló que van a pedir “en la Fiscalía Regional de Rosario” que “haya una actividad mucho más proactiva de parte de la Fiscalía, que además tiene una Unidad Especializada en Delitos Ambientales, y que el fiscal accione en el ámbito de su incumbencia”.
