Unidos acelera y la Casa Gris ya tiene su narrativa. Cómo se repartirían los lugares en las listas. La estrategia legislativa y la cláusula Milei.
Unidos para Cambiar Santa Fe trabaja contrarreloj para llegar con la reforma constitucional antes de fin de año
Unidos para Cambiar Santa Fe se acerca a los consensos internos en el marco del proyecto de reforma constitucional, antes de abrir una negociación formal con la oposición dialoguista. En ese plan, está cerca el acuerdo entre la UCR y el socialismo para que no haya PASO para constituyentes, aunque aún negocian el contenido de la reforma.
Si todo sale según las expectativas radicales, el año que viene sólo habría una elección a convencionales constituyentes, con fecha a definir, pero sin internas abiertas. La decisión pondrá a prueba la convivencia interna de los distintos frentes electorales de la provincia, acostumbrados a dirimir sus diferencias intestinas a través de las PASO.
Además, en Unidos para Cambiar Santa Fe también discuten cuál será la mejor manera de distribuir los sesenta y nueve escaños que la Constitución de la Provincia establece para el funcionamiento de la Convención.
En ese campo, viene ganando consenso la opción de copiar la forma de elección de los legisladores, es decir, que cincuenta se repartan por sistema D´Hondt, tomando a la provincia como distrito único, con la diferencia de que el ganador no se lleve veintiocho bancas como pasa en la Cámara de Diputados santafesina.
Paralelamente cada uno de los diecinueve departamentos debería elegir un convencional, como sucede en la renovación del Senado.
Como contó Letra P, la Casa Gris decidió involucrarse de manera más intensa en la negociación por la reforma. “No tenemos elementos para pensar que, si esperamos, las condiciones van a ser mejores que las actuales”, explicaron. En esa afirmación subyace la convicción de que el gobierno de Javier Milei aún está firme en la opinión pública provincial y no hay elementos para anticipar un deterioro en su imagen, por lo que seguirá teniendo poder de fuego para bombardear el proceso reformista.
“Mejor ahora que el gobierno provincial también mide bien”, parecen pensar en Unidos.
En los últimos días los voceros gubernamentales empezaron a hacer rodar un cuidado relato que parece justificar la necesidad de la reforma. “Queremos darle rango constitucional a las transformaciones que hicimos, para que no dependan sólo del coraje de un gobernador”, es (palabras más, palabras menos) la narrativa elegida.
La idea que asoma es evitar hablar de las reformas políticas y centrarse en los ejes de gestión de Maximiliano Pullaro: seguridad, educación y producción. “Que la política de seguridad este más firme, que los presos sean presos, que los estudiantes estudien", enumeran en el gobierno como objetivos. Hasta se maneja la posibilidad de incluir una cláusula Milei, que imponga algún tipo de exigencia constitucional relacionada a la austeridad fiscal. Clima de época.
En virtud de la narrativa elegida, lo que aún está en discusión es si existirá o no un núcleo de coincidencias básicas o la Convención tendrá vía libre para modificar la Carta Magna. La exigencia constitucional es que la ley declarativa establezca qué artículos se podrán modificar, pero no el contenido.
Una corriente piensa que es contraproducente sellar un acuerdo previo en torno al contenido porque hace lucir al proceso como “una reforma de la política para la política”. “Si ganamos en las elecciones, el contenido lo podemos imponer con nuestros convencionales; si perdemos, no nos sirve de nada porque nos lo van a dar vuelta”, analizan. Otra vez, clima de época.
Sin embargo, no todos coinciden. Cierto es que el núcleo de coincidencias básicas otorga un reaseguro simbólico a la oposición que se preste a acordar con Unidos para que la reforma tenga luz verde. Por eso, que ese entendimiento en cuanto a los contenidos esté incluido en la ley declarativa no está descartado. “Al menos, algunos lineamientos básicos y generales”, concede un radical.
Una versión que comenzó a correr en el peronismo es que el Senado tratará el proyecto de ley declarativa de la reforma la semana que viene a partir de dos elementos: uno es que la próxima sesión de la Cámara de Diputados estará abocada a la sanción de la reforma judicial con ampliación de la Corte Suprema incluída -aunque no implica imposibilidad de tratar otras iniciativas-; otro es que el único proyecto de ley existente en el Senado es de Joaquin Gramajo, un opositor, pero el mismo autor del proyecto que usó Unidos para motorizar la reforma previsional.
En la coalición oficialista lo descartan. “Gramajo pudo haber sido útil para la reforma previsional, pero no para un tema de la política donde lo que él opine importa muy poco”, despista un operador oficialista. Tiene un punto: Unidos cuenta con los dos tercios de los votos asegurados en el Senado, por lo que la colaboración de los senadores opositores se valora pero no es indispensable. En ese sentido, la estrategia elegida sería la inversa: asegurar primero la sanción en la cámara baja, donde sí se precisa el voto de parte de la oposición. “En el Senado votaremos lo que llegue”, anuncian.