Las sedes de Oncativo, La Carlota y Ucacha, en la mira. La venta de campos y el negocio detrás del ajuste. Martín Llaryora cuestionó el impacto productivo.
Hay una frase que circuló esta semana entre técnicos y productores del interior de Córdoba y que resume con precisión descarnada lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: “El INTA hace 70 años viene funcionando de una manera y ahora deja de funcionar”.
Quien lo dijo no es un militante ni un funcionario opositor, sino uno de los propios agrónomos de la institución, que contempla desde adentro cómo se derrumba una arquitectura construida durante siete décadas de trabajo en el territorio.
El INTA no es un organismo abstracto. En Córdoba tiene 26 agencias de extensión rural distribuidas en todo su territorio —desde Jesús María hasta Villa María, desde Marcos Juárez hasta el noroeste provincial— que funcionan como el puente más directo entre la ciencia aplicada y el pequeño y mediano productor que necesita saber cómo manejar su pastura, cómo generar valor en su tambo o cómo adaptarse al cambio climático. Ese puente se desmantela producto de la política de ajuste del gobierno de Javier Milei.
En julio de 2025, el gobierno oficializó mediante el decreto 462/2025 la reestructuración más profunda que el INTA haya sufrido en su historia. El organismo dejó de ser autárquico y pasó a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, bajo la figura de ente desconcentrado.
En términos concretos, eso implica que decisiones que antes pasaban por un Consejo Directivo integrado por representantes de productores, universidades, el sector científico y el Estado quedaron más sujetas al control político de la estructura nacional. El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, responde directamente a la Secretaría de Agricultura.
El vocero presidencial Manuel Adorni justificó la medida argumentando que el INTA era un organismo “sobredimensionado”, con 932 cargos jerárquicos y deficiencias administrativas detectadas por la Sindicatura General de la Nación. , con 932 cargos jerárquicos y deficiencias administrativas detectadas por la Sindicatura General de la Nación. Según el Gobierno, el instituto debía “enfocarse en la innovación y la transferencia tecnológica”.
Desde Córdoba, sin embargo, el tono fue distinto. Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional Córdoba del INTA, aseguró a Letra P que el objetivo debe ser “modernizar” el organismo, pero preservando su presencia territorial y sus equipos técnicos.
“Estamos dispuestos a favorecer y dialogar para un cambio en INTA, pero un cambio para mejor, un cambio que haga un INTA más eficiente, un INTA más moderno. Pero eso se necesita hacer con la gente que integra el INTA, con los investigadores de excelencia que hoy tiene el instituto”, sostuvo.
Y agregó: “Un instituto de investigación es tal si se hace con los investigadores adentro”.
El decreto fue sólo el primer acto. Lo que comenzó a desplegarse durante 2026 es una reorganización interna del organismo que combina redefinición territorial, retiros voluntarios y reestructuración de agencias.
Panatti aclaró a Letra P que en Córdoba “la agencia que se cierra es la de Oncativo”. Según explicó, el trabajo de extensión continuará desde la experimental de Manfredi.
En tanto, las agencias de Ucacha y La Carlota no desaparecerían, sino que serán reconvertidas en “nodos de innovación”. La Carlota pasará a depender de Río Cuarto y Ucacha de Villa María, aunque —según aseguró— se mantendrán tanto el personal como la presencia territorial.
“Aquí siempre defendimos el territorio y la red de extensión. Creemos que lo ideal es mantener todas las agencias y, sobre todo, los recursos humanos”, afirmó Panatti.
El dirigente agregó un dato que enciende alertas dentro del propio organismo: “El Centro Regional Córdoba está entre un 20% y un 22% por debajo de la dotación óptima de funcionamiento”.
En paralelo, el Consejo Directivo Nacional aprobó una instancia de retiros voluntarios que genera fuerte preocupación interna. “Eso va a provocar que se vayan técnicos valiosos del INTA sin poder abrir nuevas vacancias”, advirtió.
El dirigente también hizo una aclaración política relevante: la actual reorganización no surge directamente del decreto 462, sino de una resolución del Consejo Directivo Nacional. “El decreto 462 pretendía el cierre total de las agencias de extensión y desde Córdoba nos opusimos terminantemente. Ese decreto perdió vigencia y volvió el esquema habitual de gobernanza del INTA”, explicó.
Según Panatti, hoy las decisiones vuelven a pasar formalmente por el Consejo Directivo Nacional, integrado por representantes del sector público y privado. Sin embargo, dentro del organismo persisten las tensiones por el rumbo de la reestructuración y el temor a que el ajuste termine debilitando la capacidad territorial y científica del instituto.
“La defensa del territorio, de las personas que integran el INTA y de la institución como organismo nacional de investigación va a seguir siendo nuestra postura”, resumió.
El gobernador Llaryora firmó el Pacto de Mayo. Votó leyes que facilitaron el ajuste del gobierno nacional. Pero el INTA es una línea que no está dispuesto a cruzar en silencio, y en los últimos días volvió a pronunciarse con una dureza inusual para un aliado circunstancial del oficialismo.
La semana pasada, en la apertura oficial de TodoLáctea 2026 en San Francisco —acompañado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro—, Llaryora fue categórico: “No nos podemos olvidar del INTA, de las escuelas técnicas y de la universidad pública, porque ahí se formaron gran parte de los talentos y capacidades que hicieron productivo a nuestro campo”.
Y fue más lejos: “Se baja la carga impositiva a un montón de sectores, pero el campo no puede seguir sosteniendo la fiesta. Es hora de que le toque al campo argentino, para que esa plata quede en manos de nuestros productores, porque hace años que nos vienen esquilmando”.
La frase tiene un subtexto político de peso. Llaryora conectó el INTA con las retenciones, el reclamo histórico del interior productivo. Ya en junio de 2025 había publicado en sus redes: “Además de los más de 3.500 millones de dólares que el Estado nacional se lleva cada año de Córdoba por las retenciones, ¿también quieren destruir nuestro talento?”
Y ante el avance de los recortes, creó un fondo provincial específico para que los investigadores cordobeses del INTI, INTA y CONICET tuvieran financiamiento provincial y sus proyectos no quedaran truncos, duplicando además el presupuesto provincial para innovación tecnológica.
Las advertencias de los técnicos cordobeses del INTA no son abstractas. Según trascendió, en Villa María, la titular de la Agencia de Extensión Rural, Mónica Moretto, señaló que el INTA desarrolla convenios con empresas como Funesil para tambos robotizados, proyectos con clústeres industriales y talleres de perfiles sensoriales de quesos. También ejecuta el programa Cambio Rural, “uno de los bastiones para trabajar con el productor desde la extensión”.
En Jesús María, un equipo técnico especializado trabaja en manejo de pasturas y genética, áreas fundamentales para la productividad agropecuaria. Allí se teme el despido de personal no permanente y becarios, la venta de predios utilizados para ensayos a campo, y la eliminación de programas como Pro-Huerta, que distribuía semillas a sectores vulnerables.
El propio gobierno admite que el nuevo INTA sería algo radicalmente diferente a lo que existió durante 70 años. Según las propias autoridades del organismo, la idea es que sea más parecido a una plataforma que el productor privado o la empresa contrata para algún fin específico. Para eso no se necesitarían tierras propias, sino convenios con privados que aporten hectáreas para la investigación.
Traducido: el INTA pasaría de ser una institución al servicio del mediano y pequeño productor a ser un proveedor de servicios para quien pueda pagarlos.
Hay una pregunta que los sectores productivos cordobeses se hacen en voz baja: ¿quién compra los campos que el INTA vende?
El plan oficial incluye poner a disponibilidad de la AABE un total de 27.000 hectáreas de tierras productivas en más de 20 estaciones experimentales de todo el país, algunas de las cuales son los mejores campos de Argentina. Entre ellas figuran las experimentales de Pergamino, Rafaela, Balcarce y Reconquista —campos con décadas de ensayos acumulados, con suelos conocidos y datos invaluables para cualquier empresa semillera o grupo de inversión agrícola.
La AABE no publica los interesados. El Gobierno no informa quiénes participan de las subastas, pero las preguntas son pertinentes: ¿hay empresas del agronegocio —semilleras, pools de siembra, grupos inversores— esperando que esos campos salgan al mercado? ¿A qué precio? ¿Con qué condiciones?
