El Gobierno ya tiene redactado el proyecto de ley para crear el Régimen para la Promoción del Hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero y sus vectores para los próximos 30 años. Lo presentará el presidente Alberto Fernández en el mensaje que dará el miércoles en el Congreso para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.
La iniciativa contiene el marco normativo con el que Argentina buscará incentivar, a partir de un paquete de beneficios fiscales y financieros, el arribo de capitales para el desarrollo de plantas de producción de ese combustible. El texto fue acordado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y la secretaría de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont.
El régimen promociona las etapas de producción, transformación, logística y transporte y la industria de bienes de capital asociada a la cadena de valor del hidrógeno. El objetivo asociado: generar empleo.
Los recursos naturales para producir energía eólica y solar que permitan generar "hidrógeno verde" son la principal atracción que ofrece Argentina para los inversores globales. Sin embargo, “queda lejos” para los países centrales.
El Gobierno exhibe la competitividad del país para convertirse en un centro de producción de este combustible limpio ante la necesidad de atraer inversiones, que también pueden elegir Brasil -el nordeste tiene potencial eólico- y Chile -el sol en el desierto de Atacama-, por ejemplo.
Las inversiones que serán alcanzadas por los beneficios de la promoción son, entre otras, las de bienes de capital e infraestructura para construir parques de generación de energía renovables -eólico o solares, por ejemplo, para el abastecimiento de plantas de electrólisis para la producción de hidrógeno verde-. También, las plantas de reformado de gas natural, exclusivamente para la producción de hidrógeno azul, y las plantas de energía nuclear para la producción de hidrógeno rosa.
También tendrán beneficios las inversioones para la construcción de plantas electrolizadoras, alimentadas con energía eléctrica de fuente renovable y nuclear, destinadas a la producción de hidrógeno verde o rosa; la infraestructura de captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero, a los fines de la producción de hidrógeno azul, y la producción de amoníaco producido a partir de la conversión de hidrógeno verde, que permite un transporte y almacenamiento seguro del hidrógeno.
El texto pone el acento en el desarrollo local de la cadena de valor del hidrógeno. Exige hasta el 50% de contenido doméstico en los proyectos y crea un fondo para promover la cadena de valor a través de un aporte de los propios capitales que ingresan al régimen.
Además, obliga a que las empresas promocionadas realicen investigación y transferencia tecnológica en el país. Argentina tiene un gran desarrollo de la cadena del petróleo que puede adaptarse al sector hidrógeno.
Más de 450 días y tres ministros (Matías Kulfas, Daniel Scioli y Sergio Massa) pasaron desde que el presidente Alberto Fernández anunció, desde la ciudad escocesa de Glasgow, la inversión de U$S 8.400 millones de la australiana Fortescue para producir hidrógeno verde a escala industrial en la provincia de Río Negro, con la promesa de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos.
El proyecto, presentado por el excapitán de los Pumas Agustín Pichot como representante en Latinoamérica de esa firma, abrió el debate sobre la necesidad de que Argentina diseñara un marco normativo para recibir las inversiones en energías renovables.
El hidrógeno se presenta como fuente ilimitada de energía. Uno de los métodos de obtención es el proceso de electrólisis, por el cual el hidrógeno se separa del oxígeno. La clave es generar electricidad con fuentes renovables como el viento y el sol, para luego obtener el denominado “hidrógeno verde”.
Esa energía aporta a la descarbonización, el camino para desandar el efecto invernadero, la causa del cambio climático que se apoderó del planeta. El hidrógeno puede ser una posibilidad para Argentina en base a lo que planean países centrales como Alemania, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Italia y Francia, pero recién para 2030. Esas naciones serían importadoras netas de hidrógeno.
El comienzo del año electoral y la parálisis del Congreso no parecen el escenario ideal para tratar un proyecto de ley que impondrá un régimen de promoción industrial sectorial a 30 años. Todo sea por la seguridad jurídica. El tema no es nuevo. De hecho, hay al menos siete proyectos en comisiones del Parlamento.
El texto que consensuaron Royón y Marcó del Pont tiene un antecedente en un borrador que el exgobernador de Río Negro y actual senador Alberto Weretilnek le entregó al ministro de Economía, Sergio Massa, aunque esa iniciativa contenía algunas cláusulas “proempresa” que no fueron aceptadas; por ejemplo, que los inversores “gozarán de un monto de libre aplicación de hasta el 70% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto” para transferirlas al exterior. Eso cambió.
El proyecto de ley establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Energía, pero le otorga mucho margen de maniobra a la Secretaria de Industria, que ahora conduce José de Mendiguren. Por ejemplo, propone la creación de la Agencia Nacional del Hidrógeno (ANHIDRO), con el rango de secretaría de Estado, bajo la órbita del expresidente de la UIA.
También se crea un Fondo con aportes de las empresas promocionadas dentro del banco estatal BICE, pero para la elegibilidad de los créditos que impulsen con el fondo los definirá la Secretaría de Industria.
Entre los beneficios fiscales se cuenta la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada del IVA a las inversiones de bienes muebles nuevos -excepto automóviles- y obras de infraestructura que se realicen para la construcción de la planta.
También quedarán eximidos -por diez años- de pagar derechos de importación, tasas portuarias y aeroportuarias los bienes de capital, repuestos, partes, componentes e insumos que ingresen para terminar produciendo hidrógeno verde, rosa o azul. El régimen de promoción abarca toda la cadena de valor del hidrógeno y los proveedores de los proyectos también accederán a beneficios.
El régimen de incentivo y promoción establece que no pagarán retenciones quienes exporten hidrógeno verde o rosa en los primeros diez años. En cambio, sí pagarán 1,5% quienes exporten hidrógeno azul en los primeros diez años. El proyecto de ley establece que la alícuota de las retenciones aumenta cada década tanto para el hidrógeno verde o rosa como para el azul.
También crea un fondo que recaudará los aportes de los beneficiarios de la promoción, que deberán destinar el 0,5% del total de la inversión declarada. También irán a ese fondo los créditos de organismos multilaterales que reciba el país para fomento de energías renovables.
El fondo, que financiará proyectos de fabricantes de equipamiento de la cadena de valor del Hidrógeno, se creará en el banco estatal BICE y, según el texto del proyecto, De Mendiguren tendrá una silla en la mesa de definición de cada proyecto.
El proyecto obliga a integrar localmente los proyectos. Las plantas de producción de hidrógeno verde deberán alcanzar un contenido nacional del 35% en cinco años, 45% antes del undécimo y el 50% en los 30 años de la promoción.
Quienes construyan plantas de reformado de gas natural cuyo destino exclusivo sea la obtención de hidrógeno azul y el equipamiento destinado a la captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero deberán alcanzar un contenido local obligatorio del 20% antes del quinto año, 30% a los diez años y el 40% en 30 años.
Las de producción de hidrógeno rosa, incluyendo equipos electrolizadores y plantas de generación de energía de fuente nuclear, deberán tener contenido local del 30% en diez años y 40% en 20 años y 50% de contenido nacional en 30 años.
En ningún caso podrán computarse como integración local las obras civiles de infraestructura ni la mano de obra y tampoco el IVA, gastos financieros, descuentos y bonificaciones. Todo será auditado y definido por la Secretaría de Industria y la ANHIDRO que crea el proyecto de ley.
Quienes ingresen al Régimen de promoción podrán disponer de hasta el 50% de los dólares obtenidos de la exportación del proyecto para utilizarlos, exclusivamente, en el pago de capital e intereses de pasivos comerciales y/o financieros con el exterior. Si no pudieran acreditar ese uso, podrían depositar los dólares en en el exterior, pero en bancos con presencia en Argentina.
Por separado, el Presidente y la estatal IEASA anunciaron dos iniciativas energéticas sin la participación del secretario del área. Promesas y dudas en juego.