27|11|2021

Hidrógeno verde: el Gobierno juega a dos puntas y Martínez queda en offside

07 de noviembre de 2021

07 de noviembre de 2021

Por separado, el Presidente y la estatal IEASA anunciaron dos iniciativas energéticas sin la participación del secretario del área. Promesas y dudas en juego.

Los recientes anuncios de multimillonarios proyectos de inversiones para producir hidrógeno verde volvieron a poner en evidencia que la administración de Alberto Fernández carece de un relato unificado en materia energética y que los dos sectores internos que tallan en el área se mueven por su cuenta y sin ningún atisbo mínimo de planificación.

 

Con muy pocos días de diferencia y con un marcado aroma electoral, el Gobierno salió a difundir por separado la futura puesta en marcha de dos proyectos orientados a la producción de hidrógeno verde que tendría como destino principal los mercados externos. La disonancia registrada tras la presentación de las dos iniciativas se suma a las posturas enfrentadas que existen dentro de la coalición gobernante en torno a las tarifas y subsidios de electricidad y gas y los cambios y beneficios fiscales incluidos en el proyecto de ley de inversiones hidrocarburíferas que fue remitido al Congreso después de las PASO.

 

El primer proyecto verde que saltó al ruedo es el que impulsa la estatal IEASA conducida por el santacruceño Agustín Gerez y que cuenta con el apoyo de dos funcionarios clave identificados con el Instituto Patria: el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor del Enargas, Federico Bernal. Plantea una inversión inicial de US$ 300 millones para instalar un polo eólico que permita generar hidrógeno verde en Bahía Blanca.

 

El segundo proyecto lo dio a conocer el presidente Fernández en la cumbre climática de Glasgow. Se trata de un mega emprendimiento de la australiana Fortescue Future Industries (FFI) que promete invertir US$ 8.400 millones en el transcurso de una década para producir hidrógeno verde a escala industrial en Río Negro. Además del mandatario, los encargados de promocionar los alcances y bondades del proyecto que tiene como principal referente en América Latina al exrugbier Agustín Pichot, fueron los funcionarios más representativos del albertismo: el canciller, Santiago Cafiero; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

 

En ambos casos, hubo una ausencia llamativa. Pese a ser una cuestión específica de su área, el titular de Energía, Darío Martínez, no fue parte de los anuncios ni de la posterior divulgación de los proyectos. La página web de  Energía no ha incorporado ningún comunicado o referencia de los emprendimientos. Dentro del Gobierno como en el campo empresario coinciden en señalar que Martínez no estaba al tanto del tema y que habría sido relegado exprofeso porque ya tendría un potencial remplazante para después de las elecciones. Uno de los nombres que suena es un incondicional del jefe de Gabinete, Juan Manzur: el tucumano Santiago Yanotti, exsubsecretario de Coordinación de Energía que desde julio ocupa la vicepresidencia de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

 

Proyectos en juego

El proyecto motorizado por IEASA tuvo su puntapié inicial con un acuerdo firmado con el instituto alemán Fraunhofer. Tal como detalló Gerez en Letra P, el ente europeo se encargará de los estudios previos del proyecto basado en un parque de generación eólica de 200 MW que se montará en un predio de IEASA en Bahía Blanca. Los técnicos germanos deberán definir tres ítem esenciales: la tecnología a utilizar, el costo de las instalaciones y los equipos electrolizadores, y los potenciales clientes externos del combustible ecológico.

 

A mediados de enero, el Fraunhofer debería entregar los primeros informes para delinear el proyecto definitivo que demandaría una inversión estatal de US$ 300 millones que, por ahora, no figuran en ningún presupuesto oficial.

 

En tanto, el proyecto australiano de FFI comprende el montaje de tres parques eólicos con una potencia total de generación de 2.000 MW y una mega inversión a desembolsar en 10 años de US$ 8.400 millones.

 

Según las ambiciosas proyecciones difundidas en Escocia, la ejecución del proyecto generaría 15.000 puestos de trabajos directos y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Para 2030, la producción de hidrógeno verde llegaría a 2,2 millones de toneladas anuales, que equivalen al 10% de la energía que consume Alemania en un año.

 

Una vez que concluyan los estudios en curso para definir el potencial de los vientos y las características de los parques eólicos, se efectuarían las consultas y audiencias públicas para obtener las aprobaciones ambientales que exigen las normas vigentes.

 

FFI, la firma que promueve el proyecto, es una unidad de negocios ecológicos del grupo minero Fortescue Metals Group (FMG), el cuarto productor de hierro a nivel mundial.  En noviembre de 2018, el grupo desembarco en el país con la compra de la empresa Argentina Minera y desde entonces explota 48 concesiones de cobre y oro en la provincia de San Juan.

 

Pese a que tiene en carpeta más de 100 proyectos globales de hidrógeno verde, hasta ahora FFI no ha dado inicio a ninguno de ellos. Según lo manifestado por Pichot, el excapitán de Los Pumas devenido en un empresario polirrubro con negocios agropecuarios, audiovisuales, deportivos y energéticos, el emprendimiento local denominado “Pampas” integra la lista de los cinco proyectos prioritarios de energías limpias que prevé concretar FFI.

 

Calificada desde los despachos oficiales como la “inversión del siglo”, la iniciativa australiana genera más dudas que certezas entre los analistas y el empresariado local. Uno de los puntos flojos es que el grupo controlante de FFI es ajeno al proyecto y no aporta ni garantiza la financiación del mismo.

 

A eso se agrega que tanto Pichot como Kulfas reconocieron que probablemente sea necesario modificar el marco legal vigente para atender los requerimientos especiales del proyecto, que serían los mismos que vienen reclamando, hasta ahora sin éxito, las empresas locales: un régimen laboral flexible, importación directa de insumos, acceso sin trabas al tipo de cambio oficial, facilidades para exportar y libre disponibilidad de utilidades.