Conflictos simultáneos ponen en jaque a la principal fuente energética del país. La preocupación de la Casa Rosada y foco de conflicto en la Patagonia.
El paro de camioneros y petroleros paraliza por completo la actividad en Vaca Muerta, la principal usina energética y sector central para la generación de los dólares que le urgen a la gestión de Javier Milei. Las medidas ocurren en un contexto de despidos masivos y una crisis que amenaza con un “colapso laboral” en la región.
Desde el Sindicato de Camioneros de Río Negro, su secretario general Gustavo Sol informó que la protesta responde a la falta de pago de sueldos, aguinaldos e indemnizaciones por parte de NRG, empresa proveedora de arena para fracking. La compañía, radicada en Allen, no pagó los haberes de 120 choferes ni las indemnizaciones de despedidos hace más de un mes.
El conflicto se agravó con el anuncio del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, liderado por Marcelo Rucci, que confirmó un paro de petroleros por más de 1.200 despidos y 2.000 cesanteados.
El gremio realizó la presentación ante la Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministerio de Capital Humano, informando que la medida de fuerza se concretará entre el jueves 31 de julio y el viernes 1 de agosto en toda la Cuenca Neuquina.
"Las empresas están batiendo récords de producción, pero dejan sin trabajo a miles de trabajadores", denunció Rucci, al apuntar contra el freno de inversiones hasta 2026 que afecta a las operadoras del sector.
A pesar del boom de producción y exportaciones, las compañías decidieron posponer desembolsos hasta la culminación del proyecto Vaca Muerta Sur, un oleoducto de u$s3.000 millones que conectará Añelo con Punta Colorada, en Río Negro.
En el entorno del presidente Milei, la decisión sindical fue recibida como un golpe inesperado, ya que paraliza la producción en pleno segundo semestre, cuando las liquidaciones del agro disminuyen y la energía se vuelve clave para mantener el tipo de cambio dentro de bandas.
El freno en Vaca Muerta compromete el flujo de divisas que el Gobierno considera estratégico para sostener el rumbo económico.
Desde el sector gremial insistieron en que "las operadoras deben asumir su responsabilidad". En ese sentido, Sol recordó que la Ley de Contrato de Trabajo establece en su artículo 30 que las empresas contratistas son responsables solidarias frente a incumplimientos, algo que no estaría sucediendo con multinacionales como Shell, Total, Tecpetrol y Phoenix.
El número de fracturas hidráulicas, uno de los indicadores centrales de la actividad en Vaca Muerta, podría caer un 25% en el segundo semestre, lo que representa una alerta para el sector. En paralelo, las petroleras revisan sus planes de inversión debido al aumento de costos por el contexto macroeconómico adverso.
"Las empresas no solo avasallan, sino que humillan", aseguró Rucci, y explicó que los cesanteados están en sus casas con tareas reducidas y apenas percibiendo el salario básico, en lo que calificó como “el preludio de más despidos”.
Como parte de las respuestas gremiales, los sindicatos de toda la Patagonia conformaron una mesa de seguimiento. En un encuentro en Comodoro Rivadavia, participaron Jorge Ávila (Chubut), Rafael Güenchenén (Santa Cruz), José Llugdar (Patagonia Austral) y el propio Rucci, quienes evaluaron medidas conjuntas para enfrentar lo que definieron como “un colapso laboral y productivo”.
La reelección de Rucci, con más de 20 mil petroleros votando en toda la cuenca, reforzó la legitimidad de las medidas. Se habilitaron 262 mesas electorales en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y parte de Mendoza, reflejando el respaldo al reclamo.
