Es la curtiembre que perteneció a los Yoma, comprada por un empresario brasileño y confiscada en 2021. Dice que la cifra pagada fue "irrisoria".
Un empresario brasileño demandó a La Rioja ante la Corte Suprema por la expropiación de una curtiembre de Nonogasta, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela en 2021. El accionista de Curtume CBR reclama una reparación integral y cuestiona los $30 millones, unos US$20 mil al cambio de entonces, depositados como indemnización.
El planteo busca que la Justicia determine cuánto valía la compañía cuando perdió sus activos y si el Estado debe responder también por los daños personales que el empresario atribuyó a esa decisión. El reclamo adquirió otra dimensión tras la quiebra de la firma, declarada este año.
La planta había sido construida por los Yoma, la familia política de Carlos Saúl Menem, y luego pasó a manos de capitales brasileños. Bajo la razón social Curtume CBR S.A., llegó a procesar entre 5000 y 6000 cueros diarios, con producción destinada al mercado interno y a la exportación desde esa provincia del Norte Grande.
La fábrica quedó paralizada durante la pandemia. Los trabajadores denunciaron el abandono de las instalaciones y salarios adeudados. Más de 700 operarios quedaron afectados por el cierre, mientras el sindicato reclamaba una intervención que evitara el desguace y preservara la posibilidad de recuperar la actividad industrial.
En septiembre de 2021, la Legislatura declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación de urgencia los inmuebles de Curtume CBR en Chilecito, además de maquinarias, vehículos, herramientas y otros bienes vinculados con la producción. La iniciativa había surgido del Ejecutivo y contó con el respaldo de legisladores peronistas como Teresita Madera, quien luego fue elegida vicegobernadora de Quintela.
Uno de los principales cuestionamientos de Gilmar Harth, empresario expropiado, apunta al depósito de $30 millones que el gobierno provincial efectuó en el expediente expropiatorio. Según el escrito, esa suma equivalía a menos de US$20 mil al cambio de aquel momento, una cifra que consideró insignificante frente a la dimensión de la empresa y sus activos industriales.
El empresario sostuvo que el monto no reflejaba el valor real de la compañía y calificó el pago como “irrisorio y una falta de respeto”. También cuestionó las valuaciones de determinados inmuebles y afirmó que el procedimiento no garantizó una compensación previa, razonable e integral por los bienes que pasaron a manos estatales.
La demanda recordó que, en diciembre de 2021, la empresa había reclamado US$40,3 millones. Esa cifra forma parte de los antecedentes invocados por la parte actora, pero no constituye una indemnización reconocida judicialmente ni el monto definitivo que Harth pretende obtener con su reclamo personal ante la Corte.
El accionista sostiene que el cálculo no puede limitarse al precio de los terrenos, los vehículos y las máquinas. Según su planteo, Curtume era una empresa en marcha, con capacidad productiva, conocimientos técnicos, clientes y posibilidades de exportación. Por eso pidió una pericia contable y tasaciones que permitan establecer el valor de la sociedad al momento de la expropiación.
En el escrito también citó antecedentes de valuación de los activos de la antigua empresa Yoma y una tasación realizada en 2019 para el Banco Nación. A partir de esos elementos, estimó en alrededor de US$40 millones el valor de Curtume como unidad productiva. Se trata de cifras presentadas por el demandante, no de una valuación judicial definitiva.
Harth afirmó que La Rioja se quedó con los bienes que permitían generar ingresos, mientras las obligaciones de la sociedad continuaron vigentes. Según su versión, había garantizado personalmente parte de los créditos. Entre los pasivos mencionados en la demanda figuran obligaciones con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Macro.
En el medio, antes de que se efectivice la expropiación, Curtume quebró a principios de 2026. El empresario atribuyó el desenlace a la pérdida de los activos productivos y a la imposibilidad de generar ingresos para afrontar las obligaciones pendientes. También reconoció que la firma atravesaba dificultades financieras, aunque sostuvo que la intervención estatal agravó de manera determinante su situación.
El accionista intenta diferenciar su demanda individual del reclamo indemnizatorio que corresponde a la sociedad. Según argumentó, la quiebra dejó el patrimonio de Curtume bajo control de la sindicatura y limitó su capacidad para pedir personalmente la reparación. Por eso busca que se reconozcan también los daños que afirma haber sufrido como titular de las acciones y garante de créditos.
La controversia judicial se desarrolló en paralelo con las actuaciones administrativas destinadas a formalizar la expropiación de bienes concretos. En septiembre de 2025, Quintela avanzó sobre vehículos y maquinarias alcanzados. Luego, un procedimiento publicado en el Boletín Oficial en marzo de 2026 informó una valuación provisoria de $60.464.844,22 para los bienes comprendidos en ese trámite.
