La pelea del senador contra Gildo Insfrán escaló con acusaciones cruzadas sobre controles, deudas y causas judiciales. La denuncia de Mario Brignole.
Francisco Paoltroni denunció persecución y un intendente de Formosa pedirá su expulsión del Senado
Otro frente de tormenta se abrirá este miércoles ante Francisco Paoltroni cuando el intendente de El Colorado, Mario Brignole, presente un pedido para expulsarlo del Senado por una presunta inhabilidad moral. El legislador libertario había denunciado una persecución política que obligó a paralizar la actividad de sus empresas agroindustriales en Formosa.
Con fundamento en el artículo 66 de la Constitución Nacional, la presentación anunciada por el jefe comunal formoseño solicitará que las actuaciones sean giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis y eventual tratamiento en el recinto. El planteo toma nota de un conjunto de presuntas irregularidades, entre ellas una investigación por contrabando, una causa por supuesta defraudación contra el Banco Nación, denuncias comerciales, deudas fiscales y sanciones vinculadas con desmontes.
Entre los cuestionamientos también habían aparecido referencias a embargos, cheques rechazados y una supuesta evolución extraordinaria de su stock ganadero. El pedido de Brignole también incorpora una acusación vinculada con el despido de más de 50 trabajadores tras el cese de actividades de empresas relacionadas con el senador. Las afirmaciones formaban parte de los argumentos esgrimidos para reclamar su remoción e inhabilitación.
"Un representante del pueblo no puede usar fueros parlamentarios para escudarse de denuncias por contrabando, estafas a productores vulnerables y fraude al Estado. La honorabilidad de la cámara alta exige una respuesta urgente", aseguró Brignole en la previa.
Paoltroni, uno de los más activos opositores contra la gestión de Insfrán en la provincia del Norte Grande, había difundido un video en sus redes sociales en el que anunció el cese temporal de las actividades de sus empresas agroindustriales después de 25 años. El senador había atribuido esa decisión a un supuesto esquema de hostigamiento estatal contra su actividad privada.
“En Formosa está prohibido progresar: no te dejan trabajar, te amenazan, te persiguen y te asfixian económicamente”, había afirmado el senador que recibió rápidamente el apoyo del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La bancada violeta directamente habló de “aprietes a compradores, multas asfixiantes e impedimentos para trabajar”. Para Paoltroni, la denuncia en su contra forma parte de la misma lógica. “Son puras falsedades”, sostuvo.
El bloque Justicialista en el Senado, conducido por el formoseño José Mayans, asegura que Paoltroni busca “victimizarse” y atribuyen el cierre de sus compañías a problemas financieros y comerciales. Según un documento difundido por la bancada, la firma Ganaderos de Formosa SRL acumulaba una deuda bancaria de 10.128 millones de pesos y había registrado dos cheques rechazados por un total de 20 millones.
Según el peronismo, entonces, la responsabilidad por la situación empresarial fue trasladada al gobierno provincial cuando los problemas de Paoltroni deben encontrar solución en las órbitas nacionales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Con todo, la disputa excede el ámbito empresarial y profundiza una confrontación política que Paoltroni sostiene desde hace años con la gestión Insfrán. De hecho, es el impulsor de las iniciativas que pidieron por la intervención federal sobre la provincia en reiteradas oportunidades.
El encargado de contestar desde el oficialismo formoseño fue el legislador Jorge Samaniego, que eligió apuntar a la crisis nacional y atribuyó el cierre de las empresas a la recesión económica por la que responsabilizó a Javier Milei. “En todo caso, Paoltroni debería reconocer que los años anteriores de crecimiento económico que tuvo fueron gracias al Modelo Formoseño”, lanzó en modo chicana.
A esa pelea que se extiende y profundiza con el paso de los años, la presentación impulsada por Brignole suma un nuevo frente institucional. Su eventual tratamiento en el Senado traslada la disputa desde el terreno político y empresarial hacia el ámbito parlamentario, donde la acusación de inhabilidad moral debía ser evaluada conforme al procedimiento correspondiente.
