La mayoría de las rutas nacionales que atraviesan el territorio de la provincia de Santa Fe lo hacen como los rayos de una bicicleta: salen de distintos puntos, pero convergen en un mismo centro.
Los caminos santafesinas sostienen la producción argentina, pero la Nación no invierte en infraestructura vial. La provincia financia obras con fondos propios.
La mayoría de las rutas nacionales que atraviesan el territorio de la provincia de Santa Fe lo hacen como los rayos de una bicicleta: salen de distintos puntos, pero convergen en un mismo centro.
En Santa Fe, ese punto central es la ciudad de Rosario. Al norte y al sur de esa gran ciudad se encuentran más de 30 terminales portuarias fluviales sobre el río Paraná. La mayoría son puertos granarios, por donde sale el 70% de la producción agropecuaria del país. Las principales rutas nacionales —la 11, la 33, la 34, la Autopista Córdoba, la Autopista Buenos Aires y la A-012— convergen, de una u otra manera, en los puertos de Rosario.
Desde 13 provincias de la Argentina ingresan cada año entre 1,7 y 2 millones de camiones, con una carga promedio de 45 toneladas, que transportan los granos producidos en el país. Es decir, Santa Fe soporta en sus rutas nacionales el mayor flujo de toneladas por hora de toda la Argentina. Ninguna otra provincia soporta un tránsito y un deterioro de sus rutas comparable al que generan los camiones que atraviesan Santa Fe.
En este contexto, el gobierno de Maximiliano Pullaro logró que la Nación le cediera por 20 años la Ruta Nacional A-012, luego de dos años de pedidos. Se trata de una vía troncal por la que circulan miles de camiones. Santa Fe asumió su mantenimiento para repararla; no pidió nada a cambio, simplemente hacerse cargo de un problema que el gobierno nacional no resolvía. Al día de hoy, con fondos provinciales, la ruta se encuentra en reparación, con trabajos simultáneos en cuatro frentes.
Con este panorama, cualquier gobierno nacional que pretenda sostener un modelo mínimo de desarrollo y crecimiento debería contar con un plan de inversión y mantenimiento para las rutas que transportan las riquezas del país hacia el mundo.
Sin embargo, estamos ante el primer gobierno de la historia del país que, en lugar de proponer un plan de mantenimiento, obras y reparaciones, tuvo como idea central rescindir los contratos de reparación de rutas y hasta disolver la Dirección Nacional de Vialidad, hasta que la Justicia se lo impidió al hacer lugar a un recurso de amparo.
Por ahora, la única medida que tomó el gobierno de Javier Milei fue privatizar las principales rutas nacionales por 20 años para que, mediante el cobro de peajes, puedan repararlas y mantenerlas. Deseamos lo mejor para este esquema, que puede resultar razonable, pero olvidémonos de autopistas, puentes, intercambiadores o rotondas en los próximos años: lo que se recaude mediante los peajes alcanza, en principio, apenas para hacer mantenimiento. No hay nada más que eso por ahora; ninguna inversión estatal destinada a mejorar la infraestructura vial.
Mientras tanto, nadie explica qué hace el Gobierno con lo que recauda a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo creado por ley que establece que parte de esos fondos debe destinarse a la reparación de rutas.
Resultó escandaloso que un informe periodístico demostrara el desvío de esos fondos por parte del Ministerio de Economía para hacer caja o realizar inversiones en títulos o plazos fijos. Se trataría de una utilización de recursos que tienen un destino específico y que, si eventualmente se vinculara con algún hecho luctuoso ocurrido en una ruta, podría incluso generar consecuencias penales.
Así las cosas, la provincia de Santa Fe, al igual que el resto de las provincias argentinas, sufre el abandono del gobierno nacional respecto de sus propias rutas. Es una situación difícil de dimensionar para un gobierno que parece no tener otro registro de la realidad más allá de la Avenida General Paz.