El edil no fue expulsado del Concejo capitalino, como ocurrió con Pablo López, denunciado en un caso similar. Silencios calculados y estrategia de contención.
La Libertad Avanza en Salta enfrenta hoy un problema que ya conoce, pero que eligió administrar de una manera diferente. Maximiliano Casasola, denunciado en marzo por violencia de género y con un proceso disciplinario en marcha dentro del Concejo Deliberante capitalino, permanece formalmente dentro del partido y dentro del bloque libertario, incluso cuando una mayoría de concejales se prepara para suspenderlo.
La escena contrasta con el antecedente todavía fresco de Pablo López. El año pasado, tras una denuncia de similares características, la estructura partidaria se movió rápido. La salida llegó de la mano de la expulsión política, el apartamiento del cuerpo deliberativo y una condena pública interna que dejó sin margen de maniobra al edil. Actualmente mantiene un monobloque con la banca que ganó en las elecciones provinciales de mayo del año pasado desde La Libertad Avanza.
Pero Casasola sigue adentro. Y la pregunta que atraviesa los pasillos del Concejo Deliberante capitalino, las reuniones libertarias y el armado que responde a la senadora Emilia Orozco y a Alfredo Olmedo, es por qué en un caso sí se sostiene y en otro no. La respuesta, según distintas fuentes del espacio, combina razones políticas, internas y una lectura estratégica marcada por el trauma que dejó el caso anterior.
Dentro del sector que conduce Orozco sostienen una idea que se repite en voz baja desde que la denuncia se hizo pública: creen en la inocencia de Casasola. O, al menos, consideran que la Justicia terminará favoreciéndolo. "Creen que la Justicia lo va a declarar inocente", sintetizaron distintas fuentes con llegada a la conducción libertaria. Esa mirada explica parte de la cautela. A diferencia del expediente contra López, esta vez el espacio eligió una línea de menor exposición.
El problema es que el Concejo empezó a moverse a otra velocidad. La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial rechazó este último viernes la licencia solicitada por Casasola y emitió un dictamen mayoritario que propone suspenderlo hasta que avance la causa judicial. Incluso apareció una posición más dura a través de un dictamen minoritario que impulsa su exclusión definitiva por "incapacidad moral sobreviniente", según el artículo 19 de la Carta Orgánica municipal.
La decisión final se resolverá este miércoles en el recinto, pero políticamente el daño ya está hecho. Porque el caso no sólo dejó a Casasola aislado, sino que también dejó expuesta una fractura libertaria.
Desde marzo, cuando la denuncia tomó estado público, desaparecieron las voces centrales del espacio. Ni Emilia Orozco ni Alfredo Olmedo. Fue el propio Casasola quien esbozó una primera defensa durante una sesión del Concejo, alegando ser víctima de una "campaña de desprestigio" y un "linchamiento mediático orquestado con malicia", pero no volvió a pronunciarse públicamente sobre el tema. De esta manera, el silencio se transformó en una estrategia de los principales referentes.
Pero, en las primeras horas posteriores a conocerse la denuncia, algunos dirigentes libertarios reclamaron definiciones rápidas. El más duro fue Rodrigo Quinteros, compañero de bloque del propio Casasola. "Me llama la atención que aún no haya sido expulsado del partido, esto es responsabilidad de todas las autoridades, de Olmedo y de Orozco", cuestionó entonces.
Incluso fue más allá, y dijo que si se tratara de una operación política sería el primero en defenderlo, pero aclaró que no era su posición. La frase cayó mal en sectores internos y mostró algo que el bloque libertario estaba lejos de tener una postura única. Durante algunas semanas incluso corrió la versión de que Olmedo sostenía políticamente a Casasola, pero después dio marcha atrás. El tiempo pasó y no hubo ratificaciones ni desmentidas.
Detrás del silencio aparece la intención concreta de evitar otro escándalo del tamaño del caso López. Casasola sigue siendo parte del bloque, pero políticamente quedó solo. Algunos concejales hablan directamente de un "vacío" una imagen que se repite en sesiones, reuniones y conversaciones internas. Pocos se muestran cerca suyo y varios evitan compartir posicionamientos públicos.
Incluso dentro del propio espacio libertario aparecen voces que empujan una salida más drástica. "Algunos lo quieren echar, pero no quieren exponer el tema", reconoció una fuente con conocimiento de las discusiones. La situación termina dejando como resultado una dirigencia inmovilizada. No lo expulsan, pero tampoco lo defienden. No lo respaldan públicamente, pero tampoco cortan el vínculo.
En medio de ese desorden libertario irrumpió la incorporación de la exPRO Agustina Álvarez. Formalmente el pase fue presentado como un fortalecimiento político del bloque libertario dentro del Concejo, aunque dentro del cuerpo algunos leen otra necesidad de sumar experiencia a un bloque en problemas con poco recorrido legislativo.
La crisis alrededor de Casasola terminó profundizando esa debilidad y dejó al descubierto una estructura todavía en formación, con tensiones entre sectores y dificultades para administrar conflictos de alta exposición pública. Por eso la llegada de Álvarez también se interpreta como una búsqueda de respaldo técnico y político para un bloque que atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que desembarcó en el Concejo.
Con todo, mientras intenta mostrarse "más fuerte que nunca", el espacio libertario enfrenta en Salta una situación que incomoda demasiado, con un concejal denunciado que no esquiva los privilegios de la casta política que dice combatir, al que pocos están dispuestos a mirar a los ojos.
