Encuentro Federal y los partidos provinciales se resisten a eliminar el financiamiento de los gremios, como propone la UCR. Milei sigue sin pronunciarse.
El paro de la CGT de este jueves tuvo su réplica en el Congreso. El diputado radical Martín Tetaz no consiguió las firmas para dictaminar una reforma sindical que prohíba los descuentos compulsivos y restrinja las reelecciones de los dirigentes. Como en noviembre, Encuentro Federal y los partidos provinciales se resisten a habilitar el despacho.
Javier Milei no se expresó sobre el tema. Hace cinco meses, La Libertad Avanza aportó las firmas para un fallido dictamen, aunque para eso tuvo que reemplazar al diputado Pablo Ansaloni, quien proviene de UATRE. De todos modos, sin los habituales aliados del oficialismo no hay chances de que prospere, porque Unión por la Patria y la izquierda están dispuestos a resistir.
El debate se retomó hace 15 días en la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el economista. Este martes hubo una nueva reunión para escuchar especialistas y no está previsto un encuentro próximo para dictaminar, como se había previsto cuando se reanudó la discusión. La idea, según precisaron a Letra P fuentes de la comisión, es continuar con reuniones informativas hasta mayo en busca de un acuerdo. La próxima será el martes 15 a las 11.
El dictamen no fue posible aquella vez -ni tampoco puede alcanzarse ahora- porque la presión gremial se hace sentir en los habituales aliados del Gobierno. El mayor obstáculo es EF, el variopinto bloque presidido por Miguel Pichetto, quien el año pasado se sumó a la comisión en reemplazo de la cordobesa Alejandra Torres para negar la firma al dictamen y hacerlo imposible.
Tampoco avala la reforma sindical Innovación Federal, una fusión de partidos provinciales que suele ayudar al Gobierno y en la comisión tiene la firma del rionegrino Agustín Domingo. Sin este trío, UCR, el PRO, LLA y la coalición cívica tendrían un máximo de 15 firmas sobre los 31 miembros de la comisión. Menos que la mitad.
Encuentro Federal también tiene en la comisión de Legislación del Trabajo a Jorge Ávila, sindicalista petrolero de Chubut, quien en la reunión del 1 de abril se mostró dispuesto a resistir a que se impida el descuento compulsivo de cuotas sindicales o fondos para capacitación.
"Yo tengo todo rendido en el balance", cruzó Ávila a Marcela Pagano, diputada de La Libertad Avanza, quien avanzó con un proyecto para quitarle a los gremios los fondos para capacitaciones. Aislada de su bloque, no es parte de una estrategia del Gobierno, que aún no definió si esta vez va a pisar el acelerador con el tema.
Este viernes, desde la Casa Rosada dejaban trascender que en represalia al paro de este jueves podrían avalar una reducción del poder de los gremios, pero de todos modos las firmas libertarias no son suficientes para imponerse si los aliados habituales del Gobierno juegan para los sindicatos.
En el caso de los partidos provinciales, como los agrupados en IF (Salta, Misiones y Río Negro), que hicieron saber a través de sus referentes en Diputados que consideran innecesario dar una pelea de frente contra los gremios por este tema.
Prefieren reservar la energía para negociar una reforma de la ley de contrato de trabajo, uno de los objetivos de Milei. Es la misma postura de Guillermo Francos, quien el año pasado bajó la orden para congelar la discusión y logró ganar tiempo. El paro de la CGT impide volver a jugar esa carta tan rápido. En Río Negro, al igual que en Neuquén y Santa Cruz, se hace sentir el peso de los gremios petroleros.
Los proyectos que están en debate proponen regular el funcionamiento de los sindicatos y lo que se conoce como “cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad”. Solicitan que sólo puedan cobrarse con aval explícito de los empleados. Las iniciativas fueron presentadas por los partidos que integraron Juntos por el Cambio: UCR, PRO y la Coalición Cívica.
El borrador de dictamen que no llegó a oficializarse el año pasado incluía también cambios al sistema de selección de autoridades sindicales, con límites a la reelecciones y obligación de presentación de declaraciones juradas. Hay una iniciativa con estas propuestas del radical Fabio Quetglas, quien lo presentó al final de la reunión del 1 de abril.
El martes último expusieron invitados como el abogado laboralista, Juan Manuel Ottaviano, quien reclamó que "la cobertura de la negociación colectiva en Argentina es especialmente alta, comparable a los países más desarrollados”.
Guillermo Gianibelli, titular de la Cátedra Derecho del Trabajo de la UBA, defendió los descuentos compulsivos que se intentan eliminar: “La Corte sostuvo la constitucionalidad de este tipo de cláusulas, es decir que hay un consenso sobre la legalidad y la constitucionalidad de las cláusulas de solidaridad”, señaló.
Armando Farina, de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), reclamó reducir el costo de las empresas. "Escucho hablar de libertad sindical y derechos, pero no escucho a nadie que hable de los derechos de las personas que generan los fondos”, se lamentó.
