La ley amplía las facultades del Tribunal de Cuentas sobre empresas estatales. La reorganización del misionerismo en el trasfondo de la reforma.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, impulsó una reforma que introduce nuevas reglas para fiscalizar el manejo de los recursos públicos. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes y establece que las empresas y sociedades del Estado, tanto provinciales como municipales, quedarán bajo el control del Tribunal de Cuentas provincial.
La decisión vuelve a marcar un mojón en medio de la reorganización del oficialismo misionero. La particularidad de la medida está en su origen porque fue el propio gobernador quien solicitó ampliar las facultades de un organismo externo encargado de fiscalizar la administración de los fondos públicos. En lugar de limitar el alcance de las auditorías, Passalacqua promovió una modificación legal para extenderlas a estructuras empresariales en las que el Estado tiene participación mayoritaria y que administran recursos de la provincia y los municipios.
También el apoyo de todas las fuerzas con repesentación legislativa da cuenta del cambio de época en la política provincial. En este caso, la marca se encuentra en el fin de las mayorías automáticas que imponen sus posturas a libro cerrado abriendo lugar a las leyes que alimentan su contenido con los aportes opositores y los gestos que empujan construcciones legislativas más sólidas.
La nueva legislación modifica la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de Misiones. La reforma incorpora expresamente a su ámbito de fiscalización las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y otras entidades en las que el sector público tenga mayoría del capital o capacidad decisiva sobre las decisiones societarias.
El cambio busca evitar que las diferentes figuras jurídicas utilizadas para desarrollar actividades empresariales se conviertan en un obstáculo para supervisar el destino de los recursos públicos. También proporciona mayor certeza normativa sobre las competencias del organismo, que ya tenía atribuciones de fiscalización establecidas por la Constitución provincial y su ley orgánica.
Durante el tratamiento parlamentario se incorporó otra disposición relevante: el Tribunal de Cuentas deberá informar anualmente a la Cámara de Representantes los resultados de las fiscalizaciones. De esta manera, la reforma no se limita a precisar qué entidades están sujetas a control, sino que establece un mecanismo periódico de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.
Al presentar la iniciativa, Passalacqua vinculó la decisión con una demanda ciudadana de mayor apertura en la administración pública. "Los misioneros nos exigen cada día mayor claridad, apertura y transparencia en el uso de los dineros públicos. Está muy bien y así debe ser", expresó al explicar el sentido de la propuesta.
"Los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente, y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y manejar los recursos públicos trabajamos 24/7 para garantizar absoluta transparencia con medidas concretas", agregó en otra de sus intervenciones públicas. "No solo no esquivamos esa responsabilidad, sino que es una convicción profunda: hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario", sostuvo el gobernador.
El argumento también aparece en el mensaje oficial remitido a la Legislatura, donde el Ejecutivo afirma que la exigencia de mayor transparencia resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana. La presentación sostiene que responder a esa demanda requiere consolidar prácticas institucionales claras, accesibles y abiertas a la sociedad.
Tras la sanción, Passalacqua celebró que las auditorías sobre las sociedades estatales quedaran expresamente comprendidas entre las atribuciones de un órgano de control externo, autónomo e independiente. También ratificó que la obligación de rendir cuentas constituye una responsabilidad permanente de quienes administran recursos públicos en esa provincia del Norte Grande.
La aprobación de la ley se inscribe en un escenario de cambios dentro del oficialismo provincial, donde la aparición del Movimiento por lo que Viene, el espacio político que responde a Passalacqua, y el distanciamiento de la conducción histórica de Carlos Rovira marcaron una nueva etapa en la política misionera. La reorganización también tuvo consecuencias en la composición de los bloques legislativos, donde el oficialismo se quedó con la mayoría pero también empezó a trazar puentes con otras fuerzas históricamente opositoras a los gobiernos de la renovación.
Por esa razón, la iniciativa adquiere un significado que excede la reforma administrativa. Passalacqua busca asociar su gestión con una modalidad de conducción en la que el fortalecimiento de los controles institucionales ocupa un lugar central. La decisión de someter a mayor fiscalización a empresas y sociedades vinculadas al propio Estado provincial constituye una señal de esa orientación.
El gobernador también consiguió que la propuesta superara las diferencias políticas y reuniera el respaldo de toda la Legislatura. La unanimidad no impidió que la oposición planteara reparos. Desde Encuentro Misionero, la fuerza que todavía responde a Rovira, Paula Franco distinguió entre control y transparencia, mientras que Samantha Stekler, de La Libertad Avanza, cuestionó que la iniciativa llegara después de dos décadas de gobiernos del mismo espacio político.
La reforma abre así una nueva etapa para el control de los recursos públicos en Misiones. En medio del reordenamiento del oficialismo y de la construcción de una nueva conducción política, Passalacqua eligió impulsar una ley que refuerza la fiscalización sobre su propia administración. Una decisión que coloca la rendición de cuentas en el centro de su agenda institucional y cuya trascendencia dependerá, a partir de 2027, de su aplicación efectiva.
